Morant busca capitalizar el caso Les Naus en Alicante y carga contra el PP por la “perversión” de los pisos protegidos

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra, Diana Morant, ha recordado este jueves en Gandia que su partido ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y ha solicitado la creación de una comisión de investigación en las Cortes por la polémica adjudicación de viviendas protegidas en Alicante, un caso que estalló públicamente la semana pasada y que ha escalado a la agenda institucional tras la crisis abierta en el Ayuntamiento.

Morant ha calificado de “muy grave” la situación y ha denunciado “la perversión de las políticas de vivienda del PP en la Comunidad Valenciana”. La dirigente socialista sostiene que “el PP no gobierna para garantizar el derecho a la vivienda, gobierna para aprovecharse de las políticas públicas” y vincula los hechos conocidos a una “desvirtuación” del sentido de la vivienda protegida en plena crisis habitacional.

El foco en Alicante

El anuncio llega con el caso de fondo del residencial Les Naus, en La Condomina, una promoción de VPP levantada sobre una parcela municipal adjudicada en marzo de 2022 por 6,67 millones de euros. La controversia se centra en si hubo controles suficientes, en la transparencia del proceso de captación y adjudicación dentro de la cooperativa y en la presencia de personas vinculadas a cargos y a la estructura municipal entre los adjudicatarios.

El PSPV vuelve a situar como elemento político la aparición en la promoción de perfiles vinculados al gobierno local, entre ellos la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras hacerse pública la compra de una vivienda. Antes de esa renuncia, también dimitió la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman. El alcalde Luis Barcala abrió un expediente de averiguación de hechos y ha acudido a la Fiscalía, además de reclamar cambios normativos a la Generalitat para reforzar la transparencia.

Normas y vulnerabilidad

Morant sostiene que el caso “pone en cuestión el uso que el PP está haciendo de la vivienda protegida” y vincula el debate a los cambios normativos impulsados por el Consell. En concreto, el PSPV critica la ampliación del perímetro de “familia vulnerable” hasta rentas de 60.000 euros, una decisión que, según la dirigente socialista, “desvirtúa completamente el sentido de la vivienda pública”. El partido encuadra así el caso de Alicante dentro de una discusión más amplia sobre el modelo de vivienda protegida y los controles previos y posteriores a la firma de contratos.

La polémica en Alicante ha girado, principalmente, en torno a dos planos: por un lado, el proceso de captación y adjudicación interna en una cooperativa sobre suelo público; por otro, el sistema de comprobación de requisitos por parte de la administración autonómica a través del visado de contratos.

La gestora de la promoción, Fraorgi, ha defendido en su versión que se trata de VPP “privada” y que la adjudicación de viviendas no la realiza el Ayuntamiento, sino la cooperativa entre sus socios, remarcando que el control de requisitos corresponde a la conselleria mediante el visado y la verificación conectada con datos fiscales y patrimoniales.

El PSPV, en cambio, sostiene que existen “serias dudas” sobre la legalidad del proceso y ha anunciado dos vías de acción: la investigación parlamentaria y el traslado del caso al Ministerio Fiscal por un posible uso de información para beneficio propio. “Vamos a llegar hasta el final”, concluye Morant.

Reordenación municipal

Tras la dimisión de Rocío Gómez, Barcala ha nombrado como nuevo concejal de Urbanismo a Antonio Peral. En paralelo, la oposición municipal está elevando el tono y reclama explicaciones sobre controles y transparencia, mientras el caso se ha extendido a otras instituciones y al debate político autonómico.

El PSPV formaliza ahora un movimiento que busca dar recorrido institucional a la crisis de Les Naus, colocando el foco tanto en la gestión municipal como en el marco autonómico de la vivienda protegida y sus mecanismos de supervisión.

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