Las viviendas protegidas de Alicante monopolizan la vuelta a las Cortes: “El PP hará sus congresos en la piscina de Les Naus”
El PSPV abre el pleno con la exigencia a Pérez Llorca de cesar a Camarero y pedir la dimisión de Barcala mientras el presidente se defiende con el Plan Vive y el envío del caso a la Fiscalía y trata de extender el foco al Botànic

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares / Alex Domínguez
Era la primera sesión de control a Juanfran Pérez Llorca y, aunque la dana sigue presente, la vivienda protegida de Alicante ha sido la gran protagonista. El escándalo se ha colado en el pleno de las Cortes desde el primer minuto, sin esperar al debate de la comisión de investigación ni a su votación. Les Naus ha abierto la sesión de control al presidente y ha fijado el guion del día. La oposición ha elevado el caso a símbolo político y el Consell ha intentado devolver el golpe con el Plan Vive, la herencia del Botànic y la vía judicial.
El síndic del PSPV ha puesto el listón alto y ha pedido consecuencias inmediatas. En su primera intervención, José Muñoz ha reclamado a Pérez Llorca el cese de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y que el presidente exija también la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Lo ha hecho con una intervención de tono bronco y trufada de nombres propios: “El congreso del PP se hará en la piscina de Les Naus”. El socialista ha presentado el caso como un ejemplo de privilegios, ha reclamado que la Generalitat actúe y le ha exigido responsabilidades políticas al presidente.
El "cártel de la vivienda"
"La primera medida de la Oficina Antiokupa debe ser desalojar a los cargos del PP que están ocupando viviendas de alto standing", ha explicado el síndic socialista, que ha hablado de "cártel de la vivienda" en Alicante y ha contrapuesto la situación con los tres días de cola en Alzira para obtener una reserva para una vivienda pública. Su ofensiva ha sumado las repreguntas de los diputados, de un minuto, a los consellers poniendo en esta cuestión toda la carne en el asador del control al gobierno autonómico.
Con ocho años del Botànic se hicieron cero viviendas, con el Plan Vive ya sumamos 4.800
La respuesta de Pérez Llorca ha buscado cambiar el marco. “Mi modelo de vivienda es el Plan Vive”, ha replicado, antes de reivindicarlo como “política útil” y de contraponer cifras: “Ustedes 0 viviendas en el Botànic en ocho años, la política útil 4.800 viviendas”. El presidente ha insistido en el apoyo municipal al plan y ha tratado de situar el debate en términos de gestión y resultados, frente al retrato de escándalo.
El choque se ha mantenido en la segunda intervención de Muñoz, que ha apretado con el decreto de 2024 como origen del caso y ha vuelvo a exigir la dimisión de Barcala y la salida de Camarero. También ha señalado a Vox por su posición en el debate: “Vox está muy callado y es cómplice. La vivienda no es un negocio, es un derecho”. El tono se ha endurecido y el relato socialista ha intentado fijar el caso como un “modelo” de acceso a vivienda protegida a través de vínculos y posiciones.
Dijeron que iba a ser la legislatura de la vivienda y tenían razón, la suya, la de sus amiguetes
Pérez Llorca ha contestado con un argumento que el Consell ha repetido durante el pleno: investigación interna, suspensión del funcionario investigado y traslado del asunto a la Fiscalía. En el mismo bloque, el presidente ha negado que se hubieran “quitado requisitos” y ha defendido los supuestos que elevan el umbral de renta, vinculados a cargas familiares, dependencia o discapacidad. Su réplica ha evitado el cuerpo a cuerpo en el plano político del cese de Camarero, pero se ha apoyado en la idea de “poner orden” y reforzar controles.
En el bloque de control, la diputada socialista María José Salvador ha atacado el decreto del Consell y ha sostenido que en Les Naus no había accedido “ningún colectivo vulnerable”. Camarero, por su parte, ha defendido que la promoción se construyó “con el decreto del Botànic” y que la calificación provisional venía de la etapa anterior, además de reiterar que el Consell ha actuado y ha llevado el caso a Fiscalía.
En Alicante la vivienda ha subido un 20 % los últimos años y el PP se la regala a la jet set alicantina
El intercambio se ha llenado de nombres. Desde el PSPV, José Díaz ha preguntado cuántos “jetas” hacían falta para exigir la dimisión de Barcala y ha retratado el acceso a la vivienda por los “despachos del PP”. Desde el Consell, el portavoz, Miguel Barrachina, ha elevado el tono con una referencia a Koldo García: “Las únicas viviendas entregadas por el PSOE en Alicante con dinero público son las cuatro de Koldo”.
El debate no ha terminado con la sesión de control al presidente. Ya en el bloque de preguntas al Consell, el PSPV y Compromís han vuelto a situar Les Naus en el centro con dos intervenciones dirigidas a Camarero. José Díaz le ha reprochado un cambio de discurso y ha rematado con una idea que extiende el caso al resto de la legislatura: “Dijeron que iba a ser la legislatura de la vivienda y tenían razón. La suya, la de sus amiguetes”. La vicepresidenta ha respondido defendiendo que ahora hay “controles” y asegurando: “Seguiremos reforzando tanto como sea necesario los controles en las VPP para que nadie se pueda saltar la norma”.
Hemos pedido una comisión de investigación porque ya afecta a la Generalitat, no solo a lo local
En la segunda pregunta, la valencianista Maria José Calabuig ha lanzado otro dardo directo: “¿Desde cuándo se tiene que tener carnet del PP para acceder a una vivienda protegida?”. Camarero ha replicado sosteniendo que los requisitos eran los mismos que en la etapa anterior y ha cerrado el bloque volviendo al mismo marco del Botànic como origen normativo y el Plan Vive como hoja de ruta.
A la espera de la comisión de investigación, el pleno ha demostrado que lo ocurrido en Les Naus ya no se discute como un episodio local, sino como un choque de modelo y de responsabilidades. El PSPV insiste en ceses y dimisiones y Compromís pone el foco en el acceso y la transparencia. Por su parte, Vox reclama una investigación “porque esto afecta a la Generalitat” y el Consell defiende que ha actuado y que el relato de la oposición “se desmonta” con el origen del expediente.
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