Barcala borra la huella de Rocío Gómez en el Ayuntamiento de Alicante tras el escándalo de las viviendas protegidas

Rocío Gómez, la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, ya es historia en el Consistorio. El gobierno municipal de Luis Barcala ha certificado su salida de los consejos de administración y organismos autónomos a los que pertenecía la que fuera número tres de la lista electoral del alcalde, traspasando sus responsabilidades al concejal Antonio Peral.

Así lo ha aprobado este martes la Junta de Gobierno Local, a través de tres expedientes distintos: uno para el consejo de administración de Mercalicante y la Sociedad Anónima de Alta Velocidad Nodo de Transporte (Avant); otro para la junta rectora del Patronato de Vivienda; y un tercero relativo a la Autoridad Portuaria. En todos estos organismos, la silla vacante de Gómez será ocupada por Antonio Peral, su sustituto también al frente de Urbanismo.

La hasta ahora concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunció el 6 de febrero que renunciaba a su cargo en el equipo de gobierno de Luis Barcala tras la polémica surgida al desvelar este diario que ha sido una de las beneficiarias de vivienda protegida en Les Naus. No solo Gómez se hizo con una de las polémicas adjudicaciones, sino que también comparte urbanización con su suegro y con su excuñada.

Adjudicación de vivienda protegida

La edil, que se encontraba de baja por maternidad, anunció su renuncia a través de un comunicado. En él, manifestaba que había decidido apartarse del cargo "para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad". Gómez, arquitecta de formación, recordó que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública", situada en el entorno de La Condomina.

En febrero de 2022, tanto ella como su marido fueron aceptados en la citada cooperativa. En ese momento, la pareja hizo el pago del 25 % de la vivienda y, un mes después, firmó el contrato de adhesión y de adjudicación del piso. En febrero de 2025, ya como concejala, se visó el contrato de adhesión a la cooperativa y la concesión de vivienda por parte de la Generalitat.

Con esta tramitación, la entonces responsable de Urbanismo adquirió "una mitad indivisa del pleno dominio con carácter privativo" de una vivienda situada en una quinta planta, con 89,39 metros cuadrados de superficie útil, cuya otra mitad compró su pareja en idénticas condiciones. El lote se completó con una plaza de garaje de 12,29 metros cuadrados de y un trastero de 10,45 metros cuadrados, por un importe total que supera en poco los 200.000 euros.

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