El Ayuntamiento de Alicante descarta que haya más funcionarios implicados en el escándalo de las viviendas protegidas

La investigación interna del Ayuntamiento de Alicante concluye que no hay más funcionarios municipales beneficiarios de vivienda protegida que intervinieran en la tramitación del residencial Les Naus. Tras las polémicas adjudicaciones a personas vinculadas con el Consistorio desveladas por INFORMACIÓN, el gobierno de Luis Barcala ordenó un cruce de datos entre el listado de adjudicatarios y la plantilla de empleados públicos. Una vez comparados ambos documentos, se detectaron diez coincidencias, pero solo se han abierto tres expedientes informativos, aún sin sanciones: uno al arquitecto municipal, que estuvo ligado a los trámites del contrato; otro a la mujer del técnico de la Generalitat que visaba las solicitudes, y un tercero a la exconcejala Rocío Gómez, que se da por zanjado tras su dimisión.

Según ha podido saber este diario, así lo ha avanzado este viernes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en una reunión con los representantes sindicales del Ayuntamiento. En el encuentro, que no se ha extendido más de media hora, el edil popular ha comunicado la detección de diez coincidencias entre miembros del Ayuntamiento (nueve funcionarios y la exconcejala de Urbanismo) y los propietarios del citado bloque en La Condomina.

Las averiguaciones del ejecutivo local han concluido que siete de los diez funcionarios beneficiarios no intervinieron durante el procedimiento municipal

No obstante, y tras constatar con la Conselleria de Vivienda que se trataba, en efecto, de empleados públicos, las averiguaciones del ejecutivo local han concluido que siete de los diez beneficiarios no intervinieron durante el procedimiento municipal de enajenación de la parcela ni durante la tramitación de los permisos urbanísticos para la construcción de Les Naus, por lo que no se les abrirá expediente municipal. Siguen adelante, en cambio, los dos abiertos al arquitecto Francisco Nieto, que "habría podido intervenir en alguna fase relevante del contrato" según la denuncia presentada por el Consistorio en Fiscalía; y a su compañera de concejalía Elsa Lloret, casada además con el técnico autonómico que validó su solicitud. El de Rocío Gómez, ya dimitida, se cierra al haber cesado su relación con la administración local.

La Junta de Personal defiende a la plantilla

Tras la reunión de este viernes, la Junta de Personal ha emitido un comunicado para señalar que considera imprescindible "diferenciar entre posibles conductas individuales que deban ser investigadas" y la actuación "profesional y honesta de la inmensa mayoría de empleados públicos" del Ayuntamiento de Alicante.

"Rechazamos cualquier generalización que pueda dañar injustamente la imagen, el prestigio y la dignidad del conjunto del personal municipal, que desarrolla su labor diaria con profesionalidad, imparcialidad y vocación de servicio público", han apuntado los representantes de los funcionarios.

Del mismo modo, la Junta de Personal ha manifestado "su apoyo a los trabajadores que no tienen responsabilidad en los hechos investigados", y ha solicitado "que se respete en todo momento su derecho al honor, a la presunción de inocencia y a su reputación profesional".

Las averiguaciones del Consell continúan

Esta decisión del Ayuntamiento de no abrir nuevos expedientes se circunscribe únicamente a la investigación municipal, que buscaba esclarecer si pudo haber interferencias interesadas entre empleados públicos y los trámites relativos a Les Naus, la primera promoción de vivienda protegida que se construye en Alicante en 20 años. En cambio, siguen adelante las investigaciones a nivel administrativo de la Generalitat Valenciana, encargada de visar la documentación acreditativa de los niveles de ingresos de los adjudicatarios.

En este sentido, la Conselleria de Vivienda ya ha requerido más documentos a al menos una decena de vecinos para justificar que cumplen con los requisitos. Cuatro son las principales condiciones que debe cumplir cualquier persona que quiera acceder a una vivienda protegida en la Comunidad Valenciana: ser mayor de edad o menor emancipado; tener nacionalidad española o residencia legal en España; que la titular del derecho, o cualquiera de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia, no sea titular del pleno dominio de otra vivienda en todo el territorio nacional; y que los ingresos de la unidad no superen el límite marcado por la Generalitat, que actualmente se sitúa en 54.600 euros, que pueden ampliarse hasta un máximo de 66.300 en caso de hijos, personas con discapacidad o dependientes en la familia.

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