La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal

Se complica la "devolución" de viviendas protegidas en el polémico residencial Les Naus de Alicante. Pese a que hasta cuatro personas habrían manifestado su intención de renunciar a los inmuebles, dos de ellas registrando oficialmente ya el escrito ante Vivienda y el Ayuntamiento, la conselleria confirma que no existe un trámite que permita entregar las llaves, sino que debe recurrirse a la reventa legal de las propiedades y, en ese caso, la Generalitat (o el Ayuntamiento, si se concreta la cesión de competencias) ejercería el derecho de tanteo.

De esta forma, las administraciones públicas podrían recuperar las viviendas protegidas con el objetivo de adjudicarlas de nuevo a demandantes que cumplan con los requisitos. Sin embargo, la compra a través de dicho mecanismo conlleva otros condicionantes: para que el Consistorio pueda ejercer el derecho de tanteo es necesario que, en primer lugar, el vendedor obtenga el permiso de la Generalitat para comercializar el inmueble. Tras ello, debe existir un potencial comprador, que a su vez cumplan con los requisitos exigidos para optar a una vivienda protegida. Solo entonces podría el gobierno local inclinarse por la compra preferente de la propiedad.

"Aquellas personas que quieran renunciar o que hayan manifestado su disponibilidad o su disposición a la renuncia lo tendrán que hacer, en el caso de la conselleria, por los cauces reglamentarios", ha apuntado este lunes la vicepresidenta del Consell Susana Camarero. "Solo si conocemos que quieren vender, a quién quieren vender, si tienen una oferta de compra y que las personas que quieran comprar tengan los requisitos de la vivienda de protección pública, la conselleria podrá ejercer el derecho de tanteo", ha añadido.

Más requisitos

En ese supuesto, de acuerdo con las explicaciones de Camarero, Vivienda ofrecería la adquisición del inmueble en cuestión "directamente a través del Ayuntamiento de Alicante", como ya se ha manifestado desde el gobierno municipal. No obstante, para que sea la Administración local la que corra con los gastos de "recuperar" las propiedades, resulta imprescindible la firma de un convenio de cesión de competencias que, aunque ya ha sido anunciada por el ejecutivo de Luis Barcala, aún no se ha materializado.

"Lo que tenemos claro es que no vamos a permitir que se especule con las viviendas de protección pública, que vamos a estar vigilantes para que nadie intente especular y nadie haga trampas", ha indicado la vicepresidenta. Al respecto, la dirigente popular ha manifestado que "todas aquellas irregularidades que se detecten, sean las que sean, se van a trasladar a Fiscalía o al Juzgado", una vez existe instrucción en marcha, para que "revisen, investiguen y tomen las medidas, desde el punto de vista legal, que tengan que tomar".

Sobre las peticiones de devolución, cuatro hasta el momento, Camarero ha afirmado que la Generalitat "desconoce" las últimas dos solicitudes y que, por ahora, "esas dos primeras familias o personas que querían renunciar a las viviendas no han solicitado ese derecho de tanteo ni han presentado la documentación sobre la venta que podría permitir ejercerlo".

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