Vox mantiene la presión sobre Barcala en las Cortes: pide su dimisión en el debate de la comisión de investigación de las vivienda protegidas de Alicante

Vox ha decidido insistir en las Cortes en su presión sobre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, poniendo sobre la mesa de nuevo la petición de dimisión en pleno debate sobre la comisión de investigación del caso Les Naus. El movimiento llega después de días sin declaraciones de los ultras en Alicante, tras exigir la renuncia del regidor en el pleno extraordinario que se celebró con motivo del escándalo, y a las puertas de la votación este jueves en la Cámara autonómica.

El mensaje lo ha trasmitido el diputado de Vox Miguel Pascual, que ha reprochado al regidor popular no haber estado a la altura del caso y ha sostenido que “el alcalde debería haber dimitido desde el minuto 1 por propia decencia”. En su intervención, Pascual se ha apoyado en la idea de que su equipo de gobierno “ya había sido alertado” y en que “parece que todo el ayuntamiento era conocedor de esta promoción salvo el alcalde”, para cuestionar el relato de desconocimiento que Barcala ha esgrimido desde el estallido del caso.

En el PP no tenemos nada que tapar ni ocultar, por eso fuimos a la Fiscalía

Nando Pastor

— Síndic del PP

El giro ultra, tras dos semanas de silencio, se produce, además, en un momento clave para el control de la futura investigación parlamentaria. El PP ya ha anunciado que respaldará la propuesta de Vox para constituir la comisión y el síndic popular Nando Pastor lo ha verbalizado en el pleno de este miércoles: “Votaremos a favor de la comisión del grupo Vox”. Con ese respaldo, la iniciativa registrada por los de Abascal se perfila como la que saldrá adelante en la votación de este jueves, lo que abre la batalla posterior: el plan de trabajo, el ritmo de las comparecencias y, en último término, el perímetro real de la investigación con el recuerdo más que actual de la comisión de la dana.

La dureza de los de Abascal en el parlamento contrasta con el silencio municipal tras reclamar la salida del regidor alicantino

En el debate, Compromís y el PSPV han intentado fijar un marco opuesto, el de que el escándalo tiene responsables políticos y que la comisión no debe convertirse en un trámite para “pasar página”, sino en un mecanismo de depuración y de transparencia. La diputada valencianista Maria José Calabuig ha cargado contra el modelo del PP y ha situado el caso en un contexto de crisis habitacional, mientras el socialista José Díaz ha defendido que la comisión es “una obligación democrática” y ha advertido de que no aceptarán una investigación “al servicio del PP y Vox”.

No vamos a permitir que la comisión sea una farsa al servicio del PP y Vox

José Díaz

— Diputado autonómico del PSPV

El PP ha respondido con una defensa en dos planos. Por un lado, ha reivindicado las medidas adoptadas tras conocerse el caso —dimisiones, ceses y la suspensión del técnico autonómico— y ha destacado que el asunto está en la Justicia. Por otro, Pastor ha abierto un carril de choque con la izquierda a base de nombres y episodios ajenos al caso, con referencias al hermano de Ximo Puig, al exmarido de Mónica Oltra o a una supuesta financiación desde Venezuela, además de reprochar al PSPV y Compromís su posición en la comisión de la dana. El socialista Díaz ha replicado acusándole de mentir y de intentar embarrar el debate y ha sostenido que la primera denuncia ante Anticorrupción la registró el grupo municipal socialista en Alicante, aunque realmente fue Sumar.

En ese cruce, Vox ha intentado presentarse como el grupo que impulsa la comisión sin “mirar a otro lado”, pero su intervención ha trasladado la exigencia de dimisión de Barcala al escenario autonómico justo cuando el PP le entrega su voto para que la comisión nazca con sello ultra. La secuencia contrasta con los silencios encadenados en Alicante durante las últimas semana, mientras la oposición municipal plantea la reprobación del alcalde y se agitaba el debate sobre una más que improbable moción de censura.

Este escándalo tiene nombres y apellidos: Mazón, Camarero y Pérez Llorca

Maria José Calabuig

— Diputada autonómica de Compromís

El debate de la comisión se ha celebrado, además, con el pleno todavía marcado por el choque de la mañana en la sesión de control al presidente, Juanfran Pérez Llorca, la primera desde que lidera el Consell. En ella, el síndic socialista, José Muñoz, ha abierto fuego con la exigencia de cesar a Susana Camarero, responsable de Vivienda, y pedir la dimisión de Barcala. “El PP hará sus congresos en la piscina de Les Naus”, ha manifestado con sorna, a la vez que ha añadido que "la primera medida de la Oficina Antiokupa debe ser desalojar a los cargos del PP que están ocupando viviendas de alto standing", ha explicado el síndic socialista, que ha hablado de "cártel de la vivienda". 

Pérez Llorca ha tratado de cambiar el marco con el Plan Vive y con la vía judicial, defendiendo que el Consell ha actuado y que el relato de la oposición “se desmonta” por el origen del expediente. La discusión se ha prolongado después en preguntas a la vicepresidenta primera, con un cruce de reproches y un uso constante de nombres como munición.

Barcala debería haber dimitido desde el minuto 1 por decencia propia

Miguel Pascual

— Diputado autonómico de Vox

A la espera de la votación, la aritmética parlamentaria deja la evidencia de que habrá comisión y, salvo sorpresa, nacerá con la propuesta de Vox y con el aval del PP. La incógnita que queda por despejar es si esa alianza se traduce en una investigación útil o en un perímetro acotado y, sobre todo, si el endurecimiento del discurso ultra contra Barcala se mantiene cuando toque fijar comparecientes, documentación y prioridades.

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