Compromís registra medidas para garantizar la transparencia tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante

Más supervisión y más transparencia. Tras el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante y con la Generalitat, tal como destapó INFORMACIÓN a finales de enero, Compromís ha planteado una serie de medidas para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir.

En concreto, los valencianistas han registrado una moción en el Ayuntamiento de Alicante y una proposición no de ley en las Cortes Valencianas que incluyen, en ambos casos, una batería de propuestas con la finalidad de “reforzar la transparencia institucional y blindar los procedimientos de adjudicación de vivienda pública”.

En ambos casos se pretende que en los respectivos plenos se debatan y se aprueben medidas para “restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que el derecho a la vivienda se gestione” en base a principios como la “igualdad”, el “mérito”, la “capacidad” y la “legalidad”.

Las propuestas

En las propuestas de acuerdo, idénticas tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en las Cortes Valencianas, Compromís pide “la publicación inmediata y actualización semanal de las agendas institucionales de todos los miembros del equipo de gobierno" del Consistorio, "con detalle de reuniones mantenidas con terceros y grupos de interés”.

También piden “el establecimiento de un protocolo de respuesta obligatoria a las solicitudes de acceso a la información pública” y “la implantación de un sistema de triple verificación en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública, con revisiones sucesivas en diferentes fases del proceso y una comprobación final antes de la entrega de llaves”.

A su vez, solicitan “la puesta en marcha de Pactos de Integridad Pública con la participación de una entidad externa independiente como monitor de transparencia” y, por último, “el desarrollo de herramientas de cruce automatizado de datos para reforzar el control y minimizar cualquier margen de arbitrariedad”.

“No es un caso aislado”

Además, desde la coalición entienden que el caso de Les Naus “no es aislado”, sino que lo definen como “el síntoma de una quiebra en los mecanismos de control y transparencia que hay que corregir con reformas estructurales”. Aitana Mas, síndica adjunta de Compromís, cree que “la confianza institucional es un elemento esencial para el buen funcionamiento de cualquier sociedad democrática”, por lo que el caso de Les Naus supone “una grave crisis de reputación y descrédito que afecta a la credibilidad de las instituciones”.

Además, Mas cree que el Ayuntamiento de Alicante está incumpliendo la legislación en materia de transparencia, y justifica esta afirmación apuntando que el artículo 47 de la Constitución “obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para que el derecho a la vivienda sea real y efectivo”. Por ello, “las administraciones no pueden limitarse a gestionar expedientes”, sino que “deben garantizar que los procesos sean impecables y accesibles a la ciudadanía”.

Por su parte, la concejala Sara Llobell considera que “el Ayuntamiento de Alicante no puede ampararse en la acción administrativa para impedir el acceso a información que es pública por derecho”, y cree que “la transparencia no es una opción política”, sino “una obligación legal y una exigencia democrática”. Además, ha considerado que es “inaceptable” que “la primera promoción de vivienda pública acabe en manos de funcionarios y personas vinculadas al PP” en una ciudad “donde el 29,4 % de los residentes se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social”.

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