La ministra de Vivienda pide en el Congreso el “desalojo exprés” de Les Naus en Alicante

El escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a personas relacionadas con el Ayuntamiento y con la Generalitat, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, ha vuelto una vez más en el Congreso de los Diputados. Quien ha aludido esta cuestión ha sido la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, que en respuestas al diputado del PP, Sergio Sayas, que también debatieron dos semanas antes, ha reprochado a su partido su política de vivienda en relación con las adjudicaciones citadas.

“El desalojo exprés que ustedes proclaman aplíquenlo en Alicante para devolver la dignidad a todos los valencianos”, ha concluido Rodríguez en su intervención en relación con la “ley antiokupas” propuesta recientemente por el PP. Anteriormente, Sayas, habría criticado la acción del Gobierno en materia de política de vivienda, señalando los “anuncios incumplidos” desde 2021. “Ustedes anuncian viviendas como si fueran los panes y los peces y no hacen ninguna, y no las hacen porque les da igual: lo único que hacen con los anuncios es tapar los escándalos del Gobierno”, ha dicho el diputado popular durante su intervención.

A su vez, Sayas también ha señalado al ejecutivo liderado por Pedro Sánchez por “derogar el derecho a la vivienda y convertirlo en una misión imposible”, y le ha pedido “bajar impuestos, reducir trabas administrativas, poner suelo y freno a la okupación ilegal”.

Ante estos reproches, Isabel Rodríguez ha contestado sacando a colación el caso de la urbanización de Les Naus. “Le escuchaba a usted hablar del escándalo de las viviendas y pensaba que se iba a referir usted al escándalo de las viviendas de protección oficial que ha hecho el PP y que se ha repartido entre sus militantes y dirigentes”.

Por último, la ministra ha relacionado este hecho con “la derogación de la normativa del gobierno progresista”, en referencia al que presidió Ximo Puig durante las dos legislaturas autonómicas anteriores, “que daba transparencia a los registros de demandantes de vivienda y que aportaba transparencia a las adjudicaciones para que no se pudieran repartir entre altos funcionarios y entre los miembros de una única familia”.

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