Los profesores de Alicante retoman las protestas para mejorar sus condiciones laborales: "Hemos llegado al límite"

Los profesores de la provincia de Alicante han retomado este martes las protestas a las puertas de los centros educativos para presionar a la Conselleria de Educación por la subida salarial, la bajada de ratios, la reducción de la burocracia, el aumento de las plantillas y una mayor protección del valenciano. Desde primera hora hasta el mediodía se organizaron algunas concentraciones en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana con tal de exigir a la Administración autonómica un calendario de negociación para conseguir las mejoras laborales que otros colectivos de la enseñanza ya han logrado, entre ellos, los inspectores, los docentes de la concertada y los de Religión.

De hecho, la jornada de movilizaciones ha coincidido con la nueva reunión prevista entre el departamento autonómico y los sindicatos STEPV, CSIF, CC OO y UGT para que presenten sus propuestas. En ella, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se ha comprometido a incluir en el calendario de negociación el 100 % de las reivindicaciones del sector sobre las que tiene competencia la conselleria y a enviar en 24 horas un plan de negociación que contempla todos los puntos para mejorar las condiciones laborales del profesorado. Asimismo, los sindicatos han entregado las decenas de manifiestos recibidos por los claustros, los consejos escolares de centro y las asambleas de profesorado que exigen la negociación inmediata de las mejoras laborales para el colectivo.

Las reivindicaciones

La plataforma de profesoras del IES 8 de Marzo de Alicante ha lanzado un manifiesto en el que ha denunciado "la situación límite" que atraviesa la educación pública valenciana y que resume las reivindicaciones del colectivo. En él han vinculado las huelgas y movilizaciones con "años de abandono institucional, deterioro progresivo del sistema educativo y decisiones políticas que han ido debilitando uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar".

Han lamentado que el profesorado valenciano se encuentra entre los peor pagados del Estado. "Desde 2007 hemos perdido más de un 20 % de poder adquisitivo, mientras el coste de la vida no ha dejado de aumentar. Esta realidad no solo genera precariedad económica, sino también una profunda desmotivación en un colectivo que sostiene diariamente la escuela pública con vocación, profesionalidad y responsabilidad social", denuncian.

Además, han alertado de que las ratios en las aulas siguen siendo inasumibles, con grupos de 30, 32 o incluso 35 alumnos, lo que, según aseguran, hacen prácticamente imposible una atención educativa individualizada y de calidad. "La diversidad del alumnado, que debería ser una riqueza pedagógica, se convierte en un obstáculo cuando no existen los recursos humanos necesarios para atenderla con dignidad. Reducir ratios no es un privilegio laboral: es una exigencia pedagógica básica", lamentan.

Profesores denuncian ratios "inasumibles" con 35 alumnos en un aula

A ello se suma el estado de muchas infraestructuras educativas. Hablan de centros deteriorados, edificios obsoletos, barracones que se convierten en soluciones permanentes y espacios que no garantizan condiciones mínimas de confort ni seguridad.

También han advertido de una realidad menos visible para la ciudadanía, pero "profundamente asfixiante para quienes trabajamos en los centros: el exceso de burocracia". En esta línea, sostienen que se enfrentan a formularios, plataformas digitales, informes, memorias, protocolos, registros, procedimientos administrativos interminables que se multiplican curso tras curso.

"Cada hora frente a una pantalla rellenando documentos es una hora menos de atención educativa real, de tutoría, de acompañamiento emocional, de preparación de clases, de coordinación pedagógica y de escucha. La educación no se mejora con más papeles: se mejora con más tiempo para educar", agrega el comunicado.

Con todo, han reivindicado una subida salarial justa, reducción de ratios, inversión real en infraestructuras, menos burocracia inútil y más recursos humanos. Reivindicamos tiempo para educar, no solo para gestionar. Abogan por una escuela pública que no sea un parche social, sino un verdadero motor de igualdad, cohesión social y progreso.

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