Los sindicatos del Ayuntamiento de Alicante se muestran “dispuestos a colaborar” ante las investigaciones por las adjudicaciones de viviendas

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante, órgano colegiado de representación de los funcionarios municipales por parte de los sindicatos, se ha reunido en sesión extraordinaria y urgente a petición de los delegados del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) “ante las informaciones publicadas en medios de comunicación” sobre “presuntas actuaciones relacionadas con vivienda de protección pública”.

Ante las noticias que han salido relacionadas con este caso, desvelado por INFORMACIÓN, la Junta de Personal ha expresado su defensa “firme” del “trabajo diario del conjunto de empleadas y empleados municipales, cuya labor se presta con profesionalidad, dedicación y vocación de servicio público”.

En las conclusiones del pronunciamiento, la Junta de Personal defiende “la profesionalidad y el buen nombre del conjunto de la plantilla municipal, cuya labor diaria se presta con dedicación y vocación de servicio público y que no debe verse perjudicada ni cuestionada de forma generalizada”. Además, los empleados públicos expresan su “disposición a la colaboración con cualquier investigación que se lleve a cabo por los cauces legales y exigir, en su caso, la depuración de responsabilidades estrictamente individuales”.

Cabe recordar que hasta ahora tres funcionarios se han visto salpicados por esta polémica. Se trata de María Pérez-Hickman, que se mantiene como jefa de Contratación después de haber dimitido como directora general de Organización Interna cuando se hizo público que sus dos hijos y un sobrino habían sido agraciados con viviendas protegidas de la promoción Les Naus. Otro es el arquitecto municipal, Francisco Nieto, a quien también se le adjudicó uno de estos inmuebles; y un funcionario autonómico que validó el visado de una de estas viviendas solicitada por su propia esposa, que es arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento. Tras conocerse este hecho, la Generalitat suspendió al trabajador de empleo y sueldo. Además de estos tres empleados públicos, el caso también ha afectado a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; y al jefe de gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, ambos dimitidos de sus cargos.

Dada la situación, la Junta de Personal ha expresado su “rechazo” a “posibles conductas individuales” que, “de confirmarse, puedan proyectarse sobre el conjunto de la plantilla municipal”, ya que consideran que “la inmensa mayoría” de estos trabajadores públicos “cumple sus funciones con imparcialidad y respeto a la ciudadanía”. A su vez, los trabajadores muestran “su respeto a la presunción de inocencia reconocida en nuestro ordenamiento jurídico”.

Por otra parte, exigen que “cualquier actuación se valore exclusivamente en el marco de los procedimientos legalmente establecidos, con todas las garantías, evitando juicios paralelos, señalamientos o estigmatizaciones públicas”.

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