Con Vox en posición decisiva: así será la comisión de investigación de las viviendas protegidas de Alicante en las Cortes

Cuenta atrás para el inicio de la comisión de investigación en las Cortes sobre la polémica adjudicación de viviendas protegidas del residencial Les Naus.

El pasado jueves se aprobó, en las Cortes Valencianas y a propuesta de Vox, la creación de la comisión de investigación con los votos a favor de todas las fuerzas políticas a excepción del PSOE, que se abstuvo. En la misma propuesta de Vox se recoge que la composición de la comisión será la misma que la de las comisiones legislativas.

Actualmente, por el reparto de escaños que emana de las elecciones de mayo de 2023, el PP tiene cuatro miembros en las comisiones, tres el PSPV, dos Compromís y otros dos Vox.

Según el Reglamento de las Cortes Valencianas, en su artículo 45, las comisiones se deben tramitar por parte de la Mesa de las Cortes (la próxima se celebra este martes) y constituirse en un plazo de 15 días naturales una vez aprobada la propuesta en el pleno. Eso marca la fecha límite para la constitución de la comisión en el viernes 6 de marzo, aunque el inicio de las sesiones ordinarias puede comenzar con posterioridad. En la Junta de Síndics se debe concretar la fecha de la sesión constitutiva de la comisión, en la que se votarán sus miembros. La próxima junta tendrá lugar el miércoles, y será previsiblemente cuando se establezca la fecha constitutiva.

La duración de la comisión será de 12 meses como máximo una vez se constituya y el dictamen con las conclusiones se elevará a pleno tras su aprobación. Por otra parte, el número de sesiones, que se deben celebrar entre los lunes y los viernes, es limitado.

Los miembros

A día de hoy no se sabe qué diputados integrarán la comisión, aunque algunos ya se da por hecho que participarán. Desde el PSOE trasladan que el diputado alicantino José Díaz formará parte del órgano. Díaz es, a su vez, portavoz de la gestora del partido en la ciudad, y una de las personas que más suenan como posible candidato a las elecciones municipales de 2027.

De Compromís participará María José Calabuig, portavoz de Vivienda y electa por la provincia de Alicante, mientras que fuentes de la coalición afirman su otro miembro será de la demarcación, por lo que los valencianistas tendrán que elegir entre Aitana Mas, Gerard Fullana y Juan Bordera.

De Vox participará, según voces del partido, el diputado alicantino Miguel Pascual, encargado de defender en el pleno la creación de la comisión, una intervención en la que los ultras volvieron a pedir la dimisión. En el caso del PP, el partido con más representantes, no han aclarado quienes participarán.

El poder de Vox

La comisión comenzará a funcionar una vez se apruebe el plan de trabajo por mayoría. Dada la correlación de fuerzas y los intereses en que la investigación en este órgano pueda prosperar o se convierta en una simulación hay dos escenarios posibles: un acuerdo entre PP y Vox o que la formación de ultraderecha pacte un plan de trabajo con las formaciones de izquierdas.

Desde Vox no descartan esta última posibilidad, ya que entienden que tanto al PSPV como a Compromís “les interesa” su calendario de trabajo, aun por definir pero con algunas propuestas contempladas como la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala; la de la concejala de Urbanismo dimitida, Rocío Gómez; o incluso la de los 140 propietarios de viviendas en el residencial de Les Naus. Todos ellos deberían asistir de manera obligatoria, en caso de ser citados, salvo causa justificada.

Vox plantea que comparezcan desde el alcalde y la exconcejala de Urbanismo a los 140 propietarios de Les Naus

La izquierda, sin embargo, desconfía de la voluntad de Vox de llegar hasta el final en esta comisión. La complicidad con el PP en la de la dana, que se está celebrando estos días, ha suscitado quejas, si bien es cierto que en este caso Vox nunca llegó a pedir la dimisión del expresidente Carlos Mazón, cosa que sí que ha hecho con el alcalde de Alicante, hecho que hace pensar que el papel que juegue la formación de ultraderecha en este otro órgano podría ser diferente.

Un acuerdo entre Vox y el PP limitaría estas posibilidades, cosa que obligaría a la izquierda a un entendimiento con los de Santiago Abascal que, a día de hoy, no parece probable. Mientras que en el PSPV dan por hecho que ambas formaciones pactarán, desde Compromís pronostican que “una comisión de investigación monopolizada por Vox y por el PP ya se sabe a dónde llega”. Por último, desde el PP entienden que “lo lógico” es acordar el plan de trabajo con Vox. “Otra cosa no tendría sentido”, afirman.

Consecuencias del caso

Hasta ahora, el escándalo ha provocado la dimisión de la directora general de Organización Interna del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y uno de sus sobrinos recibieron este tipo de viviendas; de la concejala de Urbanismo y número tres de Barcala en las últimas elecciones municipales, Rocío Gómez, beneficiaria de una de estas casas; y del jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, después de que se supiera que la madre de sus hijos también tiene un inmueble en la citada urbanización.

A su vez, un técnico de la Generalitat ha sido suspendido de empleo y sueldo tras visar la documentación de su mujer, que trabaja en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y también recibió una de estas viviendas.

Las comisiones de investigación no tienen resultados vinculantes, pero las conclusiones pueden ser remitidas a la Fiscalía, tal como marca el artículo 76 de la Constitución española.

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