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El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender

Los propietarios que quieren renunciar a sus casas protegidas se elevan a cinco con la arquitecta municipal cuya pareja validó irregularmente su visado y la tesorera de Sant Joan

El residencial Les Naus en la zona de La Condomina de Alicante.

Residencial Les Naus de Alicante / Jose Navarro

El responsable de Fraorgi y gestor de la cooperativa Les Naus, Francisco Ordiñana, es también vecino de esta urbanización de viviendas protegidas de la zona La Condomina de Alicante. Al menos sobre el papel. El promotor tiene un ático en el residencial en el que no solo no se ha instalado cuando este tipo de pisos, destinados a primera residencia, tienen que ocuparse en un plazo máximo de seis meses, sino que no piensa hacerlo porque su intención es venderlo.

De hecho, y antes de que este diario destapase hace un mes el escándalo de las adjudicaciones que afectan a buena parte de las 140 viviendas que conforman el residencial, el responsable de gestionar la cooperativa ya había solicitado a la Conselleria de Vivienda la “excepcionalidad” para no ocupar su piso, que le fue concedida.

El decreto del Consell que regula el régimen jurídico de este tipo de viviendas establece que el plazo de los seis meses “podrá prorrogarse justificadamente por razones de tipo laboral, familiar, u otro tipo de circunstancias suficientemente acreditadas, previa autorización del servicio territorial competente en materia de vivienda”. De momento no ha trascendido lo alegado por el promotor.

Uno de tres

Desde la conselleria que dirige Susana Camarero han confirmado que el gestor de Les Naus es uno de los tres adjudicatarios de pisos en Les Naus que tienen concedida la “excepcionalidad” de no ocupar el inmueble. Los otros dos son uno de los dos hijos de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, y un sobrino en cuya vivienda la inspección realizada recientemente por la Policía Local ha destapado que está empadronada una familia de origen eslavo compuesta por una pareja y su hijo, y que viven allí en supuesto régimen de alquiler.

Una actividad para la que el sobrino de la ex directora general, cargo del que anunció que dimitía por estos hechos aunque sigue al frente de Contratación, no ha pedido permiso, lo que implicaba, de haberlo hecho y haberle dado luz verde Vivienda, la obligación de ajustarse a la normativa tanto en el perfil del inquilino como en el precio del alquiler a cobrar.

“Soy un cooperativista más y cumplía los requisitos”

El propio Ordiñana, que también ha confirmado la “excepcionalidad” que le permite mantener su vivienda vacía, ha explicado a preguntas de este diario que pidió a Vivienda permiso para venderla, pero que la solicitud de más documentación por parte de la conselleria para completar el proceso coincidió con el estallido del escándalo y optó por desistir. “Ya lo retomaré cuando pase todo esto”, señaló.

A la pregunta sobre si un promotor puede optar a una vivienda protegida, el responsable de Fraorgi respondió: “Soy un cooperativista más y cumplía los requisitos”. La mercantil acaba de entregar dos promociones que suman alrededor de medio millar de viviendas en el Pau 5

El goteo de los que quieren irse

Mientras tanto, sigue el goteo de los adjudicatarios que quieren desprenderse de sus viviendas en Les Naus. A la pareja que comunicó en sendos escritos al Ayuntamiento que renunciaba “por amor” a los dos pisos contiguos que tienen en la urbanización se han sumando los otros dos propietarios de los que este diario daba cuenta el domingo y un quinto que este martes publicaba Alicante Plaza. Entre estos tres últimos estarían, según este diario, la arquitecta municipal cuyo marido, el funcionario de Vivienda expedientado, habría validado el visado de su pareja ocultando sus datos económicos para cumplir así los requisitos, y la tesorera de Sant Joan y exinterventora de la Generalitat.

Vivienda insiste en que quienes renuncien a sus casas deben encontrar un comprador que cumpla los requisitos que se exigen para acceder a una vivienda protegida para que el Ayuntamiento, una vez que firme el convenio con la Generalitat, pueda ejercer el derecho de tanteo o, lo que es lo mismo, la preferencia para quedarse con el inmueble antes que un tercero.

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