Barcala prohíbe a concejales y asesores acceder a vivienda protegida en Alicante

Tras el escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas a personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat, entre ellas la exconcejala de Urbanismo, familiares de una directora general y al menos dos arquitectos de Urbanismo, el gobierno de Barcala se sumó este martes al de Elche y anuncia ahora que restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos para optar a estos inmuebles.

"En los próximos días se dará forma a esta medida, que también queremos extender a otro tipo ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía, para de este modo dejar claro cuál es nuestra postura”, ha afirmado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, a través de un comunicado poco después de la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de los martes. El edil popular ha añadido que el equipo de gobierno "está firmemente comprometido con la transparencia" y que se encuentra "reforzando los controles para que las ayudas lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha".

Malestar

Villar ha remarcado que es una medida "ambiciosa, que ningún ejecutivo local había adoptado hasta el momento en la capital alicantina". El anuncio, sin embargo, ha llegado minutos después de que lo comunicada Elche, en una comparecencia pública con el alcalde de la localidad, Pablo Ruz. El rápido movimiento de Barcala emulando a su homólogo ilicitano, no ha sentado nada bien en el entorno de Ruz, donde consideran que el ejecutivo alicantino ha hecho suya una medida ideada por el PP de Elche, que ha anunciado, en un acto público, minutos antes de la nota enviada por el ejecutivo local de Alicante. De hecho, mientras que el ejecutivo de Ruz ya ha detallado medidas concretas como un portal de denuncias anónimas y un formulario de "ausencia de incompatibilidades", el de Barcala todavía debe concretar cómo va a materializar su prohibición.

Fue este martes el alcalde Pablo Ruz, quien flanqueado por el vicealcalde y responsable municipal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y el gerente de la empresa municipal Pimesa, Antonio Martínez, compareció para dejar claro que se han introducido “cláusulas muy claras, mecanismos de control y garantías adicionales desde el inicio del proceso”. Todo, puntualizó, “con un objetivo muy claro: que no accedan a la vivienda pública personas a las que no les corresponda”.

Barcala, en redes

Tras el comunicado del Ayuntamiento, el alcalde ha tomado la palabra a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha defendido la medida anunciada este martes. "El otro día dije que este equipo de gobierno iba a combatir con total rotundidad cualquier práctica que supusiera, en el caso concreto de las viviendas, que alguien que no tiene derecho a acceder se la pudiera quedar", ha asegurado el regidor, para añadir: "Este equipo de gobierno pone en marcha una serie de medidas como son que ningún concejal, cargo público ni asesor del equipo de gobierno pueda acceder a una vivienda de protección pública. Entendemos que las medidas que el Ayuntamiento pone en marcha son para que los ciudadanos y no sus representantes se beneficien de ellas".

Además, Barcala, pese a que hasta ahora las polémicas adjudicaciones han afectado a cargos vinculados con el gobierno del PP, también ha apuntado a la oposición: "Espero que el resto de grupos municipales asumen este mismo compromiso con la transparencia y la honestidad y, sobre todo, con los alicantinos a los que no podemos decepcionarles".

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