El Consell presume de su actitud ante el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante: “Se ha actuado con ejemplaridad”

“Con inmediatez y ejemplaridad”. Así considera Miguel Barrachina, portavoz del Consell, que ha actuado el ejecutivo autonómico presidido por Juanfran Pérez Llorca ante el caso destapado por INFORMACIÓN sobre la adjudicación de viviendas protegidas a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante. Barrachina se ha pronunciado sobre estos hechos en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, celebrado este lunes, y a preguntas de los periodistas.

En concreto, el portavoz del Consell ha asegurado “no recordar ningún caso en el cual, cuando se detecta que un funcionario ha cometido una presunta irregularidad, haya sido apartado” y retirado su empleo y su sueldo “con inmediatez”. Barrachina se refería, en ese sentido, al trabajador público que supuestamente validó el visado de una vivienda de protección pública por su propia esposa, que a su vez es arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, correspondiente a la polémica promoción de Les Naus, ubicada en la zona de la Condomina de Alicante.

La Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero, también vicepresidenta del Consell, decidió la semana pasada suspender cautelarmente de empleo y sueldo al técnico y anunció que trasladaría toda la información recabada a la Fiscalía para investigar la situación y adoptar las medidas pertinentes. En este sentido, Barrachina ha recordado reiteradamente que el funcionario apartado cuenta con 25 años de carrera profesional y que “no era del PP”, y ha subrayado que esta es “la única irregularidad conocida”, el hecho de que el funcionario no se inhibiera en un caso que afectaba a su mujer. “Hemos actuado con absoluta contundencia”, se ha reafirmado.

En defensa propia

En base a este argumento, Barrachina también ha defendido las medidas anunciadas para “reforzar el control” en la adjudicación de viviendas protegidas. “Es clave que los visados no dependan de un funcionario”, ha considerado, y ha reiterado que “se va a constituir un órgano colegiado con al menos dos personas que verifiquen tanto la inhibición como las faltas de control en los expedientes”. También ha defendido las medidas “para que la información” de estos procesos tenga “carácter telemático y esté disponible y accesible para darle mayor transparencia”, así como iniciativas previas vigentes en el decreto 180/2024, ya con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat

Por otra parte, Barrachina ha descartado que el caso tenga relación, según las “irregularidades” hasta ahora conocidas, con la subida del nivel de renta para acceder a estos inmuebles protegidos, que con Mazón ascendió a los 66.000 euros anuales por unidad familiar. A su vez, ha justificado que el PSPV y Compromís elevaran en su momento estas condiciones “para que las promociones no quedaran desiertas”.

Y sobre si se han detectado otras irregularidades o falseamiento en los datos de acceso, actuaciones que podrían implicar hasta 30.000 euros de sanción, el portavoz del Consell ha dicho no tener “conocimiento milimétrico”, insistiendo nuevamente en la actuación del Consell ante “la única irregularidad” detectada “hasta ahora”.

Sin defender a Barcala

Barrachina, por otra parte, ha evitado valorar la petición que Vox ha hecho hasta en tres ocasiones (dos en el pleno municipal extraordinario del pasado jueves y otra en un acto este sábado) para que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, deje su cargo tras conocerse estos hechos.

En este sentido, el portavoz del Consell ha sido preguntado por las relaciones con el partido de ultraderecha, dada la petición de dimisión del alcalde y la activación de una comisión de investigación en las Cortes, también apoyada por Vox. Sobre este hecho, Barrachina confía en que las relaciones no cambien. “Siempre hemos tenido una relación de lealtad y confianza”, ha dicho aludiendo a la época en la que compartieron gobierno, durante el primer año de legislatura; a la aprobación de los presupuestos vigentes y de leyes autonómicas.

Además, el representante del ejecutivo autonómico ha afirmado que la relación del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es “de absoluta lealtad y de encuentro constante con Vox”, por lo que no ven “ningún riesgo de dificultades en las relaciones”, ha dicho Barrachina, que no se ha pronunciado sobre la petición de dimisión de Barcala como alcalde de Alicante.

Cabe recordar que el casos e ha cobrado tres dimisiones hasta la fecha. La primera fue la de María Pérez-Hickman, que era directora general del Consistorio y permanece como jefa de Contratación después de que sus dos hijos y un sobrino fueran agraciados con adjudicaciones de pisos protegidos. Posteriormente dimitió también la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, por el mismo motivo, y más tarde hizo lo propio el jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, después de que se hiciera público que la madre de sus dos hijas es propietaria de uno de los inmuebles.

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