El Ayuntamiento abre expediente a la jefa de Contratación con dos hijos y un sobrino en Les Naus de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante mantendrá en su puesto a los funcionarios vinculados con el escándalo de las viviendas protegidas, al menos hasta que concluyan las averiguaciones internas encargadas por el ejecutivo local. El gobierno de Luis Barcala ha abierto expediente también a la jefa de Contratación que cuenta con dos hijos y un sobrino en la polémica promoción de Les Naus, María Pérez-Hickman, y espera concluir en "muy breve periodo de tiempo" los de los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret.

Tras la Junta de Gobierno Local, el vicealcalde Manuel Villar ha precisado este martes que el Ayuntamiento ha abierto tres expedientes informativos en relación con la adjudicación de viviendas en Les Naus: uno conjunto que afecta a los dos técnicos del área de Urbanismo; otro a la jefa de Contratación y un tercero en relación con el acceso a información reservada, para averiguar si el escándalo pudo darse a conocer mediante una filtración que partiera del propio Consistorio.

Hasta que dichos informes no concluyan, algo que según Villar ocurrirá en "muy breve" periodo de tiempo, el ejecutivo de Barcala no tomará ninguna medida al respecto. Por lo tanto, María Pérez-Hickman continuará como jefa del servicio de Contratación (un puesto de libre designación) tras anunciar su marcha como directora general y Francisco Nieto permanecerá como suplente en la comisión de seguimiento del Plan Vive.

Dudas con los expedientes

Los datos de los expedientes chocan con lo que hasta ahora se había trasladado desde el ejecutivo municipal. En una reunión con los sindicatos que tuvo lugar el pasado 13 de febrero, Villar aseguró que los expedientes abiertos hasta esa fecha eran al arquitecto Francisco Nieto, que "habría podido intervenir en alguna fase relevante del contrato" según la denuncia presentada por el Consistorio en Fiscalía; y a su compañera de concejalía Elsa Lloret, casada además con el técnico autonómico que validó su solicitud. A la exconcejala Rocío Gómez, ya dimitida, no se le abrió investigación oficial en ese momento al haber cesado su relación con la administración local. Además, se inició un tercer expediente, en este caso para determinar cómo había sido el manejo de la información desde el propio Ayuntamiento, en busca de un "topo" que pudiera haber filtrado el escándalo.

Sin embargo, hasta este momento, el gobierno de Luis Barcala no había anunciado la apertura de expediente alguno a la jefa de Contratación. De hecho, la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Fiscalía manifiesta que, de acuerdo con el informe interno encargado por el alcalde al secretario general, "no se habían constatado intervenciones formales ni decisiones por parte de dichos empleados o cargos municipales en los procedimientos relativos al contrato". La decisión se comunica un día después de que el PSOE y Compromís hayan reclamado “quitar las competencias” a María Pérez-Hickman.

La funcionaria ya anunció su dimisión como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos tras conocerse las adjudicaciones a sus tres familiares. De hecho, fue la primera persona en avanzar que dejaba el cargo después de que INFORMACIÓN destapara el caso, pero mantiene todavía su puesto como jefa de servicio de Contratación, que también es de libre designación.

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