Morant extiende el caso de las viviendas protegidas de Alicante a toda la Comunidad y avisa de que el PSPV “vigilará” nuevas adjudicaciones

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha dado un paso más en la ofensiva política por el escándalo de las viviendas protegidas del residencial Les Naus, en Alicante. No solo ha exigido de nuevo explicaciones al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sino que ha anunciado que los socialistas trasladarán la presión a todo el territorio autonómico para fiscalizar si se repiten situaciones similares en otras promociones. “Vamos a denunciar el caso de esta promoción en Alicante, pero también lo vamos a hacer en todo el territorio”, ha afirmado durante un acto de este viernes en Castellón.

La intervención de Morant se apoya en la tesis que el PSPV viene sosteniendo desde que estalló la crisis de que el problema no es un episodio aislado, sino un caso que pone en cuestión el modelo de adjudicación y los controles, en un contexto de enorme tensión social por el acceso a la vivienda. En su argumentario, la clave está en un “cambio normativo” aprobado por decreto por el Consell, que, según su denuncia, “ha cambiado las condiciones de adjudicación y de acceso” y ha “corrompido el sistema”, permitiendo, en el caso alicantino, “un sistema de reparto y adjudicación absolutamente irregular”.

Norma

Morant sitúa el foco en dos preguntas que, a su juicio, resumen el debate de fondo: cómo se puede acceder a una vivienda de protección pública “sin haberla solicitado previamente” y con niveles de renta que no encajan con la finalidad social de estas promociones. “Se puede acceder cobrando 3.000 euros al mes, cuando la vivienda de protección pública está diseñada precisamente para favorecer el acceso de la clase media y trabajadora”, ha sostenido, antes de rematar con una acusación política directa: se está construyendo vivienda protegida “sin mecanismos de control”.

La dirigente socialista ha reclamado que el Consell “devuelva esos pisos” y ha exigido “responsabilidad política” por lo ocurrido, insistiendo en que la Generalitat debe dar la cara en sede parlamentaria. En esa línea, ha pedido que el presidente y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, comparezcan en las Cortes para explicar el alcance real del cambio normativo y si se diseñó para una promoción concreta o se ha extendido a más expedientes.

Escalada

El mensaje llega en un momento en el que el caso ya ha rebasado el perímetro municipal y se ha convertido en un frente institucional de primer orden. En Alicante, la controversia ha desembocado en un pleno extraordinario con una petición de dimisión al alcalde, Luis Barcala, y en la activación de una comisión de investigación municipal que la oposición exige que se convoque “ya”. En paralelo, en el ámbito autonómico, se encamina una comisión de investigación en las Cortes tras la suma de Vox a las iniciativas del PSPV y Compromís, lo que garantiza la mayoría necesaria para ponerla en marcha si no hay cambios de última hora.

En ese escenario, la declaración de Morant busca apuntalar la lectura política de que el caso de Les Naus no se explica solo por lo que pasó en una cooperativa concreta, sino por un marco que, según el PSPV, ha ampliado el perímetro de acceso y ha debilitado la capacidad de control real sobre el destino final de viviendas de protección pública. De ahí la idea central que verbaliza ahora de que su partido “va a estar muy vigilante” para que la investigación y la presión no queden circunscritas a Alicante.

Calendario

La ofensiva socialista se suma a un calendario que aprieta a la Generalitat en dos planos. Por un lado, el de las comparecencias y el control parlamentario. Por otro, el de la batalla política en torno a la credibilidad del sistema de adjudicación, en un momento en el que el caso se ha convertido en símbolo de un debate mayor: qué significa “vivienda protegida” cuando la promoción se levanta sobre suelo público, quién decide realmente los adjudicatarios y qué controles se aplican para evitar conflictos de interés o acceso irregular.

Morant, además, ha aprovechado su intervención para cargar contra la estrategia del Consell y ha deslizado que Pérez Llorca evita afrontar conflictos en determinados territorios, introduciendo un reproche político más amplio sobre la gestión y el estilo de liderazgo. Esa derivada, sin embargo, no cambia el eje del mensaje que los socialistas quieren instalar en la agenda de que el escándalo de Les Naus debe abrir un escrutinio a escala autonómica sobre los procedimientos, las reglas y la trazabilidad de las adjudicaciones de vivienda de protección pública.

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