Alicante prorroga por cuarta vez la gestión del vertedero, ante los continuos retrasos en el nuevo contrato

El Ayuntamiento de Alicante vuelve a prorrogar (y ya van cuatro veces) la gestión del vertedero, ante la incapacidad municipal de sacar a concurso el nuevo contrato para su explotación. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la continuidad de la gestión del servicio de tratamiento, valorización y eliminación de residuos domésticos hasta el próximo 31 de agosto, para impedir que el funcionamiento de la planta se vea interrumpido, tras agotar todas las extensiones de plazo previstas en el pliego original, firmado en 2013.

En este caso no es aplicable la prórroga excepcional contemplada en la Ley Contratos del Sector Público porque la adjudicación del contrato fue previa a su entrada en vigor. Sin embargo, una vez finalizada la duración de la adjudicación, si no se ha formalizado el nuevo servicio, se produce lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como "periodo de continuidad del servicio", en el que el contratista está obligado a seguir prestando el servicio por el tiempo imprescindible hasta que sea asumido por el nuevo contratista.

En este sentido, la UTE adjudicataria presentó en julio de 2025 una instancia en la cual solicitaba que, en caso de que el Ayuntamiento obligara a seguir prestando el servicio, se acordaran las condiciones de prestación y económicas para cubrir los costes reales de la gestión de residuos. Semanas después, la Jefatura de Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos, en contestación a dicha instancia, comunicó las líneas generales que debían regir en dicho periodo y por las que se pagará un total de 13.074.642,29 euros hasta el 31 de agosto de 2026.

La prórroga interminable

El actual contrato de gestión del vertedero se adjudicó durante el gobierno de Sonia Castedo por casi 300 millones de euros a una UTE formada por FCC, Ferrovial y Cívica, con vencimiento previsto el 31 de agosto de 2021. Meses antes de esa fecha, el gobierno municipal (entonces bipartito del PP y Ciudadanos) anunció que dividiría el contrato en tres distintos: uno para la limpieza viaria; otro para la gestión de ecoparques y un último destinado a la gestión del Centro de Transformación de Residuos (Cetra) y el vertedero.

Finalmente, se adjudicó el primero de ellos a Netial, quien también está previsto que asuma el segundo, el de los ecoparques, mediante una modificación del contrato para evitar "choques" entre contratas distintas que presten servicios estrechamente vinculados. En cuanto al tercer servicio, el de la gestión del vertedero, fue prorrogado por dos años más en 2021, ante la "imposibilidad" del equipo de gobierno de elaborar el nuevo pliego. Algo que ocurrió de nuevo en 2023, prorrogándose dos años más, y que se volvió a producir el pasado 2025.

En aquel momento, el ahora vicealcalde, Manuel Villar, señaló que era "imposible" impulsar la licitación en cinco meses, los que restaban en ese momento para que caducase el servicio. Con la prórroga aprobada este martes, la fecha límite se extiende hasta finales de agosto.

Renovación del contrato

A principios de 2025, las actuales responsables de la planta presentaron dos propuestas (PreZero, por un lado, y FCC y Cívica, por otro) sobre cómo debe ser el futuro de la instalación. Tras un periodo de exposición pública, el gobierno de Luis Barcala se decantó en mayo por el primero de los modelos, el de PreZero, que planteaba invertir cien millones en obras de mejora y modernización a cambio de explotar el Centro de Tratamiento de Residuos (Cetra) durante los próximos veinte años. "Aprobamos la iniciativa privada y lo que hemos hecho ha sido iniciar el procedimiento", recordó entonces Villar.

Con esta fórmula, la de que sean las empresas las que redacten el estudio de viabilidad con las condiciones del contrato, el ejecutivo municipal esperaba agilizar la tramitación evitando tener que redactar los pliegos de la licitación. Sin embargo, tampoco ha sido suficiente para que el nuevo contrato estuviese listo antes de que caducase la prórroga actual, el pasado 31 de agosto. El portavoz adjunto del ejecutivo municipal no quiso aventurar durante cuánto tiempo se extenderá esta nueva prórroga ni cuándo estará listo el nuevo servicio: "Dar plazos siempre es un poco arriesgado. Ahora estamos en el trámite de la redacción del proyecto y en el momento que lo tengamos, que no debería retrasarse mucho, empezaremos la licitación", manifestó Villar.

De acuerdo con la propuesta de PreZero, según detalló en mayo el propio Villar, se pretende llevar a cabo la construcción de nuevas infraestructuras y una remodelación de las existentes, por un valor aproximado de 93 millones de euros. Para recuperar la inversión y obtener beneficios, la compañía plantea un modelo a 20 años (2026-2046), en el que los ingresos provendrán tanto de pagos fijos de la Administración local, como de ingresos variables por las toneladas tratadas y los residuos que depositen los particulares.

Al respecto, el documento recoge un ingreso estimado de 5,5 millones anuales por el volumen de residuos estimado; en torno a 1,6 millones anuales por la venta de materiales obtenidos del reciclaje; 10 millones anuales fijos por la disponibilidad de la infraestructura; y entre 486.000 y 770.000 euros por el tratamiento de residuos a particulares; además de un importe variable derivado de la venta de energía producida en la planta.

Condiciones

Entre las condiciones reflejadas en el texto, se indica que el plazo de concesión empezará a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato y que, al término del mismo, el Concesionario entregará a la Administración los activos que formen parte del Cetra. A todo ello, el Ayuntamiento planteó dos recomendaciones a incluir en el informe de viabilidad: que los cobros fijos del contrato sean inferiores al 40 % del total de ingresos y que se apliquen modificaciones en el precio por tonelada reciclada/eliminada, con el objetivo de incentivar la reutilización frente al depósito en vertedero.

No obstante, la aceptación de este estudio de viabilidad no implica una adjudicación directa, sino que sirve de referencia para la licitación. Este análisis previo, según el ejecutivo local, evitará que el futuro concurso resulte poco atractivo o inviable para las empresas del sector y permitirá definir mejor las condiciones para la modernización y gestión de la planta de tratamiento de residuos de Alicante en las próximas décadas.

Eso sí, de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en la futura licitación, PreZero partirá con ventaja al tener derecho a obtener 5 puntos adicionales en los criterios de adjudicación. Además, en caso de que no resultase finalmente designada como la mercantil a cargo de la explotación, el Ayuntamiento deberá resarcirle por los gastos efectuados para la elaboración de la documentación, con un incremento del 5 % como compensación. Unos gastos que el Consistorio podrá imponer al concesionario como condición.

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