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Marciano Gómez: "En Sanidad hay que huir de ideologías"

El conseller reivindica la colaboración público-privada para cubrir las necesidades de los pacientes en respuesta al anteproyecto de ley del Gobierno que pone límites

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, cuando anunció la cesión de 12.000 metros cuadrados para ampliar el Hospital de Torrevieja, días atrás

D. Pamies

J. Hernández

J. Hernández

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha defendido este martes la colaboración público-privada para "poder satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos": "En Sanidad hay que huir de ideologías", ha dicho.

Gómez, en declaraciones a los medios tras visitar el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, ha criticado así el anteproyecto de Ley aprobado este martes por el Gobierno para limitar la colaboración público-privada en Sanidad.

Al respecto, ha recalcado que "estamos obligados los responsables públicos sanitarios a dar una calidad asistencial, una sanidad pública con alto nivel de eficacia, eficiencia y efectividad, pero si aun así es necesario para poder satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos, hay que ir a la colaboración público-privada sin ningún problema".

De hecho, ha señalado que "todos los gobiernos de todos los colores" han recurrido a esta colaboración y "en este momento hay algunas comunidades autónomas, como en Cataluña, que un gran porcentaje de su asistencia es así".

El Gobierno aprueba el anteproyecto para limitar la colaboración público-privada en sanidad

El Gobierno aprueba el anteproyecto para limitar la colaboración público-privada en sanidad / Europa Press

Servicio al ciudadano

Por ello, ha reivindicado que "con la sanidad hay que huir de componentes ideológicos" para "ir a componentes de servicio para los ciudadanos con alto nivel de calidad, que es, por otra parte, lo que nos demandan, que prestemos asistencia universal, gratuita y solidaria, con altos niveles de calidad, de satisfacción y de accesibilidad".

Estas declaraciones se conocen a colación de que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, para limitar este modelo a situaciones excepcionales y previa evaluación, con el objetivo de priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios.

"Esta ley personalmente me parece un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras (...) Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Casos "obscenos"

La titular de Sanidad ha asegurado que esta ley "pondrá coto" a casos "absolutamente obscenos" como los que se han dado en los últimos meses.

Así, se ha referido, por ejemplo, a los audios filtrados sobre supuestas órdenes del CEO de Ribera Salud, empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, para aumentar el beneficio económico de la compañía, y a los problemas sucedidos por la externalización de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

García ha aseverado que no son "casos aislados", sino que se trata de un "problema estructural". También ha argumentado, en línea con la evidencia científica, que la privatización tiene consecuencias en la calidad de la asistencia de los pacientes, generando un aumento de las infecciones, de la mortalidad evitable y mayor desigualdad.

Colaboración

La nueva normativa establece que la colaboración entre la Administración y entidades privadas en la prestación sanitaria solo se permitirá cuando no sea posible la prestación directa por parte de administraciones o entidades públicas, estén garantizadas la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y se cumplan requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Además, cuando se quiera implantar un modelo de este tipo, se deberá someter a una evaluación previa obligatoria que incluya una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria y el análisis de un comité compuesto por expertos del ámbito sanitario, representantes de profesionales y de la sociedad civil.

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