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Otro paso en la renovación de la cúpula de la Policía Local de Alicante en plena batalla por la jubilación forzosa de Conesa

La Junta de Gobierno nombra funcionario de carrera, en prácticas, al principal mando por debajo del jefe del cuerpo de seguridad, lo que le permitirá consolidar una de las dos exigencias para aspirar al máximo escalafón por oposición

Conesa, en los juzgados, por la jubilación forzosa decretada por el gobierno de Barcala

Conesa, en los juzgados, por la jubilación forzosa decretada por el gobierno de Barcala / Pilar Cortés

En los últimos años, todo lo que sucede en torno a la cúpula de la Policía Local de Alicante se mira con especial atención. Y más ahora, en plena batalla judicial tras la decisión del gobierno liderado por Luis Barcala de jubilar forzosamente al jefe del cuerpo de seguridad, José María Conesa, un decreto por ahora paralizado cautelarmente por la Justicia a la espera de sentencia.

En ese contexto, en el que las decisiones administrativas se entremezclan con los deseos políticos, la Junta de Gobierno ha dado un paso más para la renovación del cuadro de mandos, en un estado más que precario tras la reciente jubilación de tres altos mandos.

En concreto, además de a seis inspectores, el ejecutivo local ha nombrado funcionario de carrera, en prácticas, al comisario Raúl Romero, que hasta ahora ocupaba el puesto en mejora de empleo (interino). No se trata de un policía más, sino del elegido en todas las quinielas como el favorito para relevar a Conesa por su trayectoria en el cuerpo municipal, y no solo por su actual estatus.

Ahora, el mando policial deberá superar el obligado curso selectivo en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública, en Valencia. Ese trámite se calcula que se prolongará unos dos meses (200 horas, en total). Una vez superado el curso, el Ayuntamiento tendrá un plazo de quince días para el nombramiento definitivo como funcionario de carrera, con graduación de comisario. En ese puesto, cuando lo alcance, Raúl Romero estará solo tras las recientes jubilaciones de Eduardo Guijarro, Julio Calero y Miguel Box.

Dos requisitos

Para poder aspirar al siguiente escalafón, el último al que se accede por oposición (el siguiente ya es la Jefatura, que es a "dedo"), los aspirantes deben cumplir con dos requisitos: ser funcionario de carrera en el puesto anterior al de comisario principal (es decir, como comisario) y haber desempeñado ese puesto (el de comisario) al menos durante dos años. Al cargo, en calidad de interino, Raúl Romero accedió en mayo de 2024, por lo que todo apunta a que en poco más de tres meses el mando policial ya tenga cubiertos los requisitos para poder aspirar a comisario principal.

Eso sí, para dar el salto será necesario que el gobierno de Barcala oferte la plaza y, posteriormente, convoque el proceso selectivo. Y es que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento para este 2026 recoge la figura de un nuevo comisario principal en la Policía Local de Alicante. Hasta ahora, solo existía una plaza con dicha categoría, la de José María Conesa, siendo, por tanto, el único candidato a comisario jefe principal (el máximo responsable del cuerpo) que se nombra por la vía de la libre designación entre los mandos que ostenten ese rango.

Ante los plazos siempre dilatados en el Ayuntamiento, pocas fuentes a nivel municipal se atreven a concretar cuánto tiempo podría llevar el proceso para ocupar el nuevo puesto de comisario principal, ya creado en el organigrama. Con todo, en caso de que se ejecutara la jubilación forzosa de Conesa, y aún no siendo comisario principal, Raúl Romero debería ser el elegido a nivel interno para cubrir el puesto de manera provisional ya que sería el mando de mayor rango existente.

Sin sentencia, por ahora

Todos estos avances a nivel administrativos se dan mientras tanto Alcaldía como la cúpula de la Policía Local están a la espera de la sentencia de la titular del juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo, dentro del proceso abierto por el recurso presentado por Conesa contra el decreto del ejecutivo municipal que ordenaba su jubilación forzosa el pasado 8 de agosto, fecha en la que cumplió 65 años. 

La principal discrepancia, en la forma, entre las partes gira en torno al tiempo cotizado como funcionario municipal por el actual jefe de la Policía Local, quien defiende que, según el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), en abril de 2027 llegará al tiempo para garantizarse la pensión máxima, es decir, a los 38 años y 3 meses. "Si se le jubila ahora forzosamente perderá un 5,31 % de su pensión, y eso es para toda la vida. Él no quiere prolongar la jubilación más allá, sino que llegue cuando alcance la edad de jubilación, y todavía no ha llegado a ella según un informe del INSS", alegó su abogado, Vicente Nogueroles, frente a la jueza durante la vista oral del pasado miércoles.

Sin embargo, el gobierno local mantiene que a lo cotizado como miembro de la Policía Local se debe sumar lo que devengó en la Armada, en una etapa de unos tres años previa a su llegada al Ayuntamiento de Alicante. "Si se suman ambas etapas, Conesa ha cotizado más de 39 años", apuntó durante la vista el abogado municipal.

"Intención política"

Aunque en ese "cara a cara" de letrados no solo se habló de edades de jubilación y de años de cotización, sino que se puso sobre la mesa el evidente enfrentamiento entre el alcalde y el jefe de la Policía. Fue el abogado de Conesa quien aseguró que detrás del intento de jubilación forzosa hay un interés político: "Consideramos que subyace la intención desde el poder político municipal de controlar el proceso de elección por esta Corporación municipal, cuyo mandato acaba en mayo de 2027, de un puesto tan relevante como es el de comisario principal jefe de la Policía Local. Si la jubilación se produjera en abril de ese año, no les daría tiempo a realizar el cambio antes. Esa es la intención que consideramos que hay oculta", señaló el letrado, quien al final de la vista recordó que el Ayuntamiento acababa de iniciar el proceso para crear una segunda plaza de comisario principal, dejando entrever que se trataría de un movimiento paralelo para relevar a Conesa antes de abril de 2027 en el caso de que la jubilación forzosa fuera paralizada por la Justicia.

Eso sí, el letrado del Ayuntamiento negó, en respuesta al abogado de Conesa, cualquier "motivo oculto" en la intención del gobierno local de forzar la jubilación del jefe de la Policía Local, asegurando que el decreto se basaba exclusivamente en una cuestión de "edad".

Mientras se conoce la sentencia, este lunes se supo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Alicante frente al auto de la titular del juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante que en julio de 2025 paralizó cautelarmente la jubilación forzosa decretada por el ejecutivo municipal para agosto, cuando Conesa cumplía 65 años.

La resolución,  de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, ha reafirmado el auto de la jueza de Alicante, al encontrar "adecuado" su razonamiento. "En cuanto a los perjuicios que la jubilación produce en el demandante, no hay duda de que se producen, alterando su estatus personal (de activo a jubilado) con el amplio espectro de consecuencias, personales y económicas, que ello implica, algunas de difícil reparación en caso de prosperar finalmente el recurso contencioso-administrativo sin haberse concedido la suspensión del acto impugnado", señalaba la sentencia del TSJ.

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