El escándalo de la vivienda protegida de Alicante se investigará en las Cortes con la comisión impulsada por Vox y apoyada por el PP

El escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas en Alicante tendrá comisión de investigación en las Cortes. La Cámara ha aprobado la creación de una comisión no permanente tras prosperar la propuesta registrada por Vox, que ha contado con el voto a favor del PP, tal y como los populares venían anticipando en los días previos. La izquierda había presentado iniciativas propias pero el resultado parlamentario deja el foco en el texto de Vox y en el reparto de fuerzas que lo sostiene.

Más allá del acuerdo formal, la lectura política se desplaza ahora a lo que vendrá después: la constitución de la comisión, la elección de su mesa —presidencia, vicepresidencia y secretaría— y el plan de trabajo que fijará comparecencias, documentación y calendario. Es ahí donde el tándem PP–Vox aspira a marcar el ritmo. La experiencia de la comisión de investigación de la dana, presidida por Miriam Turiel (Vox), ha convertido esa discusión en un asunto sensible para la oposición, que ha denunciado en distintas ocasiones una rebaja de la intención política y el papel secundario otorgado a las principales asociaciones de víctimas en el arranque de los trabajos.

La votación llega tras dos días en los que Les Naus ha monopolizado el pleno. En la sesión de control al presidente, Juanfran Pérez Llorca, el PSPV abrió el debate exigiendo el cese de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y reclamando que se pidiera la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala. A continuación, el caso volvió a colarse en las preguntas a Camarero, con un choque de acusaciones sobre el origen del expediente, los controles y el marco normativo, en un intercambio que se fue poblando de nombres y referencias cruzadas para disputar responsabilidades.

En el debate sobre la propia comisión Vox elevó la presión sobre Barcala en sede autonómica y recuperó la exigencia de dimisión que la formación ya había verbalizado en el pleno extraordinario celebrado en Alicante por el escándalo. El diputado Miguel Pascual lo expresó con contundencia: “El alcalde debería haber dimitido desde el minuto uno por decencia propia”. Ese tono contrasta con el silencio mantenido por el grupo municipal en Alicante en los días posteriores a aquel pleno, sin declaraciones ante movimientos de la oposición local y preguntas sobre el futuro del alcalde.

La iniciativa en las Cortes de Vox, respaldada por el PP, introduce matices relevantes: fija un plazo más corto para constituirse (15 días naturales) y amplía el plazo máximo del dictamen hasta 12 meses, además de dejar el alcance sobre otras promociones de la legislatura a lo que se acuerde en el plan de trabajo. Esa flexibilidad será, previsiblemente, uno de los puntos de fricción en la negociación posterior.

El precedente de la dana alimenta las dudas del control de la derecha sobre la mesa y las comparecencias

El debate parlamentario ha convivido, además, con el movimiento institucional en Alicante. Barcala ya ha iniciado los trámites para activar la comisión municipal de investigación en el Ayuntamiento tras la presión de la izquierda y después de que el pleno aprobara por unanimidad su creación. La oposición municipal ha anunciado para el pleno del día 26 una iniciativa con reprobación y petición formal de dimisión del alcalde, en una ofensiva que busca trasladar el desgaste del caso desde la investigación técnica a la responsabilidad política.

Barcala ha designado como responsables del organismo al vicealcalde, Manuel Villar, y al recién nombrado concejal de Urbanismo, Antonio Peral, en sustitución de la dimitida Rocío Gómez, con el objetivo de convocar cuanto antes el encuentro de arranque.

La comisión municipal fue aprobada para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en promociones de vivienda pública sobre suelo municipal ya licitadas o por licitar, tanto del Ayuntamiento como en el marco del Plan Vive. Además de Villar y Peral participarán Ana Barceló y Silvia Castell (PSOE), Carmen Robledillo y Mario Ortolá (Vox), Rafa Mas y Sara Llobell (Compromís) y Manolo Copé (EU-Podemos).

Con la comisión autonómica ya aprobada, el foco se desplaza de la votación al control. La oposición sostiene que la utilidad real dependerá de si la comisión puede operar con autonomía y transparencia o si queda condicionada por la mayoría que la impulsa. El PP y Vox, por su parte, defienden que el caso debe esclarecerse con comparecencias y documentación. A partir de ahora, la partida se jugará en la mesa de la comisión y en la lista de nombres que acaben sentándose a declarar.

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