Isabel Rodríguez reclama a la Generalitat que revierta la subida de umbrales de renta en la vivienda protegida tras el escándalo en Alicante

El escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas en Alicante ha llegado este martes al Senado con un mensaje directo a la Generalitat. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado al Consell que “reaccione y revierta la normativa que ha permitido este caso”, con un señalamiento directo a los cambios aprobados en la etapa de Carlos Mazón y, en particular, a la subida de los umbrales de renta para acceder a Viviendas de Protección Pública (VPP).

“Lo que está ocurriendo en Alicante es un escándalo que requiere la actuación de los poderes públicos”, ha afirmado Rodríguez al inicio de su intervención. La ministra ha defendido que el objetivo debe ser blindar la vivienda protegida frente a prácticas opacas o procedimientos sin suficientes garantías: “Las viviendas protegidas que promovemos desde el ministerio contará con todos los controles y fiscalización para impedir que sea para los de siempre”.

La intervención se produce con el caso Les Naus aún en plena escalada política y judicial y con el Gobierno encadenando anuncios desde que estalló la polémica. En las últimas semanas, Rodríguez ya advirtió de que el Ejecutivo no cederá suelo estatal para vivienda a comunidades autónomas que no garanticen que esos inmuebles se mantendrán protegidos “para siempre”.

Además, recordó la creación “de manera inminente” de una “comisión técnica” solicitada por el Consejo Asesor de la Vivienda para reforzar controles y prevenir que se repitan casos como el de Alicante.

Adquirir una vivienda de protección pública es un derecho, no un mercadeo

Isabel Rodríguez

— Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

En el Senado, la ministra ha concretado ahora su exigencia a la Generalitat. Rodríguez ha reclamado que se derogue el decreto 180/2024 y que se recuperen “los controles eliminados” en la adjudicación de vivienda pública. El reproche se enlaza con una de las modificaciones más discutidas tras el caso: la subida de los umbrales de renta.

Desde la entrada en vigor del último decreto sobre vivienda protegida aprobado por el Consell de Mazón, los interesados pueden percibir 6,5 veces el Iprem en 14 mensualidades, lo que equivale a 54.600 euros anuales por unidad familiar, una cantidad que puede aumentar hasta 66.000 euros en caso de menores o mayores de 65 años a cargo o personas con discapacidad. El anterior decreto, el del Botànic, fijaba el límite en 46.800 euros, pudiendo elevarse hasta 53.000 euros.

El marco regulatorio incluye además otros requisitos: ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y no ser titular del pleno dominio de otra vivienda en España. Los ingresos se contabilizan por unidad familiar, con independencia de que una pareja esté en separación de bienes. Rodríguez, sin embargo, ha resaltado que el debate no puede quedarse en la cifra de renta, sino en el conjunto de garantías del procedimiento y en la trazabilidad del acceso.

“Yo voy a trabajar en el marco de mis competencias para ofrecer, atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, garantías”, ha indicado, para concretar a continuación lo que, a su juicio, debe corregirse: “Que se recuperen todas las garantías en los procesos de adjudicación, en los registros de los demandantes de vivienda, que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en Alicante o Alzira. Que los procesos sean transparentes y dignos para la ciudadanía”.

Lanzo un mensaje a la Generalitat para que reaccione y revierta la normativa

Isabel Rodríguez

— Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

Rodríguez también ha defendido endurecer los procedimientos para evitar conflictos de interés: “Ningún empleado podrá concurrir a estos procesos, los procesos serán ante notario”. Además, ha anunciado que su departamento “va a explorar sus competencias” para reforzar la transparencia en adjudicaciones que dependen de otras administraciones.

En ese marco, ha contrapuesto la “opacidad y desregulación” que atribuye a la Comunidad Valenciana con el modelo de transparencia que, según ha dicho, debe regir en las adjudicaciones de la Entidad Estatal de Vivienda.

La ministra ha cerrado su intervención con un ataque político directo al PP: “Adquirir una vivienda de protección pública es un derecho, no un mercadeo. Han pasado de privatizar hospitales a privatizar los demandantes de vivienda”.

Con el caso Les Naus aún abierto y con comisiones de investigación en marcha o en trámite, el Gobierno traslada ahora el foco a la normativa autonómica: revertir los umbrales y, sobre todo, recomponer los controles para que el acceso a la vivienda protegida no vuelva a quedar bajo sospecha.

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