La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación

La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, beneficiaria de una vivienda en el residencial Les Naus, está acusada en una causa por prevaricación que la sentará en el banquillo junto a varios cargos de la corporación de Crevillent. La actual tesorera municipal de Sant Joan, Sira Pérez, tomó posesión del cargo el pasado mes de octubre.

Según anunció en redes sociales el gobierno local, regresó a su puesto de trabajo después de seis años desempeñando funciones en la Generalitat, concretamente en la Intervención Delegada de los servicios territoriales en Alicante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública. Pérez ejerció como interventora desde septiembre de 2019, durante el gobierno del Botànic, hasta septiembre de 2025, ya con el PP al frente del Consell. La habilitada nacional es una de las 140 personas adjudicatarias de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus.

En la causa por la que se sentará en el banquillo se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación y prórroga del contrato del servicio de conserjes y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales de Crevillent, externalizado a la empresa Tot Sport Crevi S.L., vinculada al entorno familiar del entonces coordinador de Deportes del Ayuntamiento, Francisco Manuel Serna González. Pérez está imputada por haber formado parte de la mesa de contratación que validó algunas de las decisiones ahora cuestionadas judicialmente.

Delitos

La Fiscalía acusa por delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Para los políticos, excepto una edil, solicita penas de hasta 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación; eleva la petición a 7 años y 9 meses para el excoordinador y su hijo, y la fija en dos años para las funcionarias y la concejala. También reclama la restitución de los 53.365 euros presuntamente abonados por trabajos no realizados.

El juicio está señalado para el próximo mes de noviembre en una de las secciones desplazadas en Elche de la Audiencia Provincial de Alicante. La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Elche, la magistrada Iris Valero, decretó en su día la apertura de juicio oral contra quien fuera alcalde de Crevillent durante casi un cuarto de siglo, el popular César Augusto Asencio, y otras ocho personas, entre políticos, funcionarios y un empresario, por un presunto perjuicio a las arcas municipales de 53.365 euros. Entre ellos se encuentra Sira Pérez por su condición de miembro de la mesa de contratación que validó las presuntas irregularidades.

Según la investigación, el Ayuntamiento habría abonado más de 50.000 euros por servicios que no llegaron a prestarse en las instalaciones deportivas municipales a la empresa del hijo del entonces coordinador de Deportes. La magistrada fijó además una fianza de 90.000 euros que deberán prestar de forma conjunta y solidaria Asencio; los exediles de Deportes Manuel Moya y Pedro García; el excoordinador Francisco Manuel Serna; y su hijo Cayetano Ramón Serna, propietario de la mercantil adjudicataria, considerada responsable civil subsidiaria.

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas por el entonces alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva (Compromís). El fiscal anticorrupción Pablo Romero dio traslado al juzgado, lo que dio origen a varias piezas separadas, de las que esta es una de ellas.

Según el Ministerio Público, entre 2004 y 2018 los acusados, en connivencia con el entonces coordinador de Deportes y su hijo, realizaron las actuaciones necesarias para que el servicio fuera adjudicado de forma continuada al hijo de Serna, primero como empresario individual y posteriormente a través de la mercantil. Durante 14 años, sostiene la Fiscalía, se consolidó una situación de predominio que impedía la libre concurrencia en condiciones de igualdad.

Anticorrupción mantiene que, aunque los procedimientos de contratación guardaban una apariencia formal de legalidad, la adjudicación estaba predeterminada desde el inicio. Añade que, en algunos casos, se llegaron a pagar servicios no prestados, aplicando fondos públicos a fines ajenos al interés municipal, en perjuicio del erario.

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