Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas

Hace justo siete meses, el área de Estadística del Ayuntamiento de Alicante emitió el primer empadronamiento en Les Naus, un residencial de viviendas protegidas por entonces al margen de la polémica que se ha generado tras las cuestionadas adjudicaciones desveladas por este diario a finales de enero.

Siete meses después de las primeras entregas de llaves, un total de 42 inmuebles de Les Naus, según datos actualizados esta misma semana, continúan sin ninguna persona inscrita en el Padrón municipal, el documento de prueba legal de residencia. Y el plazo de seis meses marcado por la Generalitat ya se ha cumplido para los primeros en llegar a la urbanización de La Condomina.

Al menos una decena de propietarios que firmaron la escritura antes del 24 de agosto seguían sin estar empadronados seis meses después, el 24 de febrero, aunque todo apunta a que la cifra podría ser el doble. De esa decena, al menos la mitad tampoco estaban en sus pisos en ninguna de las visitas que realizaron la pasada semana agentes de la Policía Local a requerimiento de la Conselleria de Vivienda, y eso que contaron con publicidad al ser anunciadas con horas de antelación por el alcalde, Luis Barcala.

Para el resto, la cuenta atrás está más que activada. Y es que según el decreto del Consell que regula las viviendas protegidas, de diciembre de 2024, "las viviendas protegidas deberán ser ocupadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la escritura de compraventa o desde la fecha de la firma del contrato que otorga derecho al uso". El margen del Padrón y de las inspecciones policiales, si las administraciones pretenden corroborar fielmente que los propietarios están ocupando las viviendas, como obliga la normativa, pueden recurrir al consumo de servicios, como el agua y la luz, tal y como se ha exigido desde la oposición.

Cuatro de los pisos del residencial no tienen ni empadronados ni permiso para no ser habitados ni residentes, según los datos oficiales

Ese margen máximo de seis meses para residir en las viviendas protegidas que establece la Generalitat puede prorrogarse justificadamente por razones de "tipo laboral, familiar u otro tipo de circunstancias acreditadas, previa autorización del servicio territorial competente en materia de vivienda", pero, por ahora, solo tres propietarios, del total de 140 viviendas, han conseguido ese beneplácito de la Generalitat: dos familiares del cargo de confianza del gobierno de Barcala que anunció su dimisión como directora general y el propio responsable de la empresa que gestiona la cooperativa, que llegó a iniciar los trámites para vender el ático que dispone en el residencial antes de que estallara el escándalo.

Escrituras

Así, salvo las tres excepciones aprobadas, todos aquellos que firmaron la escritura durante el mes de agosto, ya tendrían que estar viviendo y, por tanto, empadronados en el edificio como prueba de residencia, consumos de servicios al margen. Durante ese primer mes de agosto, según los datos oficiales, propietarios de 24 viviendas ya se empadronaron en el Ayuntamiento de Alicante. La mayoría de los pisos se escrituraron entre agosto y septiembre de 2025, con algún caso excepcional el 31 de julio y alguno más en el último trimestre del año pasado.

Con independencia de la fecha de entrega de llaves, a día de hoy hay 98 viviendas con al menos una persona empadronada, aunque trece propietarios más aseguraron a los agentes de la Policía durante la reciente inspección que ya estaban en el registro aunque sus nombres no apareciesen por entonces en el listado oficial. Se interpreta, salvo falsedad en sus declaraciones, que estas personas han realizado el trámite preceptivo y que están a la espera del visto bueno de Estadística.

Siete meses después de que se empezaran a entregar los primeros inmuebles, en 42 continúan sin ningún empadronado, entre ellos el de la exconcejala Rocío Gómez

Desde que saltó la polémica, las viviendas con empadronadas han aumentado a un ritmo lento, pasando de 94 a 98 en las últimas semanas, según datos oficiales. Por tanto, sumando los 13 propietarios que dicen haber realizado el trámite a los 98 que ya lo han completado, quedarían aún 29 sin haber ni siquiera iniciado el procedimiento de empadronamiento.

Pisos fantasma

Entre las personas, según los registros oficiales a 24 de febrero, que todavía no se han empadronado destaca la ya exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dispone de una propiedad en Les Naus junto a su marido desde principios de septiembre de 2025. Tampoco están en el listado, entre otros, cuatro de los cinco que han mostrado su intención de desprenderse de sus pisos tras estallar el escándalo. En cambio, de los tres con excepcionalidad aprobada para no residir, hay un inmueble con empadronados: unos presuntos inquilinos de origen eslavo. En otro piso, sin excepcionalidad solicitada, también figura como empadronada otra familia del Este, supuestamente también arrendada, pese a la falta de autorización de la Generalitat.

Y es que cuentan con personas registradas en el Padrón, aunque al margen de los propietarios, lo que también vulneraría la normativa autonómica, al menos tres viviendas de Les Naus. Además, la Policía detectó al menos tres pisos más donde vivían personas distintas a los titulares de los inmuebles bajo diferentes pretextos, lo que recogió en un informe que se trasladó a la Conselleria de Vivienda.

Sin rastro

Otro misterio, nada menor, rodea a un grupo de viviendas que no tienen ni a empadronados ni a residentes (al menos durante las repetidas visitas de los agentes), pero que además sus propietarios no han mostrado interés ni a renunciar a ellas ni a solicitar la excepcionalidad para no ocuparlas en el plazo obligado por ley, según concluye la Policía Local en su informe tras las inspecciones realizadas entre los días 17 y 20 de febrero (tres diarias las últimas tres jornadas de pesquisas). Los inmuebles "fantasma" serían al menos cuatro, ubicados en diferentes alturas y escaleras, dos de ellos con mujeres como propietarias únicas y otras dos, con hombres. En todos los casos con un solo dueño por inmueble.

La evidente falta de actividad en numerosas viviendas, de la que ya alertó este diario hace semanas, no pasó desapercibida para los agentes de la Policía, y eso que su visita en respuesta a un requerimiento de la Conselleria de Vivienda se avisó horas antes por parte del alcalde, Luis Barcala, durante una comparecencia ante los medios de comunicación. Según recoge el informe, el 18 de febrero fueron inspeccionados visualmente los buzones, "sin abrirlos a fin de comprobar cuáles presentaban apariencia de ser recogido el correo y/o publicidad y cuáles no". De los 140 buzones, según indicaron, 26 mostraban una "apariencia descuidada, con abundante correo y publicidad sin recoger".

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