De Alicante a Málaga, de Valencia a Extremadura

El pasado 29 de enero, este diario destapaba el escándalo de vivienda protegida pública (VPP) de Les Naus, una urbanización en una zona privilegiada de Alicante cerca del mar. Esta promoción de unas 140 viviendas es la primera iniciativa de este tipo en la ciudad en dos décadas y está equipada con toda clase de comodidades: piscina, pistas de pádel y una ubicación de ensueño.

Sin embargo, la investigación destapó posibles irregularidades. Entre los adjudicatarios, salidos de unas listas que no fueron públicas, figuraban nombres como el de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP) o familiares de María Pérez-Hickman, una directora general del Ayuntamiento de Alicante.

Plasencia para un proyecto al ver que una parcela cedida para once viviendas no es municipal

El mismo día que el diario destapó el escándalo, Pérez-Hickman dimitió de su cargo político en el consistorio. Al día siguiente llegó la renuncia de la concejala Rocío Gómez. A raíz de este escándalo, de extraordinario calado a nivel provincial pero también nacional, otros casos de irregularidades, ocurridos todos hace escasos meses, han aparecido en el debate público.

El 12 de febrero, el diario La Opinión de Málaga, de Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial que este medio, publicó que el PSOE había elevado al Ayuntamiento de Málaga una denuncia sobre lo que consideran «sospechas de presuntas irregularidades» en el proceso de adjudicación de viviendas protegidas en la ciudad.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, subrayó que «cuando el suelo es público y hay participación municipal, no puede ser que una empresa privada decida quién recibe una vivienda», cobrando aún más relevancia este debate por el escándalo de Alicante.

Más de dos años de retraso

Uno de los casos más alarmantes es el de la promoción de VPO en la malagueña avenida Ingeniero José María Garnica, cuya entrega se ha retrasado más de dos años. «Las viviendas están prácticamente finalizadas, pero las obras siguen paradas. Esto impide que 35 familias puedan acceder a un derecho básico y desarrollar una vida normalizada», lamentó Pérez. Recalcó, además, que los primeros adjudicatarios de las viviendas no pudieron elegir ni la vivienda ni la orientación deseada.

El diario Levante-EMV, de Prensa Ibérica, publicó hace unos días que al Plan + Vivienda del Ayuntamiento de València le ha salido un lunar que está por ver si es inofensivo. El conflicto ha surgido con un edificio de 39 VPO en el barrio de Patraix que la ciudad iba a comprar a una promotora, pagándole con una permuta de cuatro solares municipales. El ayuntamiento se desprendía de terrenos con capacidad para 200 viviendas protegidas pero preveía hacerse casi de inmediato con varias decenas de pisos para destinarlos a alquiler asequible, habida cuenta de la urgencia de vivienda ampliamente documentada.

Arrecian críticas a que agentes privados decidan quién recibe un piso protegido cuando el suelo es de origen público

El grupo municipal socialista ha denunciado que parte de esas 39 viviendas estaban ya comercializadas y el Ayuntamiento ha paralizado la operación hasta aclararlo todo.

Error

A veces no ocurren irregularidades per se, pero sí errores humanos que entorpecen la adjudicación de las VPO. Se trata del caso del plan de vivienda Habita Extremadura. Según una información de El Periódico de Extremadura, de Prensa Ibérica, publicada el 28 de noviembre de 2025, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda tendrá que repetir por un error urbanístico la primera gran licitación del Plan Habita, una iniciativa con la que la Junta de Extremadura pretende impulsar la construcción de más de 3.000 viviendas asequibles antes de 2027.

427 viviendas en Extremadura

El contrato para la redacción del proyecto de 427 viviendas en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público a mediados de noviembre, pero tuvo que anularse tras notificar el Ayuntamiento de Plasencia que una parcela cedida para levantar 11 viviendas no es de titularidad municipal.

Al tratarse de una infracción «no subsanable», el organismo tuvo que anular la licitación, asegurando que el retraso sería solo de 12 días. Tras un periodo similar, el error se subsanó, y la iniciativa sigue su curso.

Hay sospechas de irregularidades en un nuevo proceso de adjudicaciones en Andalucía

Más allá de irregularidades o errores, las viviendas protegidas son realmente necesarias en España, especialmente en zonas con altos precios de vivienda en las que las promociones asequibles han escaseado. Es el caso de Alzira, en Valencia. Según destacó el diario Levante-EMV, de Prensa Ibérica, la valenciana Promociones Iferga anunció hace escasos días el inicio de la construcción de 440 viviendas, de las que 123 serán de promoción protegida pública (VPP), mientras que las 318 restantes serán de renta libre. Será la primera en los últimos 20 años.

Unos días después de anunciarse la promoción, las colas de jóvenes alzireños que buscaban asegurarse una de las 123 VPO comenzaban a acumularse en la sede de la promotora. La empresa anunciaba que el martes 17 de febrero se abriría el plazo de prerreservas para poder optar a estas viviendas asequibles y que respetaría escrupulosamente el orden de inscripción, por lo que algunos jóvenes decidieron guardar cola desde primera hora de la mañana del sábado anterior para garantizarse el piso que han elegido sobre plano, a pesar de que quedaban por delante tres días y tres noches.

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