La ministra de Vivienda exige a Pérez Llorca que examine la adjudicación de pisos protegidos en toda la Comunidad Valenciana

El PSOE trasladará a los Ayuntamientos de la Comunidad y a las Cortes Valencianas el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante. Los socialistas reclamarán a la Generalitat que derogue el decreto aprobado por el gobierno de Carlos Mazón en diciembre de 2024 y exigirán examinar de forma individual los procesos de adjudicación de vivienda pública en todos los municipios del territorio.

El objetivo, según ha avanzado este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es retomar la normativa aprobada por el Botànic de Ximo Puig para "dar transparencia en el registro de demandantes de vivienda y en la adjudicación" de los inmuebles protegidos. El PSOE ha lamentado, a través de un comunicado, que la falta de transparencia actual permite que cualquiera puede acceder a una VPO aunque no cumpla los requisitos económicos para ello, no solo en Alicante, sino en cualquier lugar de la comunidad".

En este sentido, los socialistas reclamarán igualmente que, en todos los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, se examine cada uno de los procesos de adjudicación de vivienda pública. Para Rodríguez, es necesario "llegar hasta el final de quiénes son los adjudicatarios". Según la formación progresista, "el caos en la adjudicación es tal que se ha tenido que enviar a la Policía para averiguar quién residía en cada vivienda pública adjudicada". Una investigación en la que se han descubierto múltiples indicios de irregularidades, tal y como ya ha publicado INFORMACIÓN.

Amenaza con el suelo

No es la primera vez que la ministra Isabel Rodríguez se pronuncia sobre las polémicas adjudicaciones de Les Naus. La responsable de Vivienda del Gobierno advertía a principio de mes a las comunidades autónomas de que no recibirán apoyo del Estado para la promoción de viviendas asequibles hasta que no garanticen su protección de por vida. Una condición que, en el caso de la Comunidad Valenciana, fue modificada por el gobierno de Carlos Mazón en diciembre de 2024, fijando que la liberalización de los inmuebles se producirá pasados 30 años de su adquisición.

"El caos en la adjudicación es tal que se ha tenido que enviar a la Policía para averiguar quién residía en cada vivienda pública adjudicada"

Isabel Rodríguez

— Ministra de Vivienda

Las declaraciones de Rodríguez, en una entrevista de RTVE, se produjeron a raíz del escándalo por la adjudicación de vivienda protegida en el residencial Les Naus de Alicante, destapada el pasado mes de enero por INFORMACIÓN. Un bloque construido sobre suelo público del que han terminado siendo adjudicatarios (entre otros casos) la ya exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, tres familiares de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal Francisco Nieto; otra técnico del Consistorio, Elsa Lloret, cuya solicitud fue validada por su marido, trabajador de la Generalitat ya suspendido; la pareja de la hija de otro alto funcionario de Urbanismo; entre otros.

Lucha de modelos

El escrito del PSOE defiende que "se ponen de manifiesto una vez más los dos modelos que existen en España a la hora de regular servicios básicos o derechos constitucionales". Por un lado, los socialistas defienden su modelo, "que piensa en el conjunto de la ciudadanía, especialmente en aquellos que menos tienen", frente al del PP, que "prioriza hacer negocio para sus dirigentes y familiares a la vez que bloquean las iniciativas del Gobierno para mejorar el acceso a estas ayudas para el resto de la población".

Al respecto, la ministra ha añadido que el plantemiento del PSOE garantiza la transparencia mientras que el de los populares privatiza el registro de demandantes en la Comunidad Valenciana e impide que se conozcan las normas de adjudicación. "El PP no ha entendido que la vivienda pública debe ser protegida para siempre y no para los de siempre", ha defendido Isabel Rodríguez.

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