Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones

Seis meses como tope. Ese es el plazo máximo que concede la Generalitat Valenciana para que se ocupen las viviendas de protección pública, incluidas las de Les Naus, la promoción que está bajo sospecha por las controvertidas adjudicaciones. Así lo recoge el decreto del Consell, vigente y aprobado durante el gobierno de Carlos Mazón, que regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana. En su artículo 11, bajo el epígrafe "Entrega y ocupación", señala que "las viviendas protegidas deberán ser ocupadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la escritura de compraventa o desde la fecha de la firma del contrato que otorga el derecho al uso y disfrute de la vivienda". Ese margen puede prorrogarse justificadamente por razones de "tipo laboral, familiar u otro tipo de circunstancias acreditadas, previa autorización del servicio territorial competente en materia de vivienda".

Por tanto, los propietarios de las 140 viviendas del residencial Les Naus están en la cuenta atrás para poder cumplir con la norma autonómica, dado que esos pisos, por norma, se escrituraron a finales del pasado verano. Y es que cuando saltó el escándalo, hace ahora dos semanas, uno de cada tres propietarios no estaban empadronados en su piso en la urbanización de la avenida Historiador Vicente Ramos, y eso que los inmuebles deberían ser de primera residencia ya que entre los requisitos de los dueños, según la normativa autonómica vigente, ni la persona titular del derecho ni cualquiera de las personas integrantes de la unidad familiar o de convivencia puede ser titular del pleno dominio de otra vivienda en territorio nacional.

lLos propietarios de las 140 viviendas del residencial Les Naus están en la cuenta atrás para poder cumplir con la norma autonómica

Según ha podido constatar este diario, había más de medio centenar de viviendas sin ninguna persona empadronada días después de desvelar INFORMACIÓN que entre los adjudicatarios de los pisos estaba la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; al menos tres familiares de la funcionaria y ahora ex directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal, una relación que se ha ido ampliando con identidades conocidas en los últimos días, como familiares del director de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, que también presentó su dimisión.

¿Alquileres sin permiso?

La relación de personas oficialmente residentes en la urbanización, en los primeros días de febrero, apunta a que habría al menos tres viviendas, de dos bloques distintos, en las que no estarían empadronados los propietarios y sí, en cambio, otras personas, lo que podría advertir de la presencia de inquilinos. Por ahora, según han señalado desde la Conselleria de Vivienda, hay dos dueños que han pedido oficialmente autorización para no destinar, como marca la norma, el inmueble a domicilio habitual y permanente.

Según el Padrón municipal, actualizado a 3 de febrero, hay tres pisos con residentes que no incluyen al dueño de la vivienda

Tres son los motivos que recoge la norma para conseguir la excepcionalidad: cuando la ocupación sea consecuencia de programas de integración social o de preparación para la vida independiente, en supuestos de emergencia de víctimas de violencia sobre las mujeres terrorismo, u otras situaciones de emergencia que, por su naturaleza, requieran un alojamiento temporal y cuando circunstancias familiares y/o laborales debidamente acreditadas, así lo requieran justifiquen.

Ninguna de las personas que han pedido no tener que ocupar el piso, según las mismas fuentes autonómicas, habría solicitado por ahora permiso añadido para poner en alquiler la vivienda, siempre bajo los parámetros que marca la Generalitat, incluyendo el precio tasado y los requisitos que también debe cumplir el inquilino.

Otro propietario, según las mismas fuentes, habría solicitado el visto bueno para vender su vivienda al precio estipulado por la conselleria. "Si un propietario solicita vender su vivienda, primero debe contar con nuestra autorización, y en segundo lugar, como administración, tenemos la opción de ejercer el derecho de retracto", avanzó la vicepresidenta Camarero, poco antes de que la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante anunciasen un convenio con el que el Consell cederá al gobierno local la posibilidad de ejercer la compra preferente sobre las viviendas protegidas que se pongan a la venta en la polémica promoción de Les Naus.

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