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La comunidad educativa salva el primer peldaño para lograr una ley que garantice la climatización en las aulas

Las Cortes admite a trámite la iniciativa ciudadana y ahora se necesitan un mínimo de 10.000 firmas para seguir con la tramitación

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública reclama climatizar las aulas alicantinas

Áxel Álvarez

A. Fajardo

A. Fajardo

Primer peldaño superado para lograr una ley que garantice la climatización en las aulas de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Las Cortes ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la comunidad educativa para poner fin a las extremas temperaturas que sufren alumnos y profesores en los centros debido, sobre todo, al calor, pero también al frío.

La decisión, adoptada por la Mesa del Parlamento valenciano en la reunión de este martes, supone poder dar el pistoletazo de salida a la recogida de un mínimo de 10.000 firmas en un plazo de ocho meses para seguir adelante con su tramitación. La propuesta fue presentada la pasada semana por el grupo promotor encabezado por Rubén Pacheco Díaz.

La iniciativa ciudadana cuenta con el apoyo activo de la Confederación Gonzalo Anaya y las asociaciones de directores de Infantil, Primaria y Secundaria (ADEP-PV y ADIES-PV) que desde hace tiempo alertan sobre las altas temperaturas en las aulas y la necesidad urgente de una solución estructural, sostenible y equitativa.

Familias, sindicatos y representantes de directores han registrado la ILP en las Cortes, este miércoles

Familias, sindicatos y representantes de directores registraron la ILP en las Cortes la pasada semana / INFORMACIÓN

Garantizar condiciones térmicas adecuadas en las aulas no es un lujo, es una cuestión de salud, equidad y calidad educativa

Rubén Pacheco

— Promotor de la iniciativa ciudadana

La medida plantea un plan integral de climatización sostenible para los centros educativos públicos, la incorporación de energías renovables, criterios de equidad para que todos los centros tengan las mismas garantías, así como dotación económica.

Desde el grupo promotor se ha valorado muy positivamente esta decisión, que reconoce la legitimidad de una demanda ampliamente compartida por la comunidad educativa. “Garantizar condiciones térmicas adecuadas en las aulas no es un lujo, es una cuestión de salud, equidad y calidad educativa”, ha señalado Rubén Pacheco, portavoz y responsable legal de la ILP. Ha agradecido la admisión a trámite porque representa un avance importante en la defensa de unos centros educativos dignos, seguros y adaptados a la realidad climática actual, y refuerza el papel de la participación ciudadana en el impulso de cambios legislativos.

Oleada de protestas

Están dispuestos a atajar lo que se ha convertido en un problema de seguridad en los colegios e institutos, donde este curso los estudiantes han sufrido mareos e incluso lipotimias que han hecho necesaria la atención sanitaria. Un riesgo para la salud que desató numerosas protestas de la comunidad educativa en las tres provincias nada más arrancar el nuevo curso y que llevó incluso a centros de Alicante, Elche y de la Vega Baja a pedir a las familias la aportación ventiladores para sobrellevar el calor. Este invierno también ha habido problemas en centros de San Vicente del Raspeig y de Orihuela por la rotura de calderas, lo que ha llevado a alumnos a estar con los abrigos en clase.

El departamento, dirigido por Carmen Ortí, está actualmente en fase de diagnóstico previo de las instalaciones educativas de la Comunidad Valenciana para detectar una a una las deficiencias y necesidades que tienen los colegios e institutos. Una tarea que se prevé que sea ardua y farragosa, dados los más de 2.000 centros existentes, por lo que hasta el próximo curso 26-27 no está previsto que esté culminado el anunciado como "plan director del confort térmico" y que, a partir de ahí, pueda comenzar su implantación.

Educación está analizando las necesidades de los centros para presentar un plan director el próximo curso

Para su redacción, la Administración autonómica va a basarse en las directrices que marca la directiva europea UE 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Esta norma establece cero emisiones en todos los edificios públicos nuevos y existentes para el año 2030.

Según la conselleria, el plan en el que está trabajando contemplará medidas de eficiencia energética y mejora de instalaciones, como pueda ser la eléctrica, dado que es fundamental para asumir cualquier medida, cuestiones que vienen incorporadas en todos los nuevos centros construidos o en construcción.

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