Barcala nombra a Antonio Peral nuevo concejal de Urbanismo tras la dimisión de Rocío Gómez por la polémica de Les Naus

Luis Barcala ha tenido que mover ficha en Urbanismo en plena crisis por la promoción de viviendas protegidas de Les Naus. El alcalde de Alicante ha firmado este jueves el decreto por el que Antonio Peral asume la Concejalía de Urbanismo tras la dimisión de Rocío Gómez, salpicada por la polémica al figurar como adjudicataria, junto a su marido, de un piso en la urbanización levantada sobre suelo municipal en el entorno de La Condomina.

El nombramiento, comunicado por el equipo de gobierno, se produce después de días de presión política y de una escalada del caso que ya ha provocado dos renuncias consecutivas en el entorno municipal: la de la directora general María Pérez-Hickman, tras conocerse que dos de sus hijos y un sobrino también son propietarios en el residencial, y, un día después, la de la ya exconcejala de Urbanismo.

El decreto oficial establece que Peral se hace cargo desde este momento no solo de Urbanismo, sino también del área de Conservación de Inmuebles. Mientras tanto, mantiene “de momento” sus delegaciones anteriores (Presidencia, Innovación, Información Agenda Digital, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos) hasta que se produzca la reorganización del ejecutivo local para dar entrada a un nuevo edil en el grupo popular.

Ese segundo movimiento es el que debe completar el encaje interno tras la dimisión de Gómez. El número 16 de la lista del PP, Luis Alfonso Morata, figura como el primer nombre en reserva y su incorporación sería la segunda novedad del gobierno de Barcala en este mandato, tras la llegada de Rafael Alemañ en verano.

Aquel relevo no fue un simple recambio. A principios de agosto, tras la salida del concejal Toni Gallego, el alcalde acometió una remodelación más amplia del organigrama, con un nuevo reparto de áreas que afectó a varias concejalías. En ese ajuste, Alemañ asumió Limpieza y Gestión de Residuos y Parques y Jardines, una cartera especialmente expuesta por las críticas vecinales, y el vicealcalde, Manuel Villar, dejó Limpieza para ponerse al frente de Recursos Humanos, manteniendo Deportes y otras competencias. Durante la prolongada baja de Rocío Gómez, ha sido Villar quien se ha venido encargando de las competencias de Urbanismo.

Competencias

La designación de Peral llega, además, con un antecedente administrativo que ayuda a entender cómo se han ido redistribuyendo las competencias alrededor del caso. Aunque Gómez era la titular de Urbanismo, Patrimonio ya no era un área dentro de su concejalía. Barcala decidió en julio de 2024 trasladar Patrimonio a Gallego, con el argumento de que se trataba de una materia “afectada directa e indirectamente por multitud de aspectos relacionados con Hacienda” y por “razones de eficacia administrativa”.

Ese reparto cobra ahora relevancia política porque el propio informe de averiguación de hechos, encargado tras estallar el escándalo, cita movimientos administrativos vinculados a Patrimonio y a la Junta de Gobierno, incluyendo un acuerdo para sustituir al responsable del contrato por la jubilación del técnico anterior, en una reunión a la que, según el acta, asistió Gómez pese a su vinculación con la urbanización.

La crisis ha obligado a Barcala a gestionar el caso con un doble plano. Por un lado, el interno, con el expediente municipal y la colaboración con la Justicia; por otro, el político, con la oposición exigiendo explicaciones, reclamando un pleno extraordinario y extendiendo el debate más allá del Ayuntamiento. Compromís y el PSPV han impulsado iniciativas parlamentarias para crear comisiones de investigación en las Cortes, Sumar ha registrado actuaciones ante instancias antifraude y Vox ha reclamado que las dimisiones no limiten la investigación.

Gestora

En paralelo, la entidad gestora de la cooperativa ha defendido públicamente que se trata de una promoción privada de vivienda protegida y que la Conselleria es la que visa los contratos con comprobaciones basadas en datos de Hacienda.

En este escenario, el nombramiento de Peral se interpreta como el primer paso para recomponer una de las áreas más sensibles del gobierno local en el momento en que el caso Les Naus sigue abierto. El decreto firmado por Barcala tiene efectos inmediatos y será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal, además de darse cuenta al pleno.

A partir de ahí, queda por ver cómo se completa la reorganización del equipo de gobierno, qué reparto final de competencias se fija y cómo se encaja la entrada del próximo edil, mientras el foco político y mediático permanece sobre la gestión del suelo público y los mecanismos de control en la vivienda protegida.

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