El Consell alerta al juzgado de posibles alquileres irregulares: se detectan residentes en viviendas de Les Naus de Alicante que no son los adjudicatarios

La inspección realizada por agentes de la Policía Local y el cruce del listado de los adjudicatarios con el Padrón municipal ha destapado posibles alquileres irregulares en Les Naus. O, al menos, viviendas en las que residen (y en ocasiones incluso están empadronados) personas distintas a los propietarios, quienes salvo expreso permiso de la Generalitat tiene la obligación de residir en los pisos en un plazo máximo de seis meses desde que firmaron la escritura de compraventa.

En concreto, la inspección señala tres viviendas. En dos de ellas están empadronados personas distintas a sus propietarios. En ambos casos, en pisos situados en una sexta y en una séptima planta, se da el caso de que los residentes son de procedencia eslava. Además, la indagación policial apunta también a una vivienda en la que vive otra persona diferente a la dueña del inmueble. La residente, en una planta tercera, explicó que es amiga de la familia de la titular, motivo por el cual, según su versión, no paga ningún alquiler.

Además de esos tres casos advertidos por la Policía Local existe una cuarta sospecha. Se trata de una vivienda en la que nadie respondió a la puerta en ninguna de las visitas de los agentes, pero donde está empadronado una persona distinta igualmente al propietario del piso, ubicado en una quinta planta.

Tras esas conclusiones preliminares, el Consell ha advertido al juzgado de que en el polémico residencial Les Naus de Alicante viven personas que no son adjudicatarias de ninguna de las viviendas protegidas. La Generalitat ha comprobado, tras cruzar el listado de beneficiarios con el de empadronados, que existen "cuestiones que no casan" y que ya ha puesto en conocimiento de la Justicia. Así lo ha manifestado este lunes la vicepresidenta Susana Camarero, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que INFORMACIÓN destapara que varios inmuebles de la promoción construida sobre suelo público han terminado en manos de personas vinculadas al PP, el Ayuntamiento y el gobierno autonómico.

"El viernes pasado remitimos al juzgado una nueva información al casar los visados de las personas que nos lo habían solicitado con las personas que, según los datos aportados por el Ayuntamiento, se habían empadronado", ha apuntado Camarero. La vicepresidenta ha incidido en que "esa información está a disposición ya de la Justicia, para que investigue por qué hay otras personas y para que pida la información que se necesita para saber si, efectivamente, las viviendas están siendo ocupadas por las personas que han pedido el visado y por las personas que han comprado esa vivienda, como está establecido en la ley".

Estas posibles irregularidades detectadas por la Generalitat se ciñen, por ahora, únicamente al hecho de que la polémica promoción pueda estar habitada por personas que no han resultado adjudicatarias de ningún inmueble en Les Naus, lo que podría revelar casos de alquileres no autorizados. No obstante, las averiguaciones que el Consell ha trasladado al juzgado no incluyen conclusiones de la revisión de expedientes que Vivienda está llevando a cabo para constatar si los beneficiarios cumplían en realidad con los requisitos económicos para hacerse con uno de estos pisos protegidos.

Requerimientos

A mediados de febrero, el gobierno autonómico solicitó documentación sobre los ingresos y propiedades de al menos una decena de propietarios de Les Naus. A través de un documento bajo el asunto "Requerimiento de documentación del visado del contrato de vivienda", la Generalitat señalaba que "al objeto de comprobar la concurrencia de requisitos de acceso" se exigía aportar pruebas sobre los miembros de la unidad familiar, con nombres y apellidos en función de cada caso. A su vez, se advertía de que los investigados también debían añadir todo dato que afecte a "cualquier otro miembro que conforme la unidad de convivencia de la vivienda, que no haya sido declarado en la solicitud del visado".

Actualmente, cuatro son los principales requisitos que debe cumplir cualquier persona que quiera acceder a una vivienda protegida en la Comunidad: ser mayor de edad o menor emancipado, tener nacionalidad española o residencia legal en España, que la titular del derecho, o cualquiera de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia, no sea titular del pleno dominio de otra vivienda en todo el territorio nacional y que los ingresos de la unidad no superen el límite marcado por la Generalitat, que actualmente se sitúa en 54.600 euros, que pueden ampliarse en caso de hijos, discapacitados o dependientes en la familia.

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