La presencia de Alicante en los papeles del 23-F: del malestar en la Guardia Civil a la repercusión mediática

La desclasificación de la documentación secreta del 23 de febrero de 1981, día en el que el teniente coronel Antonio Tejero protagonizó un intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, ha dejado escasas pero interesantes referencias a la ciudad.

La más inmediata data del día 26, tres jornadas después del intento fallido de Tejero. La Comisaría General de Información emitió entonces un documento con el título de “Situación actual en las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas en relación a la ocupación del Congreso de los Diputados”.

De la Jefatura Superior de la Policía de Valencia se desprende lo ocurrido en València, Murcia y Alicante, y en esta última ciudad se da fe del pleno extraordinario del Ayuntamiento, celebrado el mismo día 26 para tratar los hechos ocurridos en el Congreso, “con asistencia de la totalidad de los concejales de aquella corporación municipal”, que emanaba de las elecciones celebradas en 1979, las primeras municipales del periodo democrático actual, y en las que se impuso el socialista José Luis Lassaletta, que fue alcalde hasta 1991.

Aquella corporación contaba con 13 concejales del PSOE, 10 de la UCD y cuatro comunistas, y la policía también hizo referencia a la presencia de “unas 300 personas miembros o simpatizantes” de los siguientes partidos y sindicatos.

Por un lado estaba la UCD, liderada en el Ayuntamiento por Luis Berenguer Sos, padre del diputado nacional (Luis Berenguer Fuster) que representaba a la formación centrista y que más tarde ingresaría en las filas del PSOE. La UCD, además, gobernaba la Diputación de Alicante con Luis Díaz Alperi al frente, que más tarde sería alcalde durante 12 años con el PP. La policía hace referencia también al Partit Comunista del País Valencià, liderado en la ciudad por Antonio Martín Lillo y vinculado con el PCE del histórico Santiago Carrillo. Otra formación citada es el MCPV, Moviment Comunista del País Valencià, de inspiración maoísta, en la que había militado el joven Miquel Grau, asesinado en 1977 en Luceros; y que entonces dirigía Llum Quiñonero, que más adelante sería diputada autonómica de Podemos.

También figura en el informe policial la presencia en el pleno del Ayuntamiento de militantes de la LCR, Liga Comunista Revolucionaria, basada en las ideas de Lev Trotski y liderada en Alicante, entre otros, por Justo Sansano; y los sindicatos CC OO, UGT y el anarquista CNT. Todos ellos hicieron acto de presencia en el pleno “en repulsa por el intento de golpe de estado”.

Por otra parte, en el documento se alude la “difusión de propaganda suscrita por el MCPV, titulada ‘Acabemos con los franquistas dentro y fuera del ejército’”, y la Policía informaba de la instrucción de diligencias al Juzgado de Instrucción número 2 “por considerar que se vierten conceptos que pudieran ser figuras delictivas contra S.M el Rey e Instituciones del Estado”.

Otra referencia

El otro documento desclasificado que tiene relación con Alicante es anterior, del 10 de octubre de 1977, y lo emite la Dirección General de la Guardia Civil con la categoría de “confidencial”. Se trata de una “nota informativa” con el siguiente “asunto”: “Comentarios en la prensa relación Cuerpo”.

En concreto, el cuerpo armado se refiere a la detención de Antonio Tejero el 9 de octubre de 1977, cuando también se le retiró del mando de la Comandancia de Málaga y quedó bajo arresto domiciliario a requerimiento del Ministerio del Interior. El motivo eran las órdenes dadas por el coronel para actuar contra una manifestación y que diferían de las del gobernador civil de la provincia de Málaga.

La marcha fue impedida por las órdenes de Tejero y un día después, la Dirección General de la Guardia Civil de Alicante constataba que la prensa “hace público que el Teniente Coronel Tejero ha sido arrestado y relevado del Mando”. Según la benemérita, “esta noticia ha causado profundo malestar entre el Personal del Cuerpo, así como también entre el sector de la población civil, por considerarse que el arresto que se impone a un Jefe no debe ser dado a publicidad, toda vez que ello supone un descrédito para el arrestado en particular y para todo el Cuerpo en general”.

Además, en el mismo documento se expresa el temor de que “esta noticia puede ser aprovechada por los enemigos del Cuerpo, incluso por algún partido político, para orquestar una campaña de difamación contra la Guardia Civil”, y consideran que la fuente que reveló la noticia del arresto de Tejero, publicada en la Agencia Cifra, “debió reservar y no facilitar” la información.

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