Vox lleva al pleno de Alicante una propuesta para vetar el burka y el niqab en dependencias municipales

Vox trasladará al pleno del Ayuntamiento de Alicante del próximo 26 de febrero una declaración institucional para prohibir el acceso y la permanencia en dependencias municipales a personas que porten burka o niqab o, en general, prendas que oculten total o parcialmente el rostro.

El grupo justifica la propuesta por razones de “seguridad, identificación y normal funcionamiento del servicio público” y sostiene además que el velo integral “simboliza la sumisión de la mujer”. La prohibición, según el texto anunciado por Vox, se aplicaría con carácter general “con independencia del origen, motivación o significado” de la prenda, con una única excepción: los casos “debidamente acreditados” por razones médicas o sanitarias.

El movimiento local se produce en un momento en el que el debate sobre el velo integral ha vuelto a ganar terreno en la agenda nacional y en la competición política de la derecha. En el Congreso de los Diputados, el pleno debatirá este martes la toma en consideración de una proposición de Vox para prohibir el uso del niqab y el burka en el espacio público y también “en lugares privados con proyección a un espacio o uso público”, una iniciativa que contará con el respaldo del PP en ese primer trámite.

En la práctica, la propuesta que Vox registrará en Alicante se alinea con esa línea argumental, aunque circunscrita al ámbito municipal y a los edificios y servicios dependientes del Ayuntamiento.

Competencias

En el plano local, Vox sitúa el foco en los trámites presenciales y en la identificación visual. “La identificación visual del rostro constituye, en numerosos servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible”, sostiene el grupo, que añade que cubrir el rostro “impide objetivamente esa identificación visual”.

La iniciativa propone trasladar ese criterio al acceso a dependencias municipales, una formulación que previsiblemente abrirá el debate sobre el encaje y los límites de la medida en un Ayuntamiento: qué espacios y servicios se verían afectados, cómo se aplicaría en la práctica y quién tendría capacidad para exigir la retirada de la prenda como condición para ser atendido.

Durante el mandato, Vox ha presionado al equipo de gobierno del PP en asuntos de alto contenido simbólico y con impacto mediático. En los últimos meses, el ejecutivo de Luis Barcala ha reactivado el contrato para las visitas guiadas a los refugios de la Guerra Civil después de revisar el guion en una negociación vinculada a exigencias previas de Vox.

En paralelo, el Ayuntamiento mantiene la oficina antiokupas pactada por PP y Vox en los presupuestos, un servicio que, según la información municipal solicitada por el PSOE, acumuló ocho atenciones en ocho meses desde su apertura y que los socialistas han utilizado como ejemplo de alarma política sin traducción real en datos. A ello se suma la apertura de la llamada Oficina de la Maternidad, presentada por el gobierno local como recurso de apoyo social y criticada por la izquierda como “antiaborto”.

Silencio

El nuevo giro llega, además, con Vox moviendo ficha en un asunto identitario mientras mantiene una posición opaca sobre el principal terremoto político reciente en Alicante, el escándalo de Les Naus. Tras el pleno extraordinario en el que la portavoz, Carmen Robledillo, exigió la dimisión de Barcala y reprochó al PP que mintieran, el grupo ha encadenado una semana de silencio ante preguntas sobre una hipotética moción de censura, la reprobación anunciada por la izquierda o el propio futuro del alcalde, respondiendo de forma reiterada que “no hay declaraciones”.

En ese contexto, el debate del burka y el niqab aparece como un nuevo frente con el que Vox vuelve a tensar el pleno, mientras la continuidad del entendimiento con el PP sigue pendiente de decisiones que, según fuentes del entorno político municipal, se terminarán de resolver fuera de Alicante y en clave nacional.

La portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, sostiene que los “barrios son cada día más irreconocibles” y afirma que “en las dependencias municipales debe primar la identificación, la seguridad y el respeto a nuestras normas”. El grupo acompaña su propuesta con referencias a datos de población musulmana en España atribuidos a la Unión de Comunidades Islámicas de España y enmarca el debate como una cuestión de “convivencia e “identidad”.

La iniciativa se debatirá en el pleno del 26 de febrero, donde el resto de grupos fijarán posición sobre un asunto que llega con recorrido nacional pero con consecuencias prácticas y políticas inmediatas en el Ayuntamiento de Alicante.

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