La jueza da diez días al Ayuntamiento de Alicante, a Vivienda y a la cooperativa para que le envíen la documentación de Les Naus

Diez días. Este es el plazo que ha dado el juzgado que investiga la polémica adjudicación de viviendas protegidas en Les Naus para que el Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Vivienda y la gestora de la cooperativa, gestionada por la mercantil Fraorgi, le remitan toda la información que dispongan sobre el complejo residencial de la Condomina. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, Amparo Rubio, ha dictado una providencia por la que acuerda las primeras diligencias de investigación en esta causa tras recibir ese lunes la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, tal y como adelantó este diario.

En concreto, ha acordado reclamar documentación al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda y a la Cooperativa de Residencias Les Naus cuya aportación al procedimiento ha solicitado el Ministerio Público. Todos los expedientes que les lleguen serán remitidos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional para ser analizados de manera exhaustiva.

Los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, han pedido también a la magistrada que reclame a Vivienda el resultado de las investigaciones que está llevando a cabo para comprobar si los 140 adjudicatarios realmente cumplen los requisitos para acceder a este tipo de vivienda protegida.

En el punto de mira están los informes recopilados sobre los criterios de adjudicación y los expedientes individuales de cada vivienda. Esa documentación se va a examinar con lupa, así como la lista de interesados en la promoción para comprobar, entre otras cuestiones, si se ha seguido el orden de ingreso de los interesados.

La Administración Local y Autonómica ya han puesto en marcha distintas iniciativas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, el martes se envió a la Policía Local a Les Naus para comprobar que, efectivamente, los adjudicatarios de los inmuebles son las personas que allí residen, tarea que aún no ha concluido.

Denuncias

El Ministerio Público formalizó el pasado lunes en el juzgado la denuncia que ha interpuesto por las presuntas irregularidades en las que, de entrada, aprecia indicios de al menos cuatro delitos: prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios y aprovechamiento de información privilegiada. Esto a expensas de que el resultado de las pesquisas obligara a ampliar o modificar los cargos. Tal como adelantó este diario, la magistrada Rubio abrió una investigación tras la denuncia presentada por el sindicato ultra Manos Limpias.

La jueza, como marca la ley, reclamó entonces las denuncias interpuestas hasta ese momento en la Fiscalía por el PSOE, Sumar, el Ayuntamiento de Alicante y Vivienda. Tras la denuncia inicial, Manos Limpias ya ha presentado una querella por estos hechos, requisito necesario para ejercer la acción popular en el procedimiento. La magistrada les ha fijado una fianza de 3.000 euros para poder estar personados.

La denuncia de la Conselleria de Vivienda se centra en uno de los técnicos encargados de validar los expedientes, Roberto Palencia, que dio luz verde al de su mujer, arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, con datos no veraces. El técnico ya ha sido expedientado y está suspendido de empleo y sueldo. Menos concreta es el Ayuntamiento, aunque pone el foco en el arquitecto municipal Francisco Nieto, que intervino en el expediente y es propietario de un piso en Les Naus.

El PSOE, por su parte, apunta directamente a la ya exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; a la que fuera directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, la funcionaria María Pérez-Hickman; al citado arquitecto municipal; al administrador único de Fraorgi S. L., Francisco Ordiñana; y a los miembros de la Junta de Gobierno Local del Consistorio alicantino.

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