La izquierda exige a Barcala retirar las competencias a la jefa de Contratación de Alicante, que tiene a dos hijos y a un sobrino entre los adjudicatarios de viviendas protegidas en Les Naus
Los grupos del PSOE y de Compromís recuerdan que María Pérez-Hickman mantiene su cargo de responsabilidad en el consistorio pese a haber dimitido como directora general después de que se diera a conocer el escándalo

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares / Alex Domínguez
La adjudicación de viviendas protegidas a personas relacionadas con trabajadores de la administración sigue dando que hablar. Los grupos del PSOE y de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante han reclamado “quitar las competencias” a María Pérez-Hickman. Los dos hijos y un sobrino de esta funcionaria se vieron beneficiados de viviendas protegidas en la promoción del residencial Les Naus, en la Condomina, tal como destapó INFORMACIÓN a finales de enero.
Hickman ya dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos tras conocerse las adjudicaciones. De hecho, fue la primera persona en dejar el cargo después de hacerse pública la noticia, pero mantuvo su puesto como jefa de servicio de Contratación, que también es de libre designación.
Exigencia de la izquierda
Ante esta situación, el PSOE y Compromís han reclamado que se retiren las competencias a Pérez-Hickman. En el primer caso, la portavoz socialista, Ana Barceló, cree que su vínculo con el escándalo de las viviendas de Les Naus "es evidente", y solicita su cese como jefa de Contratación porque "su dimisión como directora general no es suficiente".
El alcalde no puede mantener en un puesto decisorio en materia de contratación a quien participó desde el principio en el expediente de adjudicación de la parcela a la cooperativa
En concreto, la portavoz entiende que el alcalde, Luis Barcala, "no puede mantener en un puesto decisorio en materia de contratación a quien participó desde el principio en el expediente de adjudicación de la parcela a la cooperativa", y cree que es "incongruente que el regidor pida a Fiscalía Anticorrupción" que investigue la gestión de Pérez-Hickman "mientras la mantiene en un puesto crítico, por el que pasa toda la contratación del Ayuntamiento".
Por su parte, desde Compromís el portavoz de la coalición en el Consistorio, Rafa Mas, ha recordado en un comunicado que “hace casi un mes que explotó públicamente el caso de las adjudicaciones de viviendas de protección pública”, y ha definido el proceso de las concesiones como una “trama criminal y corrupta”. A su vez, ha criticado que “hace casi un mes que el alcalde sigue sin mover una ficha fundamental”, en referencia a la retirada de competencias de Pérez-Hickman. “¿Cómo puede ser que esta señora, que sigue en la mesa de contratación desde la época donde se perpetró la trama, siga en su puesto actualmente?”.
¿Cómo puede ser que esta señora, que sigue en la mesa de contratación desde la época donde se perpetró la trama, siga en su puesto actualmente?
Así, el portavoz valencianista ha considerado que el alcalde, “por cuestión de confianza, puede moverla de sitio”, ya que “él considera que no se le puede expedientar” y recordando que “por motivos mucho menores se ha trasladado a jefes de servicio o área”. La coalición preguntará en el próximo pleno, que se celebrará el jueves 26 de febrero, “a ver si el alcalde hace algo”, ha dicho Rafa Mas en un comunicado, que considera que “por ahora no está colaborando con la justicia ni está siendo transparente con la información” solicitada por los grupos.
La semana pasada, tras la Junta de Gobierno Local, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, aseguró que en los planes del equipo de gobierno no estaba la destitución de Pérez-Hickman de su cargo. Cabe recordar que el Ayuntamiento no abrió expediente a Pérez-Hickman en este caso, cosa que sí hizo con Francisco Nieto, arquitecto del área de Urbanismo, que participó en la tramitación del expediente; y con su compañera de departamento, Elsa Lloret, cuyo marido, técnico de la Generalitat, visó la documentación con presuntas irregularidades y ha sido suspendido de empleo y sueldo.
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