Vox pedirá normas para impedir el fraude en viviendas protegidas mientras mantiene su silencio sobre el futuro de Barcala en Alicante

Vox mueve ficha con el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, aunque sigue instalado en el silencio respecto al futuro del alcalde, Luis Barcala. La formación de ultraderecha presenta una iniciativa al pleno municipal para "evitar la corrupción", mientras continúa evitando pronunciarse sobre la reprobación y petición de dimisión que la izquierda ha presentado contra el regidor popular.

Los de Abascal han registrado una declaración institucional para que se debata en la sesión ordinaria de este mes de febrero, prevista para el jueves 26, encaminada a "instar al equipo de gobierno a tomar determinadas medidas para evitar la corrupción". En la exposición de motivos, sin embargo, los ultras pasan de puntillas por las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas a cargos del PP y personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat. De hecho, no mencionan ninguno de los casos concretos que han sido destapados por este diario: como el de la exconcejala de Urbanismo (que junto con su suegro y su excuñada suman tres viviendas); la jefa de Contratación (con dos hijos y un sobrino en la polémica promoción); dos arquitectos municipales; y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, que ostentó el mismo cargo el pasado mandato en el Ayuntamiento, vinculado con otro piso, propiedad de la madre de sus hijas a la que aseguró no conocer.

Desde Vox reclaman que el equipo de gobierno envíe una "instrucción interna" que recoja de forma expresa "la prohibición de utilizar para fines privados o en beneficio de terceros cualquier información no pública

En su propuesta, Vox plantea la creación de "un mapa municipal de puestos y funciones" que se encuentren "especialmente expuestos" al uso de información que no sea de carácter público. Dicho documento, sería de uso interno y debería ser revisado anualmente, sirviendo como base para la aplicación del resto de medidas contempladas en la iniciativa. En este sentido, la formación de ultraderecha desvía el foco de la responsabilidad municipal y autonómica, aprovechando para señalar al Gobierno de España. Los de Abascal piden instar al Ejecutivo a "impulsar las modificaciones legales oportunas con el fin de establecer un sistema de comunicación de obtención de beneficios públicos", dirigido a los funcionarios y el personal laboral de las administraciones.

Además, desde Vox reclaman que el equipo de gobierno envíe una "instrucción interna" que recoja de forma expresa "la prohibición de utilizar para fines privados o en beneficio de terceros cualquier información no pública conocida en el ejercicio de su puesto". En la misma línea, abogan por la creación de un canal interno de denuncias anónimas, "para la comunicación de posibles usos indebidos de la información o de situaciones de conflictos de intereses".

En cuanto al resto de propuestas del pleno, en las que se incluye una petición de dimisión dirigida al alcalde, Luis Barcala, acompañada de la reprobación del regidor, la postura de Vox sigue siendo la misma desde que exigiera la renuncia del dirigente popular el pasado pleno: "No hay declaraciones".

La izquierda aprieta con la polémica

La oposición progresista, por su parte, busca convertir el pleno en un nuevo debate que gire exclusivamente en torno a la crisis de las viviendas protegidas. Entre las iniciativas anunciadas por los grupos, destaca la petición de dimisión del alcalde, cuyas expectativas de prosperar siguen en el aire, a la espera de que Vox, que guarda silencio desde hace más de una semana, manifieste su postura.

Además, se planteará la creación de una comisión de seguimiento de las futuras promociones de vivienda protegida en Alicante, incluyendo tanto las de titularidad municipal como las del Plan Vive de la Generalitat. También se presentará una iniciativa relativa al futuro edificio de la calle Ceuta, para que el gobierno local recupere su intención de impulsar una promoción pública.

Por otra parte, se reclamará "acabar con el Plan Vive", para modificar el sistema y pasar de la venta de suelo a cambio de la cesión de un porcentaje de viviendas a un modelo de alquiler social asequible. A su vez, se abordará la necesidad de declarar Alicante ciudad tensionada, ante los graves problemas de acceso a la vivienda que atraviesa la capital de la provincia.

Suscríbete para seguir leyendo