Los vecinos de Rabasa exigen transparencia en el Plan Vive tras el caso las viviendas adjudicadas en Alicante

El escándalo de las viviendas protegidas del residencial Les Naus ha activado alarmas más allá de La Condomina. Los vecinos de Rabasa, donde se levantan las primeras viviendas del Plan Vive que se entregarán en Alicante, han pedido a la Generalitat “transparencia” y garantías en el proceso de adjudicación después de la polémica por la promoción alicantina.

La Asociación de Vecinos Sagrada Familia de Rabasa ha remitido un escrito a la Conselleria de Vivienda en el que reclama que se blinden los controles y que no exista ninguna “zona gris” que pueda alimentar dudas sobre un reparto que, recuerdan, afecta a un derecho básico y a cientos de familias en lista de espera.

El movimiento llega, además, con un antecedente sensible en el propio barrio. Al inicio del proceso, desde el entorno de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHa) se trasladó a los residentes que habría una puntuación que favorecería a vecinos de Rabasa o a familiares directos, y después la Generalitat reconoció que estar empadronado en el barrio no formaría parte de los criterios oficiales de adjudicación. Ese cambio es el que vuelve ahora al centro del debate vecinal, esta vez bajo la sombra del caso Les Naus.

Tres exigencias

En su petición, la asociación plantea tres medidas concretas. La primera, que la conselleria haga pública la lista de solicitantes de las viviendas, respetando la normativa de protección de datos. La segunda, que se publiquen de manera detallada los criterios de acceso, tanto para las viviendas en régimen de alquiler como de venta. Y la tercera, que si la demanda supera a la oferta, la adjudicación se realice con un sorteo público ante notario, o, en su defecto, conforme a criterios aprobados por el pleno municipal, para evitar cualquier sospecha de gestión opaca.

“No podemos permitir que el derecho constitucional a una vivienda digna se vea empañado por prácticas que favorezcan a unos pocos frente a los miles de alicantinos en lista de espera”, sostiene la asociación, que vincula su exigencia al clima de desconfianza generado por las informaciones sobre “presuntas irregularidades y favoritismos” en otras promociones de la ciudad.

Desencuentros

El escrito formal está firmado por la presidenta de la asociación, María Dolores Gallego, y detalla el desencuentro que arrastran con la administración autonómica desde hace meses. Según el documento, la entidad vecinal mantiene contactos con el EVHa para impulsar la edificación de parcelas de titularidad pública, con viviendas previstas tanto en alquiler como en venta.

La asociación explica que en julio de 2025 solicitó una reunión para abordar el proceso de adjudicación, que se pospuso tras el verano y que, tras reiterarla en septiembre, recibió una respuesta en la que se indicaba que la gestión de la adjudicación la llevaría una empresa privada, motivo por el que, según esa contestación, no procedía celebrar el encuentro.

Ese punto es uno de los que más inquietud genera en el barrio. Los vecinos interpretan que externalizar la gestión sin un marco de control y publicidad suficiente puede traducirse en falta de transparencia y garantías en un procedimiento de adjudicación de vivienda protegida sobre suelo público. La asociación resume el fondo de la preocupación: llevan “un año” sin respuestas claras sobre cómo se asignarán las viviendas y aseguran que se les comunicó que la adjudicación de una de las promociones en marcha la gestionaría una empresa privada.

Preferencia vecinal

La demanda de transparencia se apoya, además, en un antecedente que los vecinos consideran clave. En una reunión celebrada en abril, los residentes relataron que se habló de un sistema de puntuación con ventajas para personas vinculadas al barrio (residentes o familiares) y de un plus para quienes formasen parte de la asociación. Sin embargo, la Generalitat terminó reconociendo que la baremación oficial se ajustaría a la normativa autonómica y que el empadronamiento en Rabasa no sería un criterio específico.

En esa explicación, la conselleria sostuvo que la “voluntad” era priorizar a personas del barrio, pero sin concretar el mecanismo. Para Rabasa, esa falta de concreción es precisamente el problema. Tras lo ocurrido en Les Naus, reclaman que la adjudicación no se base en promesas genéricas o compromisos verbales, sino en reglas publicadas y verificables.

Por eso, la asociación pide a la Generalitat que el proyecto no nazca con dudas. En el barrio, donde se levantan las primeras viviendas del Plan Vive que se entregarán en Alicante, la petición pasa por listas públicas, criterios claros y, si hace falta, sorteo ante notario. En un contexto de crisis de confianza, los vecinos quieren que la adjudicación sea, además de legal, visible.

Suscríbete para seguir leyendo