El juez da la razón al Ayuntamiento de Alicante con la suspensión de licencias a nuevas viviendas turísticas

La Justicia se pone, por ahora, de parte del Ayuntamiento de Alicante en la batalla legal contra las Viviendas de Uso Turístico (VUT). La Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur) contra el acuerdo municipal adoptado el 19 de diciembre de 2024, que contó con el respaldo de los votos del PSOE y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra de Esquerra Unida-Podemos, que suspendió la concesión de licencias para la creación de nuevos apartamentos turísticos en bloques residenciales en la ciudad.

En su fallo, que se ha dado a conocer a través de un comunicado de prensa envía por el Consistorio, el juez ha considerado que la decisión impulsada por el gobierno local es "adecuadamente motivada y justificada", y no vulnera los principios de libre prestación de servicios, competencia o unidad de mercado. Esta medida cautelar, según el fallo judicial, tiene como fin proteger el "entorno urbano y el medio ambiente", en un contexto en el que la saturación de viviendas turísticas en ciertas zonas de la ciudad había generado preocupación.

Suspensión de licencias en el marco de una nueva regulación

El recurso de la patronal de apartamentos turísticos había cuestionado la suspensión aprobada en diciembre por el pleno del Ayuntamiento. El acuerdo en cuestión suspendió la concesión de licencias para nuevas viviendas turísticas, una medida que se enmarca dentro de la modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que regula los alojamientos turísticos en Alicante. Esta modificación sigue su tramitación y, mientras tanto, la moratoria en la concesión de licencias se mantiene vigente durante el segundo año previsto inicialmente, mientras se aprueba definitivamente la nueva regulación.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, señaló en un comunicado que la decisión judicial reafirma su posición. "La suspensión de licencias para apartamentos turísticos se mantiene tal y como acordó el Pleno del Ayuntamiento de Alicante", afirmó Barcala quien apuntó que "defendemos los intereses de los alicantinos en el Ayuntamiento, los defendemos en los tribunales cuando es necesario y seguiremos defendiendo que queremos ordenar los apartamentos turísticos".

Interés general y protección del entorno urbano

La sentencia del tribunal resalta que la medida adoptada por el Ayuntamiento responde a un interés general, especialmente en cuanto a la protección del medio ambiente y el entorno urbano. En los fundamentos de derecho, el juez argumenta que "resulta adecuadamente motivada y justificada la decisión de suspensión, siendo una decisión proporcionada en razón de los fines que, como medida cautelar, persigue". La resolución subraya que no existe discriminación ni infracción de las normas sobre libre prestación de servicios, competencia y unidad de mercado.

Además, la resolución destaca que una saturación de viviendas protegidas en ciertas zonas de la ciudad puede generar una serie de efectos negativos, como la "saturación de visitantes" que perjudica la calidad de los espacios públicos como calles peatonales, plazas y parques, que pueden verse afectados por esta saturación, lo que lleva a una "descompensación de los estándares dotacionales" y afecta a la calidad de vida de los residentes.

Impacto en el mercado inmobiliario y la vivienda

Otro de los argumentos clave de la sentencia tiene que ver con el impacto que las viviendas turísticas tienen en el mercado inmobiliario. El juez establece que un "crecimiento descontrolado" de estas viviendas afecta negativamente al mercado de alquileres, especialmente a los de larga temporada, alterando la oferta y los precios de los alquileres. En este sentido, la sentencia considera que la medida tomada por el Ayuntamiento busca "proteger el derecho constitucional de los ciudadanos" a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La sentencia también pone de manifiesto que, desde una perspectiva urbanística, las viviendas turísticas en situación irregular generan un doble problema. Por un lado, "alteran el equilibrio del mercado", ya que pueden operar sin cumplir con las obligaciones fiscales y de calidad. Por otro lado, su presencia en zonas residenciales puede "agravar los efectos de la turistificación", sin que se adopten medidas de control efectivas

La modificación puntual del PGOU, actualmente en tramitación, pretende establecer una regulación más precisa de los alojamientos turísticos en Alicante, lo que supone la aprobación inicial de esta regulación, que continúa con su tramitación. El sometimiento a información pública de esta modificación permite mantener vigente la moratoria en la concesión de licencias a viviendas de uso turístico durante el segundo año ya previsto inicialmente, mientras se aprueba definitivamente la nueva regulación.

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