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Barcala, sin red en el PP: una crisis que le aísla y le obliga a purgar su equipo

El alcalde afronta el mayor desgaste de su mandato por las viviendas adjudicadas en Alicante mientras su partido evita el frente común, se aplazan los actos de respaldo interno y las Cortes le encaminan a una comisión de investigación

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares / Alex Domínguez

El caso de las viviendas protegidas de Les Naus se ha convertido en la mayor crisis política de Luis Barcala como alcalde de Alicante, un golpe que ya no se mide solo por la cascada de dimisiones y la presión de la oposición, sino por la forma en la que empieza a reordenar su propio partido alrededor de él.

En apenas una semana, Barcala ha pasado de intentar conducir la crisis hacia una reforma autonómica de la vivienda protegida a comprobar que, dentro del PP, su llamamiento no se traduce en una foto de unidad. Y, a la vez, el caso escala a las Cortes con una comisión de investigación que, si se activa, tiene muchas papeletas para sentarle a él mismo en un escenario incómodo de control político.

Un síntoma del aislamiento ha llegado con su intento de construir un frente común municipal. Barcala pidió al Consell una reforma “urgente” de la normativa para reforzar la transparencia y llamó a otros alcaldes a sumarse. El resultado, por ahora, ha sido un apoyo desigual y dos silencios de peso en el PP provincial: el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el de Benidorm, Toni Pérez, presidente de la Diputación y del PP alicantino.

La presión, además, se ha multiplicado por la secuencia de acontecimientos: el pleno extraordinario con peticiones de dimisión por parte de la izquierda y Vox, el anuncio de comisiones de investigación y el goteo de dimisiones vinculadas a la promoción. En el pleno, Barcala pidió disculpas y calificó la situación de “repugnante e indignante”, prometió llegar “hasta el final” y defendió que el expediente se inició en 2016, pero evitó pronunciarse sobre su futuro político pese a la avalancha de peticiones de dimisión, incluida la de Vox. De momento, su entorno se esfuerza por presentar la reacción como rápida y por remarcar que ha puesto el asunto en manos de la Justicia.

En esa línea, fuentes del entorno del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, valoran “de manera positiva” que el alcalde haya dado explicaciones, haya acudido a Fiscalía e incluso compareciera tras el pleno, destacando la “rapidez” y que esté “poniendo todos los medios” para esclarecer los hechos. Sin embargo, el propio Llorca ha evitado pronunciarse al respecto de una crisis que señala a los populares mientras intenta reestablecerse de la dana y sus derivadas políticas. Al mismo tiempo, a nivel autonómico, el caso también genera tensión interna. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, no oculta un malestar notable por la situación destapada en Alicante, señal de que el escándalo no se percibe como un simple incendio local.

Apoyos y nervios

Esa mezcla de apoyos y nervios define el punto en el que se encuentra Barcala: resistir sin que el caso se lleve por delante su autoridad. En conversaciones internas, dirigentes y cargos del PP consultados asumen que “no se puede enterar de lo que hacen todos tus funcionarios” y que “esas cosas se te pueden escapar”, especialmente en una administración grande. Pero las mismas fuentes que defienden que “no debe dimitir”, al menos con lo que se ha sabido hasta ahora, añaden el reverso de la moneda: la única salida política es “pegar palos a diestro y siniestro y cargarse a todo el mundo”, porque si no depura responsabilidades “tendrá que dimitir él”.

Esa idea, la de la purga como salida, se repite con un matiz personal. Algunos en el partido describen a Barcala como “alma libre” en el PP autonómico, “una persona independiente”, con “un punto soberbio” al que la crisis puede servirle como “cura de humildad”.

El termómetro interno también se ha visto en la agenda orgánica. El PP local ha aplazado la comida de militantes prevista para este viernes, un encuentro que se planteaba como acto de convivencia y escenificación de respaldo a Barcala. La versión oficial del partido apunta a cuestiones de agenda pero otras voces del PP interpretan que el caso de Les Naus hizo saltar las alarmas. El acto iba a estar bajo foco mediático y, con presencia prevista de Pérez Llorca y Toni Pérez, e incluso se especulaba con la presencia de Núñez Feijóo, el riesgo de que la polémica monopolizara el evento y el discurso era alto.

Mientras Barcala intenta sostener el mando, el caso se le complica en la dimensión parlamentaria. Vox se ha sumado al PSPV y Compromís para intentar forzar una comisión de investigación en las Cortes, una mayoría simple suficiente para activarla en principio. La comisión, si se constituye, puede citar a responsables públicos y requerir documentación. Y, por la naturaleza del caso, es probable que uno de los interrogatorios más incómodos sea el del propio Barcala, que tendría que someterse a un examen político al que ya se han enfrentado recientemente otros líderes en sedes parlamentarias. Hasta ahora, no ha tenido que someterse a preguntas directas, ni en el pleno (por su formato) ni ante los medios, ya que su única atención, un día después que INFORMACIÓN desveló el caso, no aceptó preguntas.

Pulso de la oposición

En paralelo, la oposición municipal busca mantener el pulso. Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, ha abierto contactos para tantear una moción de censura como salida ante lo que describe como “bloqueo” y “pérdida de confianza”. La vía parece difícil por la aritmética municipal y por el papel de Vox, que en el pleno pidió la dimisión pero no se ha alineado en ese movimiento.

El desgaste de Les Naus, además, se inserta en un patrón que persigue a Barcala. En el partido y fuera de él se recuerda que esta es su segunda gran crisis, después del caso de las oposiciones a la Policía Local que tuvo eco nacional, aunque no tan mantenido en el tiempo ni de tanta intensidad. En marzo de 2022 se publicaron sospechas por la presencia de familiares de agentes y mandos entre los aprobados y, aunque Antifraude archivó ese expediente por considerar inverosímil la denuncia sobre las filtraciones, aquel episodio ya dejó una huella política. Ahora, con una crisis que mezcla vivienda, ejemplaridad y entorno institucional, el golpe es más directo: se sitúa en el corazón del discurso social y tiene derivada autonómica.

Dentro del PP, fuentes consultadas siguen defendiendo la figura de Barcala como “uno de los mejores alcaldes” y aseguran que “no se pone en duda su gestión”, con la expectativa de que “puede salir fortalecido” si actúa con contundencia. Pero también asoman señales de movimiento interno y de desgaste en la relación con el aparato autonómico. En esa combinación, sin frente común provincial, con la agenda orgánica alterada, con la comisión de investigación a la vista y con el Consell mirando de reojo, se dibuja que Barcala ya no pelea solo contra la oposición, sino contra el daño que esta crisis está haciendo a su propia red de apoyo.

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