Alicante agita la vivienda protegida: cambios anunciados y paradojas aún pendientes

La polémica por las viviendas protegidas adjudicadas en el residencial Les Naus de Alicante ha provocado en apenas unas semanas una sacudida política e institucional con efecto dominó. El Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno han ido anunciando medidas, revisiones y promesas de mayor control. Pero, más allá del ruido, el caso deja una pregunta útil para cualquiera que trate de entender cómo funciona (y cómo debería funcionar) el acceso a una vivienda pública: qué cosas dicen ahora las administraciones que van a cambiar para que no vuelva a pasar y qué incongruencias siguen intactas en el sistema, aunque nadie las haya tocado todavía.

Tras el escándalo, algo sí se ha movido, aunque casi todo sigue en el terreno de los anuncios y las intenciones. Se han puesto sobre la mesa medidas y promesas de refuerzo de controles y el caso ha abierto comisiones y peticiones de documentación que antes no estaban en el foco. Pero, al mismo tiempo, permanecen intactas varias contradicciones de fondo del sistema: qué se mira y qué no se mira a la hora de adjudicar, cuánto se puede ganar para optar a una VPP o cuánta transparencia real existe en las listas y en los procesos.

En Alicante, el equipo de gobierno ha querido marcar un antes y un después con una medida de corte político: impedir que concejales, cargos públicos y asesores puedan acceder a viviendas de protección pública impulsadas desde el Ayuntamiento, aunque cumplan los requisitos. La idea, según el propio alcalde, Luis Barcala, es que quede "claro" que estas promociones están pensadas para quienes las necesitan como primera vivienda y no para quienes toman decisiones o están en el entorno del poder municipal.

El umbral permite hasta 66.000 euros anuales y el listado de 2.000 solicitantes nunca ha sido público

En Elche, el Ayuntamiento también ha reaccionado tras el caso de Les Naus y ha anunciado que endurecerá el protocolo de acceso a las 240 viviendas protegidas que prepara a través de Pimesa. La empresa pública revisará y validará los requisitos de todas las personas interesadas, se exigirá la firma de un documento específico de ausencia de incompatibilidades y se activará un canal anónimo de denuncias para alertar de posibles irregularidades en el proceso. Además, el alcalde, Pablo Ruz, ha asegurado, adelantándose a Barcala, que no podrán participar concejales, altos cargos ni personal eventual.

En el plano autonómico, la Conselleria de Vivienda sostiene que también va a introducir cambios para "cerrar lagunas" a raíz del escándalo. Por un lado, plantea crear un órgano colegiado que sustituya la validación de requisitos que hasta ahora podía recaer en una sola persona y, por otro, anuncia un registro específico por promoción y más publicidad de cada proceso para que se conozca quién solicita y en qué punto está cada expediente.

La línea roja del Consell, sin embargo, no va por el veto a cargos públicos. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya ha marcado que no comparte el camino de prohibiciones anunciado por los ayuntamientos, pese a ser de su mismo color político, y defiende que "se tiene que cumplir la ley". Quien quiera optar a una vivienda protegida debe cumplir los requisitos como cualquier ciudadano. En su argumentario, el problema no es si alguien ocupa un cargo, sino si se ha usado una posición privilegiada para acceder con ventaja frente al resto.

El caso también ha dado el salto a Madrid. En el Congreso, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo ha citado como ejemplo de un modelo que, a su juicio, trata la vivienda como un negocio y no como un derecho y ha anunciado la creación «de manera inminente» de una comisión técnica para reforzar controles, prevenir situaciones como la de Alicante y mejorar la rendición de cuentas en las adjudicaciones.

Suelo público

Otra derivada que ha puesto sobre la mesa el Gobierno es la del suelo público. Tras el caso de Alicante, la ministra ha advertido de que el Estado no cederá suelo para vivienda a las comunidades que no garanticen que esos inmuebles mantendrán la protección "de por vida". Es un mensaje con destinatario directo en la Comunidad Valenciana, donde el Consell modificó la normativa para que la descalificación pueda llegar a los treinta años.

Por encima del ruido político, las promesas de más control dejan intactas varias paradojas. El sistema mira los ingresos y si tienes propiedades inmobiliarias, pero deja fuera parte del "patrimonio real". Puedes cumplir el requisito de no ser titular de otra vivienda y, aun así, disponer de un yate u otros bienes de alto valor que no entran en el filtro. Y, en sentido contrario, tampoco se tiene en cuenta el pasivo. No se pregunta por el nivel de ahorros, aunque sean millones de euros, de modo que la fotografía económica que se exige para acceder a una vivienda protegida es incompleta y puede dar resultados poco coherentes con el objetivo social de estas promociones.

Otro ejemplo es que el filtro económico se centra en el IRPF y deja fuera otras vías de renta. No se comprueba si el solicitante canaliza ingresos a través de sociedades o actividad empresarial, de forma que puede cumplir "en papel" y, aun así, sostener una capacidad económica real muy superior a la que se pretende proteger.

Se han anunciado vetos a concejales, cargos y asesores y visados colegiados para blindar las VPP

También pesa la lógica de la "foto fija". Los requisitos se acreditan en un momento concreto y, a partir de ahí, el sistema no corrige si la situación cambia, ni siendo de forma sustancial. En la vivienda social, por lo general, sí existe un control más continuado, pero en estas promociones protegidas el chequeo se queda anclado en el día en que se presentó la documentación.

Otra paradoja es que, mientras se promete reforzar la fiscalización, el umbral económico para acceder a una VPP sigue siendo elevado. Con el decreto vigente, aprobado por el Consell de Carlos Mazón, se permite llegar a 6,5 veces el IPREM (54.600 euros en 14 pagas) y hasta 66.000 euros si hay menores o mayores de 65 años a cargo o discapacitados. Con la norma anterior el límite era 46.800 y podía subir a 53.000. Esos ingresos se computan por unidad familiar, con independencia del número de integrantes (sean solteros o parejas), lo que mantiene abierta la puerta a perfiles que, sobre el papel, quedan lejos de la idea de vivienda protegida ligada a rentas bajas o medias.

Y queda una última paradoja, quizá la más difícil de explicar a quien espera transparencia. Las listas de interesados y el "quién está" dentro no han sido, hasta ahora, un dato público. La gestora Fraorgi defendió que el proceso de captación y selección de socios arrancó años antes de que la promoción fuese una realidad, que la demanda desbordaba la oferta —"nos daba para llenar esta y diez promociones más"— y que llegaron a manejar una lista de espera de unas 2.000 personas, actualizada con el paso del tiempo. Pero ese listado no se publicaba y, según reconocieron, la ley tampoco lo exigía. Ese es uno de los vacíos que ahora se esperan cerrar.

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