Adjudicaciones por orden y límites de renta, la receta de Compromís contra el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

El escándalo de los pisos protegidos de Alicante adjudicados a personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat, destapado por INFORMACIÓN el pasado mes de enero, ha centrado el foco (más si cabe) en la compleja situación del acceso a la vivienda. Por ello, desde Compromís han presentado este miércoles una batería de medidas para solventar esta "emergencia habitacional" y evitar que se repita lo ocurrido en Les Naus.

En este sentido, los valencianistas abogan por cuestiones concretas como un reparto "en orden" de los inmuebles protegidos, de acuerdo con criterios de baremación objetivos según la renta de los beneficiarios; reducir el tope de ingresos que, en casos concretos, alcanza hasta los 66.000 euros anuales; e implementar nuevos mecanismos de transparencia en el procedimiento de adjudicación. Fórmulas para que el caso del residencial de La Condomina no se convierta en algo habitual con las próximas promociones del Plan Vive.

Además, en Compromís también han apostado por una serie de propuestas encaminadas a controlar el acceso a la vivienda de forma general, tanto en casos de edificios protegidos como en el mercado regular de alquiler. Al respecto, la coalición incide en la importancia de garantizar "precios justos", fijando un máximo que no supere el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia y asegurando que los incrementos anuales se ciñan al IPC.

En cuanto al parque público, se defiende que la Generalitat ejerza la compra preferente en casos en los que intervengan fondos buitre, que los pisos de la Sareb se destinen al alquiler asequible e incrementar la financiación para la rehabilitación y construcción de vivienda pública. A su vez, los valencianistas centran el foco en la situación de los pisos turísticos. Compromís aboga por una fuerte presión sancionadora que evite el alquiler irregular, además de por su prohibición total en zonas donde existan problemas de vivienda.

Objetivo: más transparencia

En la presentación de las medidas, que ha tenido lugar este miércoles en Alicante, Aitana Mas ha señalado que, en estas medidas, "hay una parte imprescindible que es la transparencia". La respuesta al problema, según Mas, debe centrarse "en las garantías de control y los mecanismos" que garanticen un acceso equitativo a las viviendas protegidas. Respecto a lo ocurrido en Les Naus, la diputada autonómica critica que "hacer negocio con pisos protegidos no solo es inmoral, sino que mata la transparencia", por lo que propone "que una ONG pueda monitorizar la adjudicación" en futuras promociones.

Esta gestión del reparto, además, deberá obedecer a un orden y unos criterios objetivos. "Habrá que hacer baremaciones donde los ingresos cuenten y reducir los niveles de renta porque hay gente que puede acceder a otro tipo de vivienda y gente que solo puede hacerlo a precio reducido", ha añadido el síndic de Compromís, Joan Baldoví. El portavoz valencianista ha señalado también que "hacen falta otros mecanismos que garanticen que la vivienda se adjudica a quien la necesita y no a quien tenga carné del PP o información privilegiada".

Viviendas vacías

En lo que se refiere a la ciudad de Alicante, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha avanzado que "se estima que hay más de 40 viviendas del Patronato que están vacías" y se ha preguntado "cómo se puede permitir algo así con la emergencia habitacional que hay". El edil progresista ha culpado al gobierno popular de la situación y ha insistido en la necesidad de que el alcalde, Luis Barcala, renuncie a su cargo: "Solo se han dedicado a vender parcelas de suelo público para favorecer o, al menos no ver, una trama corrupta que trafica con nuestro suelo. El alcalde es un okupa de la Alcaldía y tiene que dimitir porque es el máximo responsable político".

Mas ha criticado igualmente que el regidor popular avisara antes de enviar a la Policía Local a Les Naus, lo que permitió que "muchos hicieran la mudanza". Además, el portavoz ha remarcado, respecto al escándalo en La Condomina, que "el alcalde lo sabía desde que, en julio de 2024, Compromís hace una pregunta en el pleno y, días antes, quita las competencias de Patrimonio a Rocío Gómez, por lo tanto, algo conocía".

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