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La jueza remite a la UDEF y a la Fiscalía la documentación enviada por el Ayuntamiento sobre Les Naus de Alicante

La magistrada pide a Anticorrupción que se pronuncie sobre el recurso de Manos Limpias al requerirle una fianza para ejercer la acusación popular

La Policía Local inspecciona viviendas protegidas en Les Naus para verificar su ocupación real

La Policía Local inspecciona viviendas protegidas en Les Naus para verificar su ocupación real / Rafa Arjones

La magistrada titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga las presuntas irregularidades en las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, ha acordado dar traslado a la Fiscalía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de la documentación aportada por el Ayuntamiento en respuesta al requerimiento judicial que se le realizó en su día sobre este asunto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

La juez acordó recientemente en una providencia requerir al Ayuntamiento de Alicante toda la documentación disponible sobre el escándalo de la adjudicación de las 140 viviendas de promoción pública de la urbanización Les Naus y el Consistorio entregó los informes de que dispone este miércoles. La documentación ha sido presentada por el ayuntamiento antes de concluir el plazo de diez días dado por la jueza al consistorio, a la Conselleria de Vivienda y a la cooperativa Fraorgi.

Entre los datos que ha enviado el Ayuntamiento alicantino al juzgado y que ahora investigará la Fiscalía y la UDEF figura que 46 de las 140 viviendas públicas carecen de personas empadronadas y que en más de una decena de casos hay varios miembros de una misma familia que son beneficiarios.

Según las fuentes del TSJ, la magistrada también ha dado traslado al fiscal anticorrupción para que informe del recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por Manos Limpias contra la decisión de la magistrada de requerirle el pago de una fianza para interponer querella y ejercer la acusación popular en la causa abierta por las presuntas irregularidades en el residencial Les Naus en La Condomina.

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