Barcala sobre la polémica adjudicación de viviendas protegidas en Alicante: "Quien debe responder es la cooperativa"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha vuelto a comparecer este viernes (por sorpresa y sin preguntas) para dar explicaciones sobre el escándalo de las viviendas protegidas. En este sentido, el regidor ha señalado que el Ayuntamiento "no ha participado en nada en esa adjudicación" y que, por este asunto, "deberá responder la cooperativa".

El dirigente popular ha incidido además en que "la primera persona que ha incumplido la normativa" ha sido el funcionario de la Generalitat, de la Dirección Territorial de Vivienda, que debía validar a los demandantes de inmuebles protegidos, ahora suspendido de empleo y sueldo. "Este Ayuntamiento ni ha adjudicado ni ha validado el cumplimiento de los requisitos por parte de los adjudicatarios", ha añadido el alcalde.

Esta nueva comparecencia, convocada con solo nueve minutos de antelación y que se ha iniciado sin la presencia de los medios, Barcala ha recordado que, por parte del Ayuntamiento, "se han asumido las responsabilidades políticas que corresponden" al ámbito municipal.

En este sentido, el alcalde incide en que "tanto la exconcejala de Urbanismo ha dimitido, como la directora general que fue nombrada", aunque María Pérez-Hickman continúa en su cargo de jefa de Contratación. En su declaración, el regidor ha manifestado que el gobierno local ha tomado "todas las medidas a su alcance para esclarecer lo que ha ocurrido con esas viviendas" entre las que destaca la apertura de un expediente de averiguación y a funcionarios, la denuncia presentada ante la Fiscalía, la comisión de investigación impulsada por la oposición de izquierdas o la anunciada previamente inspección policial para comprobar quién reside en los polémicos inmuebles protegidos.

Explicaciones

Las palabras del regidor llegaron solo unas horas después de que eldiario.es publicara que "la mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, y en la que nunca vivió". El digital asegura que "Sagrario Martín compró la vivienda vía subrogación en el año 2006, en concreto a través de un préstamo de 68.489,73 euros de Caja Madrid; con un plazo de 132 meses y fecha de vencimiento del 27 de julio de 2016".

En el piso, en cuestión, de acuerdo con la noticia del citado medio, "reside una mujer que abona un alquiler mensual" mientras que, cuando adquirió la vivienda, "Sagrario Martín y Luis Barcala estaban casados desde hacía 15 años y compartían un despacho de abogados". En respuesta a esta información, Barcala ha explicado este viernes que "lo comprado es vivienda de nueva construcción de protección pública, calificada definitivamente el 28 de abril de 2005 por la Conselleria de Territori i Habitatge”.

En esa calificación, según las declaraciones del alcalde, "hay doce viviendas dentro del edificio que son para alquiler, no para uso propio de los compradores; y el promotor puede venderlas de alquiler a terceros que asuman el mismo compromiso, que es lo que se ha hecho en este caso. Como el comprador no la va a usar, no se le exige más requisito que respetar el régimen de arrendamiento por el plazo previsto y con la renta máxima fijada oficialmente".

De acuerdo con lo expuesto por Barcala, "la obligación del comprador no es ocuparla, de hecho no es para uso propio, sino destinarla a arrendamiento dentro de los precios máximos establecidos, tal y como establece la autorización de venta de 24 de mayo de 2006 concedida por la Conselleria de Territori i Habitatge; y eso es lo que se ha hecho desde el inicio hasta la actualidad, con arrendamientos por debajo del precio máximo en todo caso. La información de precios máximos obtenida en su día así lo deja claro".

En su comparecencia de este viernes, Barcala ha asegurado que el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante se ha convertido en "una sucia campaña de acoso y derribo" contra él. "Me siento víctima de una cacería en la que absolutamente todo vale con tal de difamar, ensuciar y emponzoñar", ha apuntado el dirigente popular. Sobre las polémicas adjudicaciones del residencial Les Naus destapadas por INFORMACIÓN, que han acabado en manos de personas vinculadas con el PP, el Ayuntamiento y la Generalitat, el regidor insiste en que ha dejado clara su "profunda indignación" con el asunto, y que el gobierno local ya ha emprendido todas las acciones que le correspondían.

La oposición insiste en la dimisión

Para la portavoz del PSOE, Ana Barceló, todas las explicaciones que pueda dar el alcalde son insuficientes, por lo que insiste en exigir la dimisión de Barcala. "Lo que estamos conociendo estos días no es solo una cuestión legal, es una cuestión ética", ha manifestado. Según ha explicado Barceló, "en Alicante se está viendo cómo personas vinculadas al Partido Popular acceden a vivienda protegida no para vivir en ella, sino para especular o mantener beneficios que no les corresponden".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, se ha mostrado sorprendido de las declaraciones del alcalde: "Acusa a Compromís de haber repartido viviendas a los del Partido Popular, ¿está muriendo matando?". Para el edil valencianista, la comparecencia del regidor ha sido una representación "del mundo al revés", ya que "una cacería es lo que hicieron pleno tras pleno con Mónica Oltra".

En este sentido, Mas ha sido muy contundente con el dirigente popular: "¿Qué ha pasado con esta trama corrupta que trafica con nuestro suelo? ¿Por qué avisó de antemano de que iba a enviar a la Policía, dando tiempo para que hicieran la mudanza? Que deje de soltar mierda a diestro y siniestro, porque no está colaborando con la Justicia, está obstruyendo".

Del mismo modo, Esquerra Unida-Podemos niega que exista ninguna "cacería" y sitúa el debate en el modelo de vivienda pública. "No vamos a entrar en el ruido ni en los victimismos", ha indicado su portavoz, Manolo Copé. "Que la esposa del alcalde tenga una VPO alquilada puede que sea legal; la cuestión es otra: ¿es justo, ético y responde al espíritu con el que nacieron las viviendas protegidas?".

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