Las Cortes reclama a Barcala documentación clave de las viviendas protegidas en Alicante
El PSPV pide las actas completas de la mesa de contratación del suelo, las declaraciones de ausencia de incompatibilidades y los contratos o encargos ligados a la mercantil y la cooperativa
Barcala, sobre la pérdida de apoyo de Vox: "No voy a entrar en especulaciones" / Alex Domínguez
La crisis política por la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus sigue creciendo en el plano institucional. La Presidencia de las Cortes Valencianas ha trasladado al Ayuntamiento de Alicante tres solicitudes de documentación presentadas por el grupo parlamentario socialista para esclarecer la tramitación del suelo municipal y los vínculos administrativos en torno a la promoción.
El diputado autonómico del PSPV José Díaz enmarca el requerimiento como un intento de pasar del discurso a los papeles y cuestiona la reacción del alcalde, Luis Barcala: “Hemos solicitado esta información porque no damos ninguna credibilidad a la indignación de Barcala ni a la información que pueda ofrecer. Es llamativo que en público se haga el indignado y que luego no aporte ningún dato”.
En esa línea, añade: “Esperamos que, con este requerimiento de las Cortes, entregue toda la documentación que se le reclama. La indignación no sustituye a la transparencia”. Y remata: “Tiene que aportar la información sin excusas, sin demoras y sin esconderse detrás de tecnicismos”.
La petición se articula en tres bloques concretos y apunta a piezas sensibles del procedimiento: cómo se gestionó la venta del solar público, qué controles internos se aplicaron sobre posibles conflictos de interés y qué relación contractual o administrativa existió con la gestora y la cooperativa.
Tres carpetas
En primer lugar, el PSPV solicita las actas completas de la mesa de contratación del proceso de enajenación del suelo municipal entre 2018 y 2022, el periodo que abarca la tramitación administrativa hasta culminar en la adjudicación de la parcela sobre la que se levantó el residencial.
En segundo lugar, reclama las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses presentadas por cargos y personal municipal vinculados a Urbanismo y Contratación, un apartado que busca poner negro sobre blanco los mecanismos de prevención y control dentro del Ayuntamiento y si se aplicaron con el rigor exigible en un expediente especialmente sensible por tratarse de vivienda protegida.
La indignación no sustituye a la transparencia, Barcala debe aportar la información sin excusas
Y, en tercer lugar, pide los contratos, convenios o encargos de gestión relacionados con la mercantil Fraorgi y con la Cooperativa Residencial Les Naus. Es decir, cualquier documento que acredite el tipo de relación formal que haya podido existir, en su caso, entre el Ayuntamiento y los actores privados vinculados a la promoción.
La comunicación trasladada desde la Presidencia de las Cortes se enmarca en el artículo 12.5 del reglamento parlamentario y supone, en la práctica, que el parlamento valenciano abre un canal formal para recabar información directamente del Ayuntamiento en plena tormenta política.
Calendario
El movimiento llega cuando el caso encara una semana clave en el ámbito autonómico: la comisión de investigación sobre Les Naus en las Cortes se votará el jueves 19 de febrero, con la mayoría parlamentaria encaminada tras sumarse la propuesta de Vox a las iniciativas presentadas por el PSPV y Compromís.
En Alicante, el foco inmediato sigue en el despacho de Barcala. Después de que la comisión municipal de investigación fuese aprobada por unanimidad en el pleno extraordinario de la semana pasada, el equipo de gobierno ha dado ya el primer paso administrativo para su puesta en marcha, al iniciar el trámite para que se designen los representantes políticos que formarán parte de ese órgano.
La izquierda, sin embargo, ha mantenido la presión para que se convoque cuanto antes la sesión constitutiva y, además, ha registrado una declaración institucional para llevar al pleno del 26 de febrero la reprobación y la petición de dimisión del alcalde.
Con ese tablero, la solicitud de documentación desde las Cortes añade un nuevo frente que, aunque administrativo en su forma, es profundamente político en su efecto, ya que obliga al Ayuntamiento a ordenar y remitir documentación clave sobre contratación, controles internos y relaciones con los gestores de la promoción, en el mismo momento en el que se preparan dos comisiones de investigación, la municipal y la autonómica, y cuando la continuidad de Barcala se ha convertido en el principal objeto de confrontación entre bloques en el Ayuntamiento.
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