Compromís pide que Pérez Llorca comparezca en las Cortes por el caso de las viviendas de Alicante

Compromís eleva un peldaño más la presión política por el caso de las viviendas protegidas adjudicadas en Alicante y reclama ahora la comparecencia del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el pleno de las Cortes. La iniciativa llega apenas un día después de que la coalición valencianista registrara la petición de comparecencia de la consellera Marián Cano en comisión, tras la dimisión del jefe de gabinete de Turismo por su vinculación personal con una de las viviendas del residencial Les Naus.

El escrito registrado este viernes en las Cortes, firmado por el síndic de Compromís, Joan Baldoví, solicita la comparecencia “del president de la Generalitat” ante el pleno “para rendir cuentas sobre la responsabilidad de la Generalitat en el escándalo de la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante”. Con ese movimiento, Compromís busca situar el foco en la cúspide del Consell y trasladar al ámbito autonómico la discusión sobre controles, supervisión y posibles conflictos de interés en torno a una promoción que ya ha provocado dimisiones y ha disparado la tensión política en el Ayuntamiento de Alicante.

“Que venga y lo explique”

En su valoración pública, Baldoví ha reclamado que las viviendas cuestionadas “vuelvan” para las familias que las necesitan y ha dirigido su mensaje directamente al presidente. “Le hemos dicho a Pérez Llorca que tiene que venir aquí, a las Cortes, a dar la cara”, ha afirmado. En esa declaración, el síndic sostiene que el presidente aseguró que “los cargos y afines al PP que se quedaron con estos pisos cumplían todos los requisitos” y responde con una batería de preguntas: “¿Qué requisitos? ¿Ser amigo del constructor, ser del PP, tener información privilegiada, ser funcionario municipal? Que venga aquí y que lo explique y, sobre todo, que exija que esas viviendas vuelvan para las familias que más lo necesitan”.

Compromís enmarca así el caso como un problema de credibilidad institucional y de orientación de las políticas de vivienda, insistiendo en el impacto social de la polémica en un momento de dificultades de acceso a la vivienda. La petición de comparecencia pretende, además, obligar al Consell a fijar posición en sede parlamentaria sobre qué controles se aplican en promociones de vivienda protegida y qué margen tiene la Generalitat para actuar ante irregularidades o sospechas.

La ofensiva de Compromís se produce en plena escalada del caso Les Naus, una promoción de viviendas protegidas construida sobre suelo municipal cuya adjudicación ha centrado el debate político desde finales de enero. En el Ayuntamiento de Alicante la controversia ha generado un pleno extraordinario y ha ido acompañada de una cascada de reacciones en las Cortes y en otras instituciones.

El caso ha provocado ya varias dimisiones vinculadas a la promoción. Primero renunció la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman y después dimitió la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez. A ese capítulo se sumó este jueves la dimisión del jefe de gabinete de Turismo en la Generalitat, Miguel Ángel Sánchez, tras conocerse que la madre de sus hijas figura como propietaria de una vivienda en Les Naus, un episodio que ha llevado a Compromís a pedir la comparecencia de Marián Cano para que explicara qué sabía, cuándo lo supo y por qué no actuó antes.

Pulso en las Cortes

Con la comparecencia del presidente solicitada ahora, Compromís busca convertir el caso en un problema de primer nivel para el Consell y forzar que el debate no quede limitado a los expedientes municipales o a responsabilidades individuales. La petición ante el pleno refuerza la estrategia de la coalición: elevar el listón político, exigir explicaciones en el hemiciclo y colocar a la Generalitat en el centro del foco en una crisis que ya ha traspasado el perímetro de Alicante.

Mientras tanto, la gestora de la promoción, Fraorgi, ha sostenido en su versión que se trata de una promoción privada de vivienda protegida y que la adjudicación corresponde a la cooperativa, remarcando que los requisitos se controlan mediante el visado autonómico de contratos. Ese debate, qué parte del control corresponde al Ayuntamiento, cuál a la Generalitat y qué falló o pudo fallar, es, precisamente, el que Compromís pretende llevar ahora al pleno con el presidente del Consell en el centro de la escena.

Pervisión

Por su parte, Diana Morant sostiene que el caso de las viviendas protegidas de Alicante “ya no es ni presunto” y que la acumulación de perfiles vinculados al poder público “no es casualidad”. La dirigente socialista cita como ejemplo que la concejala de Urbanismo figure como adjudicataria, que también lo hagan técnicos municipales que participaron en el procedimiento y que aparezca igualmente un jefe de gabinete de una consellera, con vínculos previos con el Ayuntamiento, y concluye que “aquí ha habido claramente una perversión de lo que debe ser una promoción de vivienda pública”.

En ese marco, reclama “responsabilidades” y califica los hechos de “muy graves”, con implicaciones que, a su juicio, afectan tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Generalitat, por lo que considera que deben responder la vicepresidenta Camarero y el presidente Pérez Llorca. Morant afirma que, si lo que se ha conocido “se está extendiendo” en la Comunidad Valenciana, el PP estaría utilizando “la mayor crisis de vivienda de la historia” para “hacer negocio y para su beneficio”, algo que tacha de “denunciable”. A partir de ahí, da un paso más en el plano político y reclama la dimisión de Luis Barcala como “máximo responsable”, porque, según su planteamiento, “es imposible” que no estuviera al corriente y lo haya permitido.

En cuanto a las medidas, Morant asegura que existen “muchas formas” de adjudicar vivienda protegida “sin cometer fraude ni tráfico de influencias” y afirma que en este caso “se apunta a cinco delitos como mínimo” y que “han infringido la ley”. Sostiene que el recorrido no debería limitarse a lo penal y que también hay responsabilidades políticas y advierte del daño reputacional del episodio, porque la ciudadanía puede llegar a pensar que los políticos “construyen viviendas para repartirlas entre ellos”.

Morant defiende que una promoción en la que un ayuntamiento cede suelo debe traducirse en precios “más equitativos” para familias vulnerables y cuestiona que se pueda convertir en un negocio, con operaciones “por el doble del precio” y referencias a “dinero B”. Con esa acusación, la líder del PSPV encuadra el caso en una crítica más amplia al PP y lo presenta como un síntoma del “modelo de sociedad” que, a su juicio, defienden los populares cuando hablan de política de vivienda.

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