El Ayuntamiento defiende que el alcalde avisara previamente de la inspección policial a viviendas protegidas en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante defiende su gestión de la inspección policial al residencial Les Naus, tras el escándalo de las viviendas protegidas. Pese a que el alcalde, Luis Barcala, advirtió de que los agentes se personarían en el bloque varias horas antes de la actuación, el gobierno municipal respalda el procedimiento: "Nosotros hicimos nuestro trabajo".

La portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, preguntada sobre si es habitual este tipo de advertencias y sobre si el aviso pudo contribuir a que algún investigado "escapara" del control policial, se ha limitado a señalar que su labor era "revisar una información que se pedía por parte de la Conselleria de Vivienda". Una averiguación que el gobierno del PP cree "que es buena para la investigación del juzgado" y que, por tanto, la edil popular considera que "ese trabajo está hecho". No obstante, el propio informe policial enviado a la Conselleria de Vivienda, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, incide en que "la participación de la Policía Local se había anunciado previamente a los medios de comunicación".

Entre las averiguaciones de los agentes en su visita a la urbanización de La Condomina, destaca la existencia de hasta 20 viviendas entregadas a familias monoparentales en las que se comprueba que residen más personas y 46 inmuebles con el empadronamiento aún pendiente. La inspección ha desvelado también que en 26 buzones se acumula la publicidad sin que haya indicios de que sean utilizados y que hasta 12 personas residen en seis viviendas que no están ocupadas por sus propietarios, lo que podría indicar la existencia de alquileres irregulares. Además, se ha detectado más de una decena de casos en los que varios miembros de una misma familia son adjudicatarios; y en uno de ellos son cinco los beneficiarios que guardan relación de parentesco y cuentan con edades entre 18 y 24 años.

Más información al juzgado y dudas del PSOE

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha avanzado que el gobierno local pondrá todos estos datos a disposición del juzgado este mismo miércoles: "La idea es que mañana mismo se pueda mandar, ya está toda recopilada. Se va a enviar no solo lo que ha pedido el juzgado, sino también toda aquella documentación adicional". A su vez, el también concejal de Asesoría Jurídica, ha indicado que el ejecutivo de Barcala está barajando sumarse al procedimiento judicial: "Lo que sí que estamos valorando es personarnos en el procedimiento como acusación particular", ha señalado Villar.

En cambio, el PSOE duda de las explicaciones de los populares y ve "imposible" que la cooperativa "haya funcionado campando a sus anchas sin que el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana hayan establecido fórmulas de control". La portavoz socialista, Ana Barceló, insiste en la necesaria dimisión de Luis Barcala por ser "el responsable político" de lo ocurrido y ser "quien tenía que haber actuado".

La líder del grupo progresista cree que el alcalde "se lava las manos" y se ha convertido "en un comentarista de lo que ha pasado" mientras "deja que pase el tiempo". Para Barceló, el regidor "no es la víctima", sino que lo son los ciudadanos "que están viendo con estupor lo que está pasando" en Alicante.

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