El Consell da el visto bueno a que Alicante sancione los pisos turísticos

Alicante da por fin el paso para ejercer de forma directa la capacidad sancionadora sobre las viviendas de uso turístico. La Generalitat Valenciana ha dado el visto bueno a la intención del Ayuntamiento de adherirse al convenio de delegación de competencias con la Generalitat. Un trámite que el equipo de gobierno anunció hace un año, que pasó por el pleno municipal de enero con el respaldo de PP, PSOE y Vox y que permitirá al Consistorio iniciar procedimientos y resolver sanciones por posibles irregularidades en apartamentos turísticos.

La incorporación de Alicante eleva a siete los municipios de la Comunidad Valenciana que cuentan con estas competencias delegadas: València, Alicante, Benidorm, Faura, la Font d’en Carròs, Piles y Ayora. El convenio marco se articula a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y busca que los ayuntamientos adheridos asuman la resolución de los expedientes para ganar rapidez y cercanía frente a infracciones.

La adhesión llega después de meses en pausa. El alcalde, Luis Barcala, avanzó la medida en la pasada edición de Fitur, pero el traspaso no se materializó. En diciembre, el vicealcalde, Manuel Villar, situó el trámite en la rampa de salida: “Ya hemos creado la jefatura del departamento de Sanciones y muy probablemente en enero firmemos con la conselleria. A partir de ese momento, comenzarán las sanciones”. Con la incorporación ya revisada e informada favorablemente, el Ayuntamiento queda habilitado para iniciar el ejercicio efectivo de estas competencias.

Reacciones a nivel institucional

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que “el Ayuntamiento de Alicante puede ya iniciar el ejercicio de estas competencias, tras revisar e informar favorablemente su solicitud de adhesión al convenio marco para la delegación del ejercicio de las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico”. La titular de Turismo ha recordado que esta línea de colaboración busca que los ayuntamientos asuman la resolución de los procedimientos sancionadores, “con el objetivo de lograr una actuación más ágil, eficaz y cercana frente a posibles irregularidades”. Cano ha subrayado que este modelo de colaboración “refuerza la coordinación entre administraciones y mejora la capacidad de control desde el ámbito local”, y ha añadido que “la Generalitat seguirá impulsando este sistema para garantizar un desarrollo ordenado, legal y sostenible de las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana”.

El Ayuntamiento de Alicante puede ya iniciar el ejercicio de estas competencias, tras revisar e informar favorablemente su solicitud de adhesión al convenio marco para la delegación del ejercicio de las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico

Marián Cano

— Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio

Por su parte, el nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha destacado la medida que asume el Ayuntamiento. "La asunción de las competencias sancionadoras ante las infracciones en materia de viviendas de uso turístico nos permite dar un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística en Alicante”, apunta Peral, quien añade: “Utilizaremos todos los medios de los que disponemos para controlar y sancionar las irregularidades en esta materia y evitar que este negocio se desarrolle de forma ilegal en Alicante”.

La asunción de las competencias sancionadoras ante las infracciones en materia de viviendas de uso turístico nos permite dar un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística en Alicante

Antonio Peral

— Concejal de Urbanismo

Esta medida, según asegura Peral, “se inscribe en una estrategia mucho más amplia para garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos en la ciudad, con medidas ya adoptadas por este Ayuntamiento, como son la moratoria en la concesión de licencias a VUT y la tramitación de la Modificación Puntual N.º 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad”.

Informe municipal

El movimiento no solo tiene lectura administrativa. En los informes municipales que acompañan el expediente, el Consistorio describe la expansión del alquiler turístico como una “implantación masiva” e “incesante” que “ha sorprendido y desbordado a la ciudadanía y a la Administración”. Y lo califica como “asunto prioritario” por su presencia habitual en los debates plenarios.

El propio Ayuntamiento reconoce en el informe que la mayor parte de la actividad inspectora nace en la calle. El 80 % de los expedientes de infracción y de la actividad de inspección se inicia gracias a denuncias vecinales. Ese dato sirve de soporte a la tesis municipal de que el refuerzo del control debe operar desde el ámbito local y no depender únicamente de la capacidad autonómica de inspección.

En este punto, la comparativa que manejan los técnicos es elocuente. El informe recuerda que, en el segundo semestre de 2023, antes de la aprobación del decreto-ley que abrió la puerta al traspaso de competencias, se realizaron 40 inspecciones en un parque de más de 4.000 apartamentos turísticos reglados en la ciudad. El Ayuntamiento considera que la delegación le permitirá actuar con mayor agilidad allí donde la inspección autonómica resulta limitada.

Más de un 60 % de los pisos turísticos de la Comunidad Valenciana están en Alicante

Más expedientes

El expediente incluye además un análisis económico y de carga de trabajo elaborado por el departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, de la Concejalía de Urbanismo. Según ese documento, entre 2023 y 2025 se han abierto 418 expedientes de infracción urbanística vinculados a viviendas de uso turístico. En un 80 % de los casos, las infracciones se confirmaron con actas de inspección y decretos de suspensión de la actividad y, en el 90 % de esos supuestos, se procedió a incoar un expediente sancionador.

Con ese histórico, los técnicos estiman que la adhesión al convenio incrementará en un 20 % la carga de trabajo del departamento. Y, con los datos disponibles y en función de la gravedad de las infracciones detectadas por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local, calculan un impacto económico positivo de 8.845.650 euros en el presupuesto municipal de ingresos para los próximos cinco ejercicios.

En paralelo, el informe sostiene que el impacto en gastos sería nulo porque “el personal a incorporar al departamento no supone incremento de la plantilla, sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha”. Es decir, la previsión oficial dibuja un escenario en el que la ciudad asume nuevas funciones sin aumento de coste estructural, con una expectativa de retorno vinculada a las sanciones.

Depuración del registro

El paso de Alicante se enmarca, además, en el proceso autonómico de actualización del registro de viviendas de uso turístico tras la aprobación en 2024 de la ley autonómica del sector. Según los datos trasladados por la Generalitat, durante 2025 se dieron de baja del Registro de Turismo de la Comunidad Valenciana más de 18.300 viviendas de uso turístico que no cumplían la normativa y en lo que va de 2026 se tramita la baja de otras 11.000.

Con la adhesión al convenio, el Ayuntamiento busca reforzar ese control desde el territorio y reservarse la potestad de intervenir sin depender de otros ritmos administrativos. El mensaje de fondo que aparece en los informes municipales es que se considera “urgente” adoptar medidas para “ordenar la actividad” con actuaciones “extraordinarias” que equilibren la oferta turística con el resto del sector y reduzcan los márgenes de irregularidad en un mercado en expansión.

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