El TSJ da la razón al jefe de la Policía de Alicante: confirma la suspensión cautelar de la jubilación forzosa decretada por el gobierno de Barcala

Segundo pulso ganado por el jefe de la Policía Local, José María Conesa, al gobierno municipal de Alicante dentro de la batalla judicial abierta tras el intento del ejecutivo liderado por Luis Barcala de forzar la jubilación del mando policial, prevista inicialmente para abril de 2027.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Alicante frente al auto de la titular del juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante que en julio de 2025 paralizó cautelarmente la jubilación forzosa decretada por el ejecutivo municipal para agosto, cuando Conesa cumplía 65 años.

Así lo recoge una sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. La resolución reafirma el auto de la jueza de Alicante, al encontrar "adecuado" su razonamiento. "En cuanto a los perjuicios que la jubilación produce en el demandante, no hay duda de que se producen, alterando su estatus personal (de activo a jubilado) con el amplio espectro de consecuencias, personales y económicas, que ello implica, algunas de difícil reparación en caso de prosperar finalmente el recurso contencioso-administrativo sin haberse concedido la suspensión del acto impugnado", señala la sentencia del TSJ.

La misma resolución, por otro lado, añade, respecto a los intereses públicos o intereses en juego en general apuntados por el Ayuntamiento "de manera genérica", que "no se concretan en nada suficientemente sólido como para discrepar del criterio de la magistrada". En este aspecto se hace alusión a argumentos defendidos por los Servicios Jurídicos municipales, como que "funcionarios que ante la jubilación del comisario principal jefe del Cuerpo de Policía Local, pueden tener la legítima aspiración de ocupar dicho puesto" y al "derecho que le corresponde al Instituto Nacional de Seguridad Social de ejercer su competencia y atribución para declarar y reconocer, si procede, la jubilación del funcionario recurrente".

La jueza, en el auto de julio de 2025 que ordenó la suspensión cautelar del decreto de jubilación forzosa, acordó que el jefe de la Policía Local continuase "ejerciendo sus funciones habituales como comisario principal jefe hasta que se decida el pleito, comportando un beneficio para el interés público, en la medida en que queda cubierta la jefatura provincial por un profesional de amplia experiencia". Esa decisión ha encontrado ahora el aval del TSJ.

A la espera de sentencia

Esa misma jueza, la titular del juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, será la encargada de dictar sentencia en los próximos días sobre el fondo del asunto, tras la vista oral que se celebró el pasado miércoles. En ese juicio, el jefe de la Policía Local defendió a través de su abogado, Vicente Nogueroles, que su jubilación debe mantenerse en abril de 2027, para poder cotizar el máximo, a la vez que aseguró, a través de su abogado, que detrás del intento del gobierno de Barcala de forzar su dimisión subraye un fin "político" ante la pretensión de "controlar el proceso de elección por esta Corporación municipal, cuyo mandato acaba en mayo de 2027, de un puesto tal relevante como es el de comisario principal jefe de la Policía Local. Si la jubilación se produjera en abril de ese año, no les daría tiempo a realizar el cambio antes"

Ese decreto de la Concejalía de Recursos Humanos de marzo de 2025, cuya validez queda ahora en manos de la magistrada, subrayaba que la "Ley General de la Seguridad Social determina que la edad de jubilación ordinaria es la de 65 años para las personas que tengan acreditados 38 años y 3 meses de cotización". En cambio, apuntaba el decreto del gobierno de Barcala, "la edad de 66 años y 8 meses será la ordinaria para las personas que tengan acreditados menos de 38 años y 3 meses cotizados".

Y es que la principal discrepancia en este caso que enfrenta al jefe de la Policía Local y al alcalde de Alicante es el tiempo de cotización. Conesa defiende que, según el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), en abril de 2027 llegará al tiempo para garantizarse la pensión máxima, es decir, a los 38 años y 3 meses. "Si se le jubila ahora forzosamente perderá un 5,31 % de su pensión, y eso es para toda la vida. Él no quiere prolongar la jubilación más allá, sino que llegue cuando alcance la edad de jubilación, y todavía no ha llegado a ella según un informe del INSS", alegó su abogado, Vicente Nogueroles, el pasado miércoles.

Sin embargo, el gobierno local mantuvo ante la jueza que a lo cotizado como miembro de la Policía Local se debe sumar lo que devengó en la Armada, en una etapa de unos tres años previa a su llegada al Ayuntamiento de Alicante. "Si se suman ambas etapas, Conesa ha cotizado más de 39 años", añadió el abogado municipal, quien recordó que el ahora jefe de la Policía Local, cuando accedió a su puesto como funcionario, pidió que se incorporasen sus años en la Armada para contar con mayor antigüedad: "Y nadie puede ir contra sus propios actos. Él ha cobrado esos trienios gracias también a los años en la Armada. En este proceso, lo que sucede, es que se han intentado mezclar churras con merinas".

En respuesta a ese argumento del Ayuntamiento, el abogado de Conesa apuntó que, según la ley, es el trabajador quien tiene el derecho, que no la obligación, de pedir que se contabilice el total de tiempo cotizado en el caso de coexistir etapas en diferentes regímenes. "Es el interesado, y nunca la Administración, a quien le correspondería realizar la petición en el caso de haber cotizado cuotas en la Armada, un supuesto que negamos", recalcó la defensa de Conesa.

Relación distante

Ese choque judicial entre Conesa y el alcalde de Alicante es, al menos por ahora, el último capítulo de una tensa relación, que vivió un momento crítico con las oposiciones a la Policía Local marcadas por acusaciones de supuesto nepotismo. Un año y medio después de ese escándalo, que finalmente no tuvo consecuencias ni legales ni administrativas, el gobierno local impulsó a finales de 2023 un intento de reorganización del cuadro de mandos con un objetivo evidente: intentar controlar al actual jefe de la Policía Local.

El alcalde dio orden al concejal de Seguridad, Julio Calero, de promover una reestructuración de la cúpula del cuerpo policial del Ayuntamiento que, en la práctica, suponía concentrar en la mañana a todos los altos mandos, salvo a uno, el único que se quedaba en el turno de tarde. Sin embargo, esa maniobra duró poco, apenas dos meses ante la renuncia del mando elegido para "incrustarse" en el equipo más próximo de Conesa.

El máximo cargo de la Policía Local del Ayuntamiento de Alicante lleva en manos de José María Conesa desde mediados 2009, cuando fue nombrado por la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, en sustitución de Luis Gómez.

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