Cajas de la ferretería para una vida entera: un matrimonio de Alicante afronta el desahucio con cinco nietos a su cargo

Las cajas no son de mudanza, se las han dejado en la ferretería del barrio. Francisco y Celeste las han ido recogiendo estos días para guardar una vida entera: ropa de los niños, papeles, medicinas, recuerdos... En el salón del piso en La Florida, la escena tiene algo de despedida anticipada. “Nos ha llegado la carta para desahuciarnos el miércoles 18 de febrero”, dice ella, sin terminar de encajar todavía lo que sucede en esta casa donde viven siete personas.

Francisco tiene 69 años. Celeste, 62. Con ellos están sus cinco nietos: dos ya mayores de edad, de 19 y 18, y otros tres menores, de 15, 14 y 12. Desde la pandemia, los cinco han acabado a su cargo. “Siempre han ido y venido, pero desde entonces estamos todos aquí”, explica Celeste. La casa no es grande, pero es el centro de una vida organizada alrededor de lo básico: colegio, comidas, cuidados, gastos milimetrados y un frágil equilibrio sanitario. Francisco arrastra problemas respiratorios, toma quince pastillas al día y necesita medicación que, recuerda Celeste, tiene una condición doméstica simple: “La insulina tiene que estar en la nevera”.

La cuerda se tensó hace tiempo. “Desde agosto se nos ha complicado todo”, resume Celeste. Su versión incluye una trombosis en junio que mantuvo a Francisco 24 días ingresado en el hospital y un nuevo sobresalto reciente: “Desde hace dos semanas me tengo que conectar a una máquina para dormir. Me la tengo que poner entre seis y ocho horas diarias y es un agobio”.

Tenemos cinco nietos a nuestro cargo y ninguna alternativa para no dormir en la calle

Celeste

— Vecina de Alicante con una orden de desahucio

En una familia que vive con lo justo, Celeste cuenta que dejaron de pagar el alquiler a partir de noviembre de 2024. “A Francisco le embargaron la cuenta”, explica. Aseguran que comunicaron al propietario que, cuando se levantara el embargo, se pondrían al día. “Ya no quiso saber nada”. Hasta entonces, dicen, habían cumplido durante once años: “Pagando todos los meses, 300 euros de alquiler más otros 150 de gastos”. Sostienen que en otras ocasiones hubo retrasos y que siempre regularizaron la situación. “Le hemos llegado a pagar hasta 3.000 euros de golpe que le debíamos”, afirma Celeste.

El contrato se venció en enero y el engranaje judicial terminó de activarse. En mayo del año pasado, relatan, les llegó una carta para abandonar la vivienda. El 2 de febrero recibieron la notificación con fecha y hora: el lanzamiento está señalado para el miércoles 18 a las 9 horas. Sin abogado al principio, lograron uno de oficio que, según Celeste, “ha podido mantener esta situación hasta este mes”. También han encontrado apoyo en el Sindicat de Barri de Carolines, que acompaña el caso y trata de abrir una puerta que hoy aparece cerrada.

Celeste y Francisco aseguran que están dispuestos a asumir un nuevo acuerdo y proponen una cifra: “Estábamos pagando 300 euros y estamos dispuestos a seguir en este piso pagando 500”. Lo llaman “un alquiler asequible y justo”. “¿Cómo vamos a pagar otro piso y alimentar a cinco niños con mis ingresos?”, repite Francisco. En casa entran alrededor de 1.000 euros. En el mercado actual, calculan, los alquileres se mueven entre 800 y 900 euros. “No podemos permitírnoslo”, zanja Celeste. Lo intentaron por la vía de las ayudas, pero aseguran que se las denegaron: “Me han dicho que no tengo derecho a nada”.

Pedimos un alquiler justo para seguir aquí y que los niños puedan mantener su rutina

Francisco

— Vecino de Alicante con una orden de desahucio

El caso está acreditado como vulnerable y figura en la lista de espera de la EVha, sin respuesta, según la familia. Mientras tanto, la alternativa que les han ofrecido los servicios sociales tiene fecha de caducidad: “Diez días en un hotel y después nada”. El horizonte que dibuja Celeste es crudo: “Después de los diez días de hotel, ¿qué hacemos?, ¿nos vamos a la calle? No tenemos ningún sitio para ir”. Incluso el plan de “salvar lo salvable” cuesta dinero: “No tengo un duro y ya tengo que pagar 70 euros para llevar nuestras pertenencias a un trastero”.

Del propietario, dicen, no han obtenido una respuesta directa. “Solo lo que nos llega desde los juzgados, que tenemos que dejar el piso”, explican. El abogado de oficio y el Sindicat de Barri de Carolines, según añaden, han tratado de contactar sin éxito. En casa se instala una sensación que no pueden probar, pero que alimenta la ansiedad: “Tenemos la sensación de que han vendido ya el piso con nosotros dentro”.

Con el desahucio marcado en el calendario, ha comenzado la cuenta atrás. Las cajas de la ferretería, apiladas, aparecen como una respuesta silenciosa a una pregunta que nadie ha sabido contestarles todavía: qué ocurre cuando una familia vulnerable se queda sin casa y la única alternativa dura diez días.

Suscríbete para seguir leyendo