Tenso silencio entre el PP y Vox tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante

La dupla del PP y Vox, sinónimo hasta ahora de acuerdo en el Ayuntamiento de Alicante, no pasa por su mejor momento. El pleno extraordinario del pasado jueves, en el que los ultras pidieron hasta en dos ocasiones la dimisión del alcalde (por el escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN), ha dado paso al silencio entre ambas formaciones. Desde entonces, ni seguimiento del pacto presupuestario (refrendado hace apenas unas semanas) ni conversaciones sobre las medidas pendientes de poner en marcha. Más allá de saludos cordiales y algún reproche por la dureza de los de Abascal la pasada semana, nada. Un silencio que dice mucho.

No bastaron a la oposición las disculpas que pidió el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ni que el regidor lanzara un compromiso para trasladar cualquier irregularidad a la Justicia. "Les doy mi palabra. Les juro que no voy a parar hasta aclarar esto. Esto es repugnante e indignante", señaló el dirigente popular. Pese a los esfuerzos del líder del PP por calmar las aguas, tanto la izquierda como los ultras exigieron su salida del Ayuntamiento, al señalarlo como máximo responsable político de que la primera promoción de vivienda protegida que se construye en 20 años en la ciudad haya terminado en manos de personas vinculadas con el Consistorio.

Pese a los esfuerzos del líder del PP por calmar las aguas, tanto la izquierda como los ultras exigieron su salida del Ayuntamiento, al señalarlo como máximo responsable político de la polémica adjudicación de viviendas protegidas

Entre ellos, su ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, la que fuera directora general por designación del alcalde María Pérez-Hickman, que todavía conserva su puesto como Jefa de Contratación. El caso también se ha cobrado el puesto del hasta ahora jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, que fue a su vez jefe de Gabinete de Vicealcaldía durante el pasado mandato, en el que se fraguó parte de la tramitación del contrato.

Desde ese día, en el que Vox fue la agrupación más crítica con la figura de Barcala en el pleno municipal, el diálogo entre ambos grupos es prácticamente inexistente, pese a que tienen mucho de lo que hablar. Sobre la mesa permanecen propuestas (ya acordadas en el pasado) todavía pendientes de concretarse. Las más urgentes para los ultras: el convenio para dotar de presupuesto la oficina "antiaborto"; la revisión del contenido de las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil; el contrato para incorporar seguridad privada en edificios municipales que "libere" agentes de la Policía Local; distintas inversiones en barrios; o una nueva rebaja del IBI (que ya motivó la anterior crisis entre ambos partidos y terminó costando el acta de concejal al que fuera edil de Hacienda, Toni Gallego.

Aunque no solo han cesado las comunicaciones entre ultras y populares, que reprocharon la dureza del discurso de la portavoz Carmen Robledillo, sino que los de Abascal han limitado a la mínima expresión toda comunicación pública respecto a la polémica promoción de vivienda protegida. "No vamos a hacer declaraciones", es la respuesta más repetida por los portavoces de la formación, a la espera de que Madrid señale el camino a seguir en los próximos pasos.

Los de Abascal advierten de que "Barcala tendrá que responder por su gestión y acabar pagando las consecuencias políticas"

Una situación que, dado el funcionamiento habitual del partido (donde su líder nacional emplea los territorios como medida de presión para su estrategia estatal), coloca en una compleja posición a los ediles locales, que después de exigir con contundencia la renuncia de Barcala, se han visto forzados a adoptar un perfil bajo y no se han pronunciado sobre las maniobras iniciadas por la izquierda para tratar de forzar su salida. Eso sí, el partido lanzó un recado al alcalde este fin de semana: el dirigente popular "tendrá que responder por su gestión y acabar pagando las consecuencias políticas", apuntaron en un comunicado tras un encuentro con más de un centenar de simpatizantes en el que se corearon cánticos de "Barcala, dimisión".

Calculadora electoral

La futura decisión de Abascal estará condicionada también por las conversaciones en territorios como Extremadura y Aragón, donde las recientes elecciones han vuelto a emplazar al PP y Vox a negociar, con los ultras siendo llave para la gobernabilidad autonómica. Además, el líder nacional de la formación tampoco pierde de vista el horizonte de Castilla y León, donde los comicios territoriales están fijados para el próximo 15 de marzo.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la relación entre los dos partidos ha vuelto a estrecharse tras la salida de Carlos Mazón, duramente señalado a nivel nacional por su gestión de la dana, y las cesiones de Juanfran Pérez Llorca, asumiendo postulados de la ultraderecha desde su discurso de investidura. Este contexto que tampoco ayuda a Barcala, cuyas declaraciones echando balones fuera y recordando las competencias del Consell en las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida no han sentado nada bien en el entorno del Palau y han dejado al alcalde alicantino aislado en el PP.

Una situación que se ha plasmado en la discreta participación del popular en la Junta Directiva Nacional del PP, este lunes, en Madrid. Pese a que Barcala acostumbra a difundir y publicitar estas reuniones de las que forma parte junto con otros 39 vocales (entre ellos, Pérez Llorca), en esta ocasión la cita no ha contado con repercusión en los perfiles públicos del regidor.

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