La Generalitat solicita al Ayuntamiento de Alicante que envíe a la Policía Local a comprobar quién vive en las viviendas protegidas de Les Naus

La Generalitat ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante que envíe a la Policía Local a inspeccionar las viviendas de protección pública de Les Naus, en la Condomina, para comprobar quién reside realmente en los inmuebles adjudicados. A escasas semanas de que expire el plazo máximo de seis meses que concede la normativa autonómica para ocupar este tipo de inmuebles como residencia habitual y permanente, la consellera de Vivienda, Susana Camarero, anunció este lunes que el pasado viernes se reclamó formalmente al Ayuntamiento que active a la Policía Local para comprobar quién reside efectivamente en cada uno de los pisos adjudicados.

La petición se produce después de que INFORMACIÓN destapara a finales de enero el escándalo de las adjudicaciones y desveara hace unos días que más de medio centenar de viviendas no tenían a ninguna persona empadronada y de que, en al menos tres inmuebles de dos bloques distintos, figuraran empadronadas personas diferentes a los propietarios. Un extremo que podría advertir de la existencia de inquilinos en una promoción que, por ley, debe destinarse a primera residencia (o pedir permiso para alquilar, lo que no se ha producido) y cuyos adjudicatarios no pueden ser titulares del pleno dominio de otra vivienda en territorio nacional.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, confirmó este lunes en una comparecencia ante los medios de comunicación en València que el pasado viernes se remitió un requerimiento al Ayuntamiento de Alicante con dos solicitudes concretas: la relación de personas empadronadas en las viviendas y la verificación presencial, a través de la Policía Local, de la ocupación real de los inmuebles. La consellera detalló que, además, se ha pedido que "en el caso de las tres viviendas que han solicitado excepcionalidad para no residir en ellas, el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, nos confirme si viven o no viven en esas viviendas y, si no es así, quién está viviendo".

La normativa autonómica solo contempla supuestos tasados para permitir que una vivienda protegida no se destine a domicilio habitual: cuando la ocupación responda a programas de integración social o preparación para la vida independiente; en situaciones de emergencia, como las derivadas de violencia contra la mujer o terrorismo; o cuando concurran circunstancias familiares o laborales debidamente acreditadas. Según fuentes de la Conselleria, al menos dos propietarios han solicitado formalmente esa excepcionalidad, alegando residencia en el extranjero, mientras que ninguno ha pedido autorización para alquilar el inmueble conforme a los parámetros fijados por la Generalitat. Un tercer propietario ha solicitado autorización para vender la vivienda al precio tasado.

Cruce de datos con el Registro

La revisión no se limita al padrón municipal, Camarero avanzó que la Conselleria ya ha acudido al registro de la propiedad para cotejar que las personas que solicitaron y obtuvieron el visado de adjudicación sean las mismas que figuran como titulares registrales. "Hemos ido al registro de la propiedad y estamos comprobando si se han registrado las personas que visaron o que pidieron los visados, para hacer toda la comprobación que está en nuestras manos y ver si quien pidió el visado es quien se ha registrado y si quien se ha registrado es quien vive en las viviendas", señaló Camarero.

El objetivo, insistió, es reforzar "esa vigilancia y ese control sobre quién reside en estas viviendas" y garantizar que cumplen su finalidad social.

Documentación pendiente y plazos

La investigación administrativa incluye la petición de documentación adicional a al menos diez adjudicatarios, así como a la promotora de la urbanización, cuyo plazo para aportar información concluye este viernes. El próximo lunes finalizará el plazo otorgado al resto de propietarios para remitir documentación complementaria. La revisión se intensificó después de que se conociera que un funcionario de la Dirección Territorial de Alicante, posteriormente suspendido de empleo y sueldo, validó el visado de una vivienda solicitada por su propia esposa, arquitecta municipal, sin incluir sus datos, alegando separación de bienes.

"Estamos todavía esperando que nos remitan esa información. Este viernes termina el plazo que le dimos a la promotora y el lunes al resto de adjudicatarios", recordó Camarero, quien defendió que el actual Consell ha reforzado los mecanismos de control en materia de vivienda protegida. "Si algo ha hecho este gobierno es reforzar los mecanismos de control frente a los existentes anteriormente. Fuimos nosotros quienes, antes de esta promoción, tomamos cartas en el asunto y vamos a seguir reforzando esos mecanismos", afirmó la vicepresidenta del Consell.

La Generalitat tiene previsto, además, ejercer el derecho de lesividad como paso previo a acudir a la vía judicial para intentar anular aquellas adjudicaciones que no cumplan los requisitos legales. Esta estrategia se complementa con el convenio firmado recientemente entre la administración autonómica y el Ayuntamiento de Alicante, por el que el consistorio podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto en caso de que algún propietario solicite vender su vivienda protegida.

Reclamo previo

Compromís ha señalado este lunes que ya había reclamado al gobierno municipal que utilizara medios propios para comprobar el uso real de las viviendas. Según los valencianistas, su portavoz, Rafa Mas, instó el pasado 2 de febrero al alcalde a activar actuaciones para revisar “piso a piso” la ocupación de las VPP de Les Naus, ya fuera a través de la Policía Local o mediante otros indicadores municipales.

Entre ellos, citó la posibilidad de analizar el consumo de agua como vía indirecta para detectar si los adjudicatarios residen efectivamente en los inmuebles o si podrían estar destinándose a alquiler, una práctica incompatible con el régimen de vivienda protegida.

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