El gobierno de Barcala rechaza la instalación de otra planta solar en Alicante

El gobierno de Barcala rechaza otra planta solar en Alicante, pese a que en este caso dio luz verde en un inicio. La Junta de Gobierno acordó este martes solicitar al Consell la anulación de la autorización para la construcción de la planta solar fotovoltaica "FV La Alcoraya I". Esta solicitud se produce tras la emisión de una serie de informes técnicos por parte del Ayuntamiento de Alicante con objeciones al proyecto. Entre las principales dudas señaladas se encuentran la ubicación de la planta sobre suelos no urbanizables de especial protección y la modificación de las parcelas inicialmente aprobadas por el informe de compatibilidad urbanística otorgado por el Consistorio, lo que genera incompatibilidades con el planeamiento urbanístico.

El origen de la controversia se remonta a principios de 2021, cuando la empresa solicitó a la Generalitat Valenciana la autorización para instalar una planta solar en el término municipal de Alicante, específicamente en parcelas del polígono 25 de La Alcoraya. El proyecto tenía como objetivo la apertura de una central fotovoltaica con una potencia de 8,365 MW y fue inicialmente considerado como apto por la Concejalía de Urbanismo, obteniendo en enero de 2022 el certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Alicante.

Los motivos del rechazo

Sin embargo, a medida que avanzó el proceso de tramitación del proyecto, comenzaron a surgir dudas sobre su viabilidad. A lo largo de 2024 y 2025, diversos informes técnicos del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Alicante emitidos en respuesta a las modificaciones del proyecto alertaron sobre varios puntos que comprometían la compatibilidad del mismo con la normativa urbanística vigente. Entre las principales objeciones se encontraba la afectación de la planta a suelos catalogados como "Suelo No Urbanizable de Especial Protección", específicamente en áreas de rambla, que están protegidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Además, el proyecto presentado por la mercantil ante la Generalitat afectaba a una serie de parcelas que no coincidían con las que originalmente fueron aprobadas en el certificado de compatibilidad urbanística.

Impugnación municipal

A pesar de los informes desfavorables del Ayuntamiento, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo autorizó el proyecto el 22 de diciembre de 2025. La resolución otorgó la autorización administrativa necesaria para la construcción de la planta solar, aunque dicha decisión fue notificada al Ayuntamiento en enero de 2026.

Ante esta situación, el gobierno municipal del PP ha decidido presentar un requerimiento previo a la Generalitat, solicitando la anulación de la resolución autonómica. El Ayuntamiento fundamenta su posición en los informes técnicos emitidos por el Servicio de Planeamiento, que subrayan la incompatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico local y con los valores ambientales de la zona.

Mismo planteamiento en Fontcalent

En diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Alicante ya había tomado una postura similar respecto a otro proyecto solar en Fontcalent, donde la Generalitat Valenciana había otorgado autorización para la construcción de una planta fotovoltaica de 50.000 metros cuadrados, aunque esta no contaba con un informe municipal favorable previo. El gobierno municipal rechazó la autorización, aduciendo que el proyecto afectaba parcialmente a suelo no urbanizable de especial protección, específicamente en una zona de rambla. En esta tramitación, el ejecutivo de Luis Barcala ha advertido a la Generalitat de que, en caso de que no acceda a la solicitud de anulación, el gobierno municipal tiene previsto interponer un recurso Contencioso-administrativo.

El proyecto en Fontcalent, promovido por la empresa Besolar Energy SL, contempla la instalación de una planta solar con una potencia de 8.600 KWn, en una extensión de 50.560 metros cuadrados. De esta área, 27.056 metros cuadrados estarían destinados a los módulos fotovoltaicos, que se ubicarían directamente sobre el terreno sin necesidad de cimentación previa. A pesar de que la Generalitat autorizó la obra y el plan de desmantelamiento del terreno, el gobierno municipal señala que no se debe permitir la construcción en un suelo protegido, con la amenaza de acudir a los tribunales sobrevolando el procedimiento.

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